TRASFONDO

* 'El pasado es una lección, no una sentencia'.

Con los votos del líder de la extrema derecha, el 7 de agosto de 2010 llega a la presidencia -esa máquina de hacer historia- un personaje insólito, un miembro notable de la élite económica, política y social de Colombia, que en el lugar y el tiempo perfectos, iluminado, se lanza a una aventura grandiosa, traicionando a las sombras de su propia especie, esgrimiendo con criterio diferente un planteamiento estructurado, una propuesta ambiciosa: modernizar esta sociedad, cubrir deudas históricas, acabar con un conflicto perverso.


En junio de 2011 hace aprobar una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con la que se busca indemnizar a más de cinco millones de campesinos despojados, devolviéndoles cerca de tres millones de hectáreas. En el mismo 2011 de manera informal y desde octubre de 2012 formalmente, aborda un proceso de diálogo con la pretensión de poner fin a la disidencia armada de las FARC, una fuerza insurgente, poderosa, que en su más de medio siglo de existencia, junto a actores militares y paramilitares involucrados, deja cifras espeluznantes: 60.000 desaparecidos, 30.000 secuestros, 13.000 víctimas de violencia sexual, 220.000 muertes violentas (Centro Nacional de Memoria Histórica).


En ese momento el conflicto se encuentra en una tesitura que los expertos militares definen como doble estancamiento. De un lado, son mínimas las posibilidades de derrotar a una guerrilla que cuenta con el blindaje imposible de montañas, selvas y ríos, la financiación espléndida del negocio del narcotráfico y el soporte logístico de campesinos que no tienen opciones, aunque políticos sin escrúpulos y amplios sectores de las Fuerzas Armadas crean encontrar en las masacres del paramilitarismo una solución a su impotencia militar.


De otro, las FARC saben que sus ventajas se circunscriben a zonas muy limitadas y son conscientes de que es imposible cualquier atisbo de tomar el poder por las armas.


El diseño mismo de los protocolos se constituye en gran acierto pues toma la experiencia de procesos similares de otras latitudes: IRA en Irlanda, ETA en España, CNA en Suráfrica… y el aprendizaje extraído de eventos recientes en Colombia como el del Caguán.


La selección que se hizo del equipo negociador del Estado es otro factor clave: un grupo de hombres y mujeres brillantes que durante cuatro años enfrentan con determinación y con firmeza inconvenientes extraordinarios, superando el rencor acumulado en tantos años de combates y estallidos de violencia. Se dedicaron con fervor y por completo a la reconciliación de los colombianos.


A fin de evitar fracturas en la relación cívico-militar como las que habían tenido lugar en el pasado, en el equipo negociador del gobierno destacó la presencia de un general del ejército y uno de la policía.

Las FARC, previendo que esa coyuntura jamás se vuelve a presentar, incluyen en la composición de su equipo negociador un mayor peso específico de la impronta política que de la militar. Cuba también encuentra su oportunidad y aporta una eficiente logística.


Durante el transcurso de las negociaciones ocurre, por la agenda nacional del 2014, un evento que arriesga totalmente el proceso: el relevo de gobierno. Pero el presidente se presenta a su reelección y gana, apalancado esta vez paradójicamente, por los enemigos de quien lo encumbró en 2010. Se salva el Acuerdo.


Aunque el compromiso parte de la idea central de lograr el fin del conflicto con el abandono de las armas y convencer a la insurgencia de que la transformación que busca debe ser el resultado de una confrontación política pacífica dentro de las reglas democráticas, también aborda temas esenciales que tienen relación estrecha con la confrontación armada: el problema de la tierra y la Reforma Agraria, una deuda pendiente con el agro colombiano; el tráfico de drogas, un tema candente con implicaciones internacionales y la verdad y reparación de las víctimas, que pretende esclarecer lo sucedido, evitar la impunidad y compensar materialmente a las víctimas, que se convierten en eje de la negociación.


Se adopta, para los guerrilleros y para agentes del Estado involucrados, un mecanismo internacional de justicia transicional, un conjunto de medidas que se comportan como solución jurídica temporal a graves violaciones a los Derechos Humanos. Ninguna negociación tendrá futuro si la condición es encarcelar a los comandantes de la guerrilla o a los generales de la república. Es una amnistía amplia a cambio de la verdad y la renuncia a la lucha armada.


