* Se busca garantizar condiciones que le permitan a los y las firmantes del Acuerdo Final de Paz superar situaciones de vulnerabilidad tras deponer las armas.
Bogotá DC | La Sala de Seguimiento de la Sentencia SU 020 de 2022 de la Corte Constitucional ordenó la realización de una audiencia de seguimiento para el subcomponente de reincorporación, de las garantías de seguridad para la población firmante del Acuerdo Final de Paz, sus familias y de todos los movimientos políticos y sociales de firmantes de este instrumento.
La Corte citó al Ministro de Defensa, al Alto Comisionado para la Paz, al Director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, al Defensor Delegado para Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, al encargado de la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas en el Ministerio del Interior, a la Directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, al Director de la Agencia de Renovación del Territorio, al Director de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, al Director de la Agencia Nacional de Tierras, a la Procuradora Delegada para el Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, así como a los representantes de los firmantes en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, el Consejo Nacional de Reincorporación, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y la cooperativa ECOMUN.
La convocatoria a esta audiencia busca hacer seguimiento al estado de implementación de las órdenes dictadas en la Sentencia SU-020 de 2022 que guardan relación con el proceso de reincorporación de la población firmante.
Además, la Corte busca atender las graves situaciones de seguridad –amenazas, desplazamientos forzados y hostigamientos– que han ocurrido en los últimos meses en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR). Entre ellos, la Sala de Seguimiento resaltó la grave situación de riesgo de desplazamiento forzado de la población de firmantes ubicada en el AETCR de Mesetas, Meta; las situaciones de riesgo de los AETCR de Agua Bonita, La Plancha, Anorí, Carrizal, Remedios, Charras, Los Monos y Miravalle; las condiciones de vulnerabilidad de la nueva área de reincorporación de Tallambí; y el desplazamiento forzado de las 23 personas integrantes de la cooperativa COPAGROC en Cunday, Tolima.
En ese contexto, la Corte se centrará en verificar el cumplimiento de las garantías de reincorporación de la población firmante como una herramienta que contribuye a su seguridad humana, pues permite mitigar diversos factores de riesgo. Por un lado, este enfoque incluye asegurar el monopolio de la fuerza a cargo del Estado, el control territorial y la seguridad de tanto de los espacios en los que habitan los firmantes como de sus asociaciones, liderazgos y proyectos productivos. Por otro lado, implica garantizar las condiciones que le permitan a los y las firmantes del Acuerdo Final de Paz superar su situación de vulnerabilidad tras deponer las armas, llevar una vida plena libre de estigmatización y formar parte del tejido social.