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Violencia contra mujeres: 'pandemia en la sombra'

* Reto clave para la construcción de una sociedad del cuidado, informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)

La violencia contra las mujeres y niñas y su expresión más extrema, el femicidio, feminicidio o las muertes violentas de mujeres por razón de género,[1] hacen visible de manera dramática la persistencia de los nudos estructurales de la desigualdad de género y de la discriminación y la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe. Debido a su arraigo histórico y estructural, los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos basados en la cultura del privilegio muestran ser uno de los nudos más complejos de desarticular. La violencia por razón de género contra mujeres y niñas tiene lugar de forma sistemática y persistente en la región; no conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y se produce en todos los espacios, desde el ámbito doméstico hasta los espacios públicos. Ocurre en los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte y en la calle, en la escuela y otros espacios educativos, en el ciberespacio y, sin duda, en los propios hogares. Es lo que el Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres ha llamado “pandemia en la sombra”.


Implementar compromisos colectivos de toda la sociedad para eliminar la violencia por razón de género contra mujeres y niñas es parte de la invitación del Secretario General de las Naciones Unidas, a través de la Campaña “Únete de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres”. Reconociendo y haciéndose eco de la lucha histórica que han dado los movimientos de mujeres y feministas para instalar el tema en la agenda pública de los países de la región, la Campaña convoca en 2022 a unirse al activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas.

En América Latina y el Caribe, la fuerza de los movimientos feministas y de mujeres ha movilizado de manera permanente la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas. Ante el silencio estadístico en la mayoría de los países, fueron las organizaciones y las activistas feministas quienes iniciaron el camino de recopilar datos y construir información sobre femicidios o feminicidios en varios países de la región. Su actuación, en conjunto con la de los mecanismos para el adelanto de las mujeres y los Parlamentos, ha sido y sigue siendo crucial para la aprobación de reformas legislativas, la formulación de planes de acción y políticas específicas para el abordaje integral de las violencias contra las mujeres y niñas, y la destinación de recursos para financiarlos.


Ello es también resultado de la Agenda Regional de Género, una agenda política progresista, innovadora e integral hacia la igualdad sustantiva y la autonomía de las mujeres, acordada a lo largo de 45 años en el marco de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.


Vinculada con la normativa internacional de derechos humanos, la Agenda Regional de Género tiene como marco principal la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará, de 1994), primer instrumento internacional de carácter vinculante que reconoció el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.


Las reformas normativas impulsadas en las últimas décadas tendientes a abordar la violencia de género, en especial la aprobación en 13 países de leyes integrales sobre violencia y la promulgación en 17 países de normas que tipifican el delito de femicidio o feminicidio,[2] cumplen un papel importante en la promoción de cambios culturales que favorezcan la construcción de sociedades en las que la violencia deje de ser socialmente tolerada. No obstante, la operacionalización de las normativas para la preservación del derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia encuentra desafíos relacionados, entre otros aspectos, con el acceso de las mujeres a la justicia y la capacidad de los sistemas de administración de justicia de actuar con perspectiva de género e interseccionalidad, y de forma culturalmente pertinente.


La región también ha dado importantes pasos para romper el silencio estadístico en materia de violencia contra las mujeres y niñas. En América Latina, 10 países cuentan con normas que obligan al registro de datos sobre las diversas formas de violencia de género, incluido el femicidio o feminicidio, así como a su análisis y difusión. En algunos de ellos, dichas normas fijan responsabilidades sectoriales y establecen la puesta en marcha de sistemas de información de carácter interinstitucional (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay).


