Más de 350.000 víctimas: en el centro de la labor restaurativa de la JEP

Bogotá DC | El Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas fue una oportunidad para honrar a quienes han sufrido los efectos del conflicto armado, reconocer su lucha cotidiana, dignificar su experiencia y reafirmar su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Es, además, un momento para que reflexionemos colectivamente sobre cómo superar la violencia —pasada y presente— y avanzar en la construcción de un futuro en el que la tragedia del conflicto no se repita.

En esa fecha conmemorativa, la JEP reconoció a las 353.085 víctimas acreditadas ante la Jurisdicción para participar en los 11 macrocasos que investigan los crímenes más atroces ocurridos durante el conflicto armado. Con el peso del dolor acumulado durante décadas, transitan de la mano de la justicia por esta vía, en busca de respuestas: por qué ocurrió lo que ocurrió, quiénes fueron responsables de su sufrimiento y, sobre todo, cómo pueden ser restauradas y reparadas como parte esencial de la verdad, la justicia y la no repetición.

Cada víctima tiene un rostro y un nombre. Por eso, están en el centro de las actuaciones de la JEP, que desde hace casi siete años ha impulsado un modelo de Justicia Transicional Restaurativa que rompe con la lógica exclusivamente punitiva y promueve el encuentro, el reconocimiento de responsabilidades y las acciones restaurativas, en lugar del castigo, como vías para reparar el daño causado a personas, comunidades y territorios.

Los procedimientos de la JEP dan cuenta de una justicia participativa, colaborativa y con vocación restaurativa. Las víctimas recorren dos grandes escenarios: el procesal, liderado por las Salas de Justicia y el Tribunal para la Paz; y el extraprocesal, compuesto por espacios de diálogo con comparecientes, comunidades, organizaciones de derechos humanos y otros actores de la sociedad.

Hasta marzo de 2022, la JEP recibió informes, en su gran mayoría elaborados por víctimas del conflicto armado, que sirvieron como base para priorizar y seleccionar los macrocasos. Ese fue el punto de partida para que muchas de ellas se acreditaran formalmente y comenzaran a participar activamente en el proceso judicial, en espacios como las versiones voluntarias entregadas por los comparecientes de las extintas Farc-EP y de la fuerza pública.

A partir de allí, su participación recorre múltiples etapas: desde la presentación de observaciones, hasta las audiencias de reconocimiento de verdad y la fase de juicio. También han estado presentes en diversos escenarios procesales y restaurativos, en todas las salas y secciones de la Jurisdicción, donde se avanza en la resolución de la situación jurídica de quienes les causaron daño, pero garantizando sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

En estos procesos de escucha, las voces de las víctimas no solo han sido reconocidas, sino que han tenido efectos concretos en el curso de la justicia. Como parte del proceso, su participación ha llevado a la JEP a adoptar 23 medidas cautelares sobre lugares, con el fin de proteger sitios donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada. Gracias a ello, hoy existen más de 80 lugares cautelados que han permitido la exhumación de 1.500 cuerpos, la identificación de 100 personas y la entrega digna de al menos 80 de ellas.

La participación de las víctimas en la JEP es voluntaria, gratuita y se fundamenta en un trato digno. Parte del reconocimiento de su derecho a recibir información oportuna sobre el avance de los macrocasos en los que están acreditadas. Se desarrolla en condiciones de igualdad para quienes viven en Colombia y en el exterior, e incorpora enfoques territoriales y diferenciales para garantizar su inclusión efectiva. Además, cuentan con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario que ofrece apoyo psicosocial, psicojurídico y psicoespiritual, y las prepara para participar en encuentros reservados y públicos.

Con corte al 31 de enero de 2025, la JEP ha brindado acompañamiento psicojurídico a 6.311 víctimas en diligencias judiciales y a 3.137 en espacios no judiciales. Además, 6.203 han recibido asistencia material para garantizar su participación efectiva. A su vez, 12.152 víctimas individuales y 192 sujetos colectivos cuentan con representación en los procesos adelantados por las Salas de Justicia, en ejercicio de su derecho a recibir asesoría, orientación y acompañamiento legal.

En el marco de la implementación del Sistema Restaurativo, que inició su funcionamiento en 2024, las víctimas también participan en la formulación de las Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos Restaurativos (IPPPR), que es la manera en que se implementa y se hace tangible la justicia restaurativa en los territorios de las víctimas. Desde esta perspectiva, también hacen parte de las acciones restaurativas que demandan para su reparación integral.

En 2024, algunas de ellas participaron en proyectos restaurativos exploratorios implementados de manera conjunta con comparecientes de las Farc-EP y de la fuerza pública. Entre estos se destacan 'Horizontes Seguros', sobre Educación en Riesgo de Minas (ERM), desarrollado en Dabeiba, Mutatá, Frontino y Murindó (Antioquia); 'Armonizándonos', un proyecto de infraestructura en Nariño orientado a reconstruir el camino que conduce a la Casa de la Sabiduría Marcos Paí del Pueblo Awá; y 'Siembras de vida', enfocado en la restauración ecológica, llevado a cabo en la localidad de Usme (Bogotá).

Las víctimas no solo tienen un lugar en el centro de la JEP: son el motor de su existencia. Cada paso que da la Jurisdicción —desde la verdad judicial que se construye hasta las acciones restaurativas que se implementan— responde a su voz, su dignidad y su derecho a una justicia que repare y transforme. En este Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad, la JEP reafirma su compromiso con ellas y con la construcción de un país donde el conflicto no se repita y donde la justicia pone en el centro a quienes más los sufrieron.