El costo total del cumplimiento del Acuerdo de Paz a precios constantes del 2016 es de $129,5 billones en un plazo de 15 años (Centro Nacional de Memoria Histórica). En apariencia es un costo muy alto pero en la práctica son los costos de los proyectos sociales involucrados en el Acuerdo.


Se crea una comisión compuesta por integrantes del gobierno y de las FARC que debe hacer seguimiento al proceso de implementación de los acuerdos y verificar su cumplimiento. Organismos internacionales como la ONU se asocian a este compromiso.


El Acuerdo se firma en ceremonia especial en Cartagena de Indias el 26 de septiembre de 2016.


Desde antes del inicio de las conversaciones, el proyecto de paz había sido vehementemente criticado, saboteado por la extrema derecha que adelantaba una campaña de contradicciones que pregonaba una supuesta claudicación del Estado, desatando una oposición feroz desde la polarización política.

El proceso viene aguantando un mal tiempo espantoso, con las velas deshechas, pero intacto, avizorando vientos mejores.

Con el propósito de validarlo mediante la opinión pública, el Presidente toma la decisión de someter el Acuerdo firmado, a un plebiscito nacional que se realiza en octubre dos de 2016.


Para que el acuerdo fuese válido, el 'Sí' debería contar, al menos, con el 13% del censo electoral (4'396 626 votos), y superar en número de votos al 'No'.


El resultado fue una victoria del 'No'.


En términos emocionales, era difícil votar por el 'SI'. Implicaba perdonar a la guerrilla, un perdón que esta nunca había pedido en forma clara y contundente, más bien de manera confusa y titubeante. Era difícil votar 'SI' cuando los representantes de las Farc-EP declaraban con soberbia que llegaban a ese Acuerdo gracias a su fortaleza y su capacidad, que representaban un proyecto político con un gran respaldo de la población, que los violentos eran los otros. Era difícil votar 'SI' para que quienes estuvieron al mando de una organización que promovió el secuestro, ataques a poblaciones, la práctica de minas antipersonales, de bombas terroríficas en cilindros de gas, recibieran una amnistía con derechos políticos.


Quienes votaron por el 'SI' lo hicieron por otras razones. Votaron por el 'SI' al Acuerdo quienes comprendieron que no significaba perdonar a las Farc-EP, ni a su violencia histórica que es imperdonable, ni a sus crímenes que solo pueden perdonar las víctimas. Votaron por el 'SI' quienes entendieron con entusiasmo el significado de este Acuerdo de Paz, los que compartían la utopía de una sociedad justa, más equitativa, menos sujeta al dominio de los grandes capitales y de los mercados internacionales, votaron mayoritariamente por el 'SI' quienes sufrían directamente el conflicto, los de la periferia. Votaron por el 'SI' los desposeídos que pretendían dar de comer decentemente a sus hijos y proporcionarles vivienda, salud, educación… Quienes creyeron que el retorno de esas fuerzas a la democracia era prueba fehaciente de la existencia de proyectos políticos consistentes que traerían cambios buenos para el país, porque presintieron la esencia del Acuerdo: iniciar la transformación del diseño estructural e institucional del Estado colombiano.


Por el 'NO' votaron en los grandes centros urbanos, con resentimientos de televisión, votaron por el 'NO' quienes cayeron en la trampa de las ideologías, del manejo de las emociones básicas y en la confusión de un antagonismo político que solamente permite apreciar el blanco y el negro.


Ha sido la abstención más alta en muchos años (62.59%).


Los promotores del 'NO' quisieron llevar el conflicto a uno entre el bien y el mal pero era entre el conocimiento y la ignorancia. Nunca esperaron ganar, sabían que habían vendido emociones vacías que ni ellos mismos las creían, no estaban preparados. El Presidente los agrupa astutamente como 'ganadores', en su casa de gobierno para no perderlos de vista. Les echa encima los reflectores de la opinión pública internacional. Propone una 'renegociación' aceptando objeciones menores para acelerar los tiempos. No permite que se organicen y echen abajo la parte sustancial de los acuerdos.