No obstante, la coordinación interinstitucional y la disponibilidad de recursos financieros, humanos y tecnológicos adecuados para la generación de información de calidad sobre el tema siguen siendo desafíos pendientes. A pesar de los avances logrados en el enfrentamiento de la violencia contra las mujeres y las niñas, las encuestas nacionales disponibles en la región dan cuenta de que entre el 63% y el 76% han experimentado algún episodio de violencia por razón de género en distintos ámbitos de su vida.[3]


Por otra parte, estimaciones para 2018 muestran que en América Latina y el Caribe alrededor de 43 millones de mujeres de entre 15 y 49 años —es decir, 1 de cada 4 mujeres de ese rango de edad— han experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja al menos una vez a lo largo de su vida (OMS, 2021). Esta cifra, a pesar de ser impactante, representa una estimación conservadora, ya que las limitaciones metodológicas dificultan la obtención de información sobre la población femenina de todas las edades.


Las estimaciones de la magnitud o prevalencia de la violencia en el ámbito de la pareja muestran que es una realidad bastante heterogénea en América Latina y el Caribe. En un grupo minoritario de países, las estimaciones indican que más de un 30% de las mujeres han vivido violencia por parte de una pareja (Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, Ecuador, Guyana y Perú), mientras que en un amplio grupo este porcentaje varía entre el 20% y el 29% (Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Suriname y Trinidad y Tabago).


Finalmente, en siete países se estima que la prevalencia es inferior a un 20% (Cuba, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)).[4] Estas cifras revelan la persistencia de patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos sostenidos sobre roles y estereotipos de género que minusvaloran el lugar de las mujeres en la sociedad. En este contexto, la violencia contra las mujeres y niñas tiene un papel fundamental en la reproducción de la desigualdad de género. Por ejemplo, datos de la Encuesta Mundial de Valores muestran que, en al menos tres países latinoamericanos (Argentina, Chile y México), la proporción de personas que consideran justificable, en alguna medida, que un marido golpee a su esposa ha aumentado en la última década. En otros dos países (Brasil y Colombia), la disminución de este indicador no ha sido pronunciada (2 y 4 puntos porcentuales, respectivamente) (EVS/WVS, 2022).


Una pandemia en la sombra

Desde hace una década y media, los Estados de América Latina y el Caribe han reconocido la gravedad de la violencia feminicida y las muertes violentas de mujeres por razón de género, lo que se ha expresado institucionalmente en la aprobación de leyes y protocolos y la construcción de institucionalidad específica. A pesar de estos avances, el feminicidio o femicidio persiste como una realidad y no se observan señales claras de que el fenómeno vaya en disminución.

En 2021, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 29 países y territorios de la región (4.445 en 18 países y territorios de América Latina y 28 en 11 países y territorios del Caribe), según los últimos datos oficiales informados por los países al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.[5] Esto representa al menos 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región.


En 2021, de los 18 países o territorios de América Latina que proporcionaron información, 11 presentaban una tasa igual o superior a 1 víctima de femicidio o feminicidio por cada 100.000 mujeres. Las mayores tasas de femicidio o feminicidio en América Latina se registraron en Honduras (4,6 casos por cada 100.000 mujeres), la República Dominicana (2,7 casos por cada 100.000 mujeres), El Salvador (2,4 casos por cada 100.000 mujeres), el Estado Plurinacional de Bolivia (1,8 casos por cada 100.000 mujeres) y el Brasil (1,7 casos por cada 100.000 mujeres).


La información disponible muestra que el femicidio o feminicidio persiste en la región, configurando una realidad inaceptable de flagrante violación de los derechos humanos de mujeres y niñas. Asimismo, estudios cualitativos han identificado la existencia de “contextos de violencia femicida” en la región, que exacerban la ocurrencia de muertes violentas de mujeres por razón de género. Entre ellos, se destacan los contextos en los que existe fuerte presencia de la delincuencia organizada, violencia estructural y crónica, inseguridad ciudadana e intensos flujos migratorios (Programa Regional de la Iniciativa Spotlight para América Latina, 2021).