Pese a que el 'NO' salió vencedor, finalmente fue el 'SI' el que se impuso.


El 24 de noviembre de 2016 en el teatro Colón de Bogotá en ceremonia muy formal, el Presidente firma el Acuerdo Final.


El 30 de noviembre de 2016 se refrenda en la plenaria del Congreso de Colombia, con carácter de bloque constitucional el Acuerdo de Paz, un compromiso entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-EP.


En los veinte meses de gobierno restantes, en un ambiente de fractura política y alta polarización, se da inicio al reto de la implementación de los acuerdos en el llamado posconflicto. En ese lapso, los actos violentos en contra de la población civil se reducen drásticamente, así como la cantidad de muertos y heridos de la Fuerza Pública.


Esa reducción de la violencia armada permitió avistar la punta del iceberg de otro flagelo, otro tipo de violencia, que aunque había estado siempre presente en la vida de los colombianos, nunca había sido suficientemente reconocido y que por fin empezó a ser señalado: el gran conflicto de la corrupción con sus injusticias lesivas y sus consecuencias nefastas.


El 7 de agosto de 2018 arranca la prueba de fuego. Asume el poder el ala política que lidera el rechazo al proceso y se da inicio al incumplimiento de los compromisos del Estado aduciendo que el Acuerdo es obra de otro gobierno.


Los rebeldes habían cumplido: se sometieron 6.900 guerrilleros, 32% mujeres que se concentraron en zonas asignadas, entregaron sus campamentos y zonas de influencia, caletas y ametralladoras, fusiles, armas cortas, municiones de todos los calibres, explosivos, cordón detonante, mechas lentas, granadas, minas antipersonales, iniciadores-estopines, morteros con sus municiones, cohetes explosivos, todo su material de guerra.


El Estado manejado por esos políticos, no ha hecho más que bloquear la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, nunca ocupó los espacios abandonados por las FARC, nunca llegó como quedó estipulado, con carreteras, escuelas, con centros de salud, con servicios de agua potable, electricidad, internet. Los grupos ilegales si ocuparon esos territorios y los convirtieron en tragedia humanitaria, volvieron las masacres. La única presencia estatal que se siente en las zonas rurales es la de los militares o la Fiscalía cuando llegan tarde a ofrecer recompensas inútiles después de alguna matanza de civiles o el asesinato de activistas indígenas, afros, líderes sociales, excombatientes, defensores del medio ambiente o de los Derechos Humanos.


El programa de sustitución de cultivos establecido en el Acuerdo, asignó pagos en efectivo a los campesinos que dejaran de sembrar coca y la reemplazaran por cultivos legales, pero en este gobierno cesaron esos pagos y las semillas de cultivos alternativos nunca llegaron a las zonas. Volvieron a sembrar coca.


El proceso viene aguantando un mal tiempo espantoso, con las velas deshechas, pero intacto, avizorando vientos mejores.


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Textos de referencia:

  • Centro Nacional de Memoria Histórica.

  • Eduardo Pizarro, Las FARC (1949-2011). De guerrilla campesina a máquina de guerra, Bogotá, Norma, 2011.

  • Jerónimo Ríos, “Dinámicas de la violencia guerrillera en Colombia”, Revista de Ciencias Sociales, 2016a, vol 22, núm. 3, pp. 84-103.

  • Jerónimo Ríos, Breve historia del conflicto armado en Colombia, Madrid, La Catarata, 2017.

  • Ministerio de Defensa, Logros de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, Bogotá, 2010.

  • Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (ODHDIH). (s.f.) Síntesis de la violencia y la confrontación armada en Colombia, 1998-2012 y 2015, Bogotá.

  • Teresa Ronderos, Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia, Bogotá, Aguilar, 2014.

  • 'Resumen del acuerdo de paz', Revista de Economía Institucional 18, 35, 2016, pp. 319-337. DOI: http://dx.doi.org/10.18601/01245996.v18n35.19.

  • Dejusticia. Centro de estudios jurídicos y sociales nov 24 de 2020.