Sobre la base de la información entregada por los países, no es posible identificar tendencias regionales de alza o disminución de esta forma extrema de violencia, a pesar de la ocurrencia de eventos de gran impacto, como la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), que podrían suponer cambios sustantivos en el comportamiento de este indicador


La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acompaña a varios países de la región en el mejoramiento de sus registros administrativos sobre femicidio o feminicidio, y observa su fortalecimiento general en términos de fiabilidad, lo que potencia la comparabilidad a nivel regional. Un factor que debe destacarse es que la información sobre femicidios o feminicidios está en constante actualización por parte de los países6. Esto se relaciona mayoritariamente con el avance de las investigaciones judiciales, de modo que cifras de años anteriores están sujetas a corrección, lo que puede modificar las cifras totales que la CEPAL publica cada año a nivel regional.


Respecto a la relación entre víctimas y victimarios, es posible notar una diferencia importante entre las dinámicas registradas en diferentes países de la región. En un primer caso, Chile, el Paraguay, el Ecuador, el Perú, el Uruguay y la Argentina registraron que la mayoría de las muertes de mujeres por razón de género ocurrieron en el ámbito de las relaciones de pareja. A su vez, en la República Dominicana y Costa Rica esta misma vinculación entre víctimas y victimarios se registró en alrededor de la mitad de los femicidios o feminicidios. En El Salvador y Honduras, se observa una dinámica particular: en menos del 25% de los casos los perpetradores fueron personas con quienes las víctimas tenían relaciones de pareja. Esto significa que, en estos últimos países, un número significativo de femicidios o feminicidios fueron perpetrados por sujetos con quienes las víctimas no habían mantenido relaciones de pareja, quienes pueden haber sido personas con quienes habían convivido o no, incluidas personas desconocidas. En estos casos, dinámicas más amplias relacionadas con la delincuencia organizada y la conflictividad social, expresadas en la violencia de género en el ámbito público, cumplen un papel importante.


Producir información estadística de calidad sobre femicidios o feminicidios requiere ir más allá del conteo del número de víctimas. Para que la información sirva al diseño de políticas públicas integrales sobre violencia contra las mujeres y niñas, es importante conocer una serie de datos clave, como las características de las víctimas y los agresores, la relación entre ellos, los contextos en que se desarrollaron estos delitos, el medio utilizado para causar la muerte y si la víctima había presentado alguna queja previa contra el agresor, entre otros.


Violencia por razones de género se inicia a temprana edad

La violencia por razón de género es un fenómeno que se expresa de diferentes formas y afecta a las mujeres de manera transversal. Para visibilizar diferentes aspectos de esta grave violación de los derechos humanos, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe pone el foco en la situación frente a la violencia de niñas y adolescentes mujeres, dado que la discriminación de género adquiere particularidades específicas cuando se cruza con la edad y el ciclo de vida, factores que también representan un eje determinante de la distribución del bienestar y el poder en la estructura social (CEPAL, 2016).


Es sabido que, en relación con sus pares varones, las niñas y adolescentes mujeres experimentan un abanico más amplio de formas de victimización y están más expuestas que cualquier otro grupo a formas específicas de violencia, como la violencia sexual y los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados (UNICEF, 2021).


Considerando los datos de 16 países y territorios de la región entre 2019 y 2021, se observa que adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años componen el tramo etario en que se concentra la mayor proporción de casos de femicidio o feminicidio. Asimismo, más de un 4% del total de esos delitos corresponden a niñas menores de 14 años.

La violencia sexual es una de las formas de violencia en que la desigualdad de género se manifiesta de manera más evidente. Se ha constatado que tanto mujeres adultas como niñas y adolescentes mujeres presentan una mayor exposición a este tipo de violencia que los hombres de sus mismos grupos etarios. Específicamente en el caso de las niñas, esto es concordante con la información disponible de tres países de la región, que muestra que esta es una forma de violencia que las afecta de manera desproporcionada.


A su vez, los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados constituyen una manifestación de violencia de género y una práctica nociva y violenta, que afecta fuertemente el desarrollo integral de niñas y adolescentes, y las expone a situaciones de violencia, embarazos no deseados a temprana edad y sobrecarga de trabajo de cuidados cuando todavía no han consolidado sus trayectorias educativas o sus decisiones laborales.


El confinamiento al espacio doméstico como ámbito prioritario de desarrollo personal, junto con el abandono temprano de la educación, limita sus posibilidades de relacionamiento y sociabilidad, afectando el desarrollo de su autonomía e integración en la sociedad. Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados son una realidad extendida en América Latina y el Caribe y afectan a 1 de cada 5 niñas y adolescentes (CEPAL, 2022; Naciones Unidas, 2022), reproduciendo y profundizando las desigualdades de género existentes en la sociedad (Grupo de trabajo del Programa Conjunto Interinstitucional para Poner Fin al Matrimonio Infantil y a las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe, 2021).


El fenómeno aún se encuentra poco visibilizado en la mayoría de los países de la región, a pesar de que se dispone de encuestas que permitirían producir información. La información disponible muestra un vínculo claro entre los matrimonios infantiles y uniones tempranas y el riesgo de sufrir violencia por parte de la pareja: aquellas mujeres que se casan o se unen a temprana edad están más expuestas a sufrir algún tipo de violencia dentro de la relación de pareja que aquellas que se unen en edad adulta (UNICEF, 2019).


Esta práctica nociva y violenta impacta en la autonomía física de niñas y adolescentes y en el goce de sus derechos sexuales y reproductivos, y las expone a mayor riesgo de sufrir violencia obstétrica cuando son madres y al control sobre su cuerpo y sus decisiones por parte de su pareja y su familia, así como al riesgo de ser sometidas a aislamiento social y discriminación escolar, entre otras formas de exclusión que atentan contra su pleno desarrollo.


Urgen transformaciones profundas

La persistencia inaceptable de las diversas manifestaciones de la violencia, en su carácter complejo y multicausal, hace evidente la dificultad de desatar los nudos estructurales de la desigualdad, específicamente el que se refiere a los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos.


A ello se une el aumento de discursos de odio y grupos que los promueven en toda la región, lo que ha provocado un incremento de las hostilidades en contra de las organizaciones de mujeres y feministas, y en especial en contra de defensoras de los derechos humanos, activistas LGBTQI+, periodistas, influenciadoras digitales, lideresas indígenas y afrodescendientes, y otras lideresas que actúan en contra de la violencia sexista.


Por ello se hace imprescindible redoblar los esfuerzos para que las mujeres y las niñas puedan ejercer efectivamente su derecho a vivir una vida sin violencia y sin discriminación. El llamado del Secretario General a los Gobiernos y otros actores a asumir compromisos y emprender acciones de política sigue plenamente vigente en torno a cuatro áreas de acción clave (ONU-Mujeres, 2020):

  • Como parte de su deber de debida diligencia, los Estados tienen la obligación de prevenir la vulneración de los derechos humanos de mujeres y niñas, adoptando un amplio conjunto de medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que transformen las normas sociales de género que ocasionan discriminación, convirtiendo la violencia de género en un hecho inaceptable. En particular, es imprescindible avanzar en el mejoramiento del acceso y la administración de justicia, ya que las respuestas a delitos contra mujeres y niñas que no se estructuren desde una perspectiva de género, interseccionalidad y pertinencia cultural contribuyen a perpetuar la violencia.

  • Es urgente avanzar en la respuesta pública, a través del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas robustas e integrales, que articulen a los diferentes sectores del Estado en la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia, impulsando transformaciones en las normas sociales y de género que favorezcan que el intercuidado y el respeto a la autonomía de las personas se vuelvan valores primordiales.

  • A fin de construir políticas transformadoras que enfrenten los factores estructurales que sostienen la violencia de género se requiere contar con datos desagregados, oportunos, confiables y relevantes. Estos pueden tener un papel central, a través de mecanismos de alerta temprana, para evitar el escalamiento de la violencia feminicida. Para ello, es clave fortalecer los sistemas de información, de modo que visibilicen las múltiples manifestaciones de la violencia contra las mujeres y niñas en su complejidad y permitan comprender su articulación e intersección con distintos ejes de discriminación y desigualdad.

  • Es necesario contar con el financiamiento suficiente para la implementación de políticas que garanticen los derechos y la autonomía de mujeres y niñas en su diversidad. En particular, se requiere asegurar el acceso a servicios accesibles e inclusivos, con personal capacitado, para toda persona que lo necesite, con especial atención en aquellas que sufren múltiples formas de discriminación y violencia, como las niñas y adolescentes, mujeres mayores, mujeres con discapacidad, mujeres que viven en el área rural, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres migrantes y mujeres trans, entre otras. Asimismo, la implementación de los planes contra la violencia de género debe orientarse por un enfoque de género, generacional, intercultural e interseccional, al mismo tiempo que dichos planes deben ser elevados a la categoría de política de Estado, protegidos de recortes presupuestarios.

Las violencias y destinación de los recursos necesarios para financiarlas han sido resultado de la incorporación por parte de los Estados de las demandas y propuestas originadas en los movimientos feministas y de mujeres de la región. Por ello, las respuestas públicas deben atender a dicha diversidad y garantizar el vigor y la autonomía de los movimientos de mujeres y feministas, de modo que puedan continuar en este camino de transformaciones que plantea el presente cambio de época.


Lograr la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en toda su diversidad es un compromiso que los países de la región asumieron en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Construir una sociedad del cuidado y un nuevo modelo de desarrollo que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro solo será posible si se avanza en dirección al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, garantizando asimismo el derecho de todas las mujeres y niñas a vivir una vida libre de todas las formas de violencia.


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[1] En América Latina, los términos “femicidio” o “feminicidio” han sido incorporados en las leyes penales de 17 países, sin que haya una diferencia sustantiva entre ellos. En efecto, “ambos términos describen a los asesinatos de mujeres por violencia de género, por lo que los dos dan cuenta, con sentido político, de un fenómeno social con características propias que lo diferencian del genérico “homicidio”; se trata de una categoría del acervo teórico feminista que surge ante la ausencia de la perspectiva de género en la consideración de determinadas conductas delictivas” (ONU-Mujeres/MESECVI, 2018). En los países del Caribe, debido a la ausencia de tipificación del delito, se privilegia utilizar la expresión “muertes violentas de mujeres por razón de género”.

[2] No se considera la tipificación del delito en la República Dominicana (Ley núm. 550 de 2014), dado que el Tribunal Constitucional del país derogó integralmente el texto del nuevo Código Penal, en el que constaba el delito de feminicidio. A la fecha, no existe en el país normativa específica sobre el tema.

[3] Información basada en las encuestas nacionales de relaciones familiares o violencia basada en género: México, 2016; República Dominicana, 2018; Ecuador, 2019; Perú, 2019, y Uruguay, 2019.

[4] Estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), en representación del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Estimación y los Datos de la violencia contra las mujeres (VAW-IAWGED), sobre la base de información proveniente de estudios representativos a nivel nacional y subnacional de los países de la región.

[5] En 2020, en estos mismos 29 países y territorios, las cifras informadas oficialmente al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe indicaron que al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de femicidio, feminicidio o muertes violentas por razón de género.


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BIBLIOGRAFÍA

Publicado por: https://oig.cepal.org/sites/default/files/22-01013_fin_violencia_esp_web.pdf?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20221125_doc_fin_violencia_dag

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Grupo de trabajo del Programa Conjunto Interinstitucional para Poner Fin al Matrimonio Infantil y a las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe (2021), “Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados: prácticas nocivas profundizadoras de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe”, Documento de Proyectos (LC/TS.2021/186), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

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