Las razones de la JEP en el caso de los 'falsos positivos'

* Comunicado del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares.

El número de hechos victimizantes, las supuestas estructuras militares involucradas y la información disponible, fueron algunos de los factores que tuvo en cuenta la Sala de Reconocimiento de de Verdad y Responsabilidad, de la Justicia Especial para la Paz (JEP), para determinar las zonas donde se concentra la primera fase de investigación del Caso 03, conocido como el de falsos positivos.


La decisión, según lo expuesto por la Auto 033 de 2021 emitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, se adoptó luego de confrontar informaciones derivadas de cuatro bases de datos. El proceso arrojó, entre otros resultados, que por lo menos 6.402 personas habrían sido víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate registrados entre 2002 y 2008. El 66 por ciento del total nacional de víctimas se habría concentrado en 10 departamentos.


En respuesta al anuncio de la JEP, el Cuerpo de Generales y Almirantes retirados de las Fuerzas Militares aseguró, mediante un comunicado de prensa, que jamás habían recibido órdenes de delinquir y mucho menos de haberlas impartido a los subalternos.


Las cuatro bases de datos tenidas en cuenta: las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP. Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas.


Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macro-criminal cayó drásticamente en 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados.


De acuerdo con la JEP, 2.807 miembros (retirados) de la Fuerza Pública se han sometido ante la justicia transicional.


Adicionalmente, la JEP anunció que la segunda fase de la investigación del Caso abordará los hechos ocurridos en Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros.


La Sala concedió a las víctimas acreditadas en el Caso y a la Procuraduría General de la Nación un plazo de 15 días hábiles para presentar observaciones sobre las decisiones adoptadas por la magistratura en el Auto 033.

La siguiente es la información detallada por la JEP, referente a unidades tácticas con jurisdicción en 10 departamentos.

ANTIOQUIA

Registró 1,611 casos entre 2002 y 2008, particularmente-según la investigación del Caso 03- ocurridos entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el Oriente Antioqueño.


Los batallones ubicados en la zona, adscritos a la Primera y Séptima División: Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez (Bajes), Batallón de Infantería No. 10 Coronel Atanasio Girardot (Bigir), Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp), Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles (Birif), Batallón de Infantería No. 32 General Pedro Justo Berrío (Bipeb), Batallón de Infantería No. 11 Cacique Nutibara (Binut) y Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan de Corral (CMJCO)


COSTA CARIBE

Investigan 538 supuestos casos registrados entre 2002 y 2008. Durante la primera fase de investigación del Caso 03, la JEP priorizó los hechos ocurridos en el norte del Cesar y el sur de La Guajira entre enero de 2002 y julio de 2005. Para ello tuvieron en cuenta los batallones ubicados en jurisdicción de la Primera División del Ejército Nacional: Batallón de Artillería No. 2 La Popa (Bapop), Grupo Mecanizado Juan José Rondón (Gmron), Batallón de Infantería Mecanizado No. 5 Córdoba (Bicor) y Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 Antonio Nariño (Binar).

CASANARE

Investigan 246 casos ocurridos entre 2002 y 2008. En la primera fase de investigación del Caso 03, la JEP priorizó los hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 atribuibles a efectivos orgánicos en esa época de la Brigada XVI. Las unidades investigadas: Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno), Grupo Gaula de Casanare (Gacas).

META

Investigan 395 casos ocurridos entre 2002 y 2008. En la primera fase de investigación del Caso 03, la JEP priorizó hechos atribuibles al Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas (Bivar) entre 2002 y 2005. Según la JEP, de esa unidad se "concentra la mayor cantidad de comparecientes voluntarios ante la JEP".


NORTE DE SANTANDER

Investigan 298 casos ocurridos entre 2002 y 2008 en la región del Catatumbo entre 2007 y 2008, supuestamente atribuibles a miembros de las unidades: Batallón de Infantería No. 15 Francisco de Paula Santander (Bisan) y Brigada Móvil 15 (Brim-15).

HUILA

Investigan 274 casos ocurridos entre 2002 y 2008, supuestamente atribuibles a efectivos del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena y el Batallón de Infantería No. 26 Cacique Pigoanza (Bipig).


COMUNICADO DEL CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DE LAS FFMM

El Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares de Colombia rechaza totalmente las acusaciones filtradas a la prensa en las que aparecen cifras infladas que pretenden deslegitimar la encomiable labor que han venido cumpliendo las Fuerzas Militares en la lucha contra los enemigos de Colombia.


Manifestamos que jamás recibimos órdenes de delinquir y mucho menos las impartimos a nuestros subalternos. Como Institución, nunca les fallamos a los colombianos y por el contrario expusimos nuestras vidas en defensa de ellos.


Cualquier caso, donde después de un debido proceso y con las garantías procesales que todo ciudadano tiene, se demuestre que hubo dolo y que se atentó contra lo más sagrado: la vida humana y la integridad de las personas, los responsables deberán pagar por su actuar, pero además el deshonor los acompañará por el resto de sus vidas; el militar es ante todo un ejemplo para la sociedad.


El hecho de que hubiese habido exigencia, que es lo mínimo que se debe esperar de Comandantes empeñados en defender la Constitución y las leyes, nunca será justificación para un actuar delictivo.


No se puede desvirtuar el arduo trabajo y sacrificio de los héroes de la patria, en los momentos más oscuros de la violencia narcoterrorista, por casos aislados de quienes renunciaron a sus principios y valores; la justicia ya se está encargando de ellos, pero corresponde a los colombianos apoyar y rodear a sus Fuerzas Armadas, pues gracias a ellas hoy gozamos de una mejor Nación de la que teníamos a inicios del siglo XXI.


Por lo anterior, solicitamos a las instancias involucradas ser objetivas e imparciales en el desarrollo de las investigaciones, así como en la difusión de información que pueda tergiversar la realidad y la responsabilidad de los actores, pues nunca fue una política de Estado, y mucho menos de las instituciones militares y policiales, mostrar resultados diferentes a la realidad del conflicto.


No se puede olvidar que hay organizaciones y entidades que buscan réditos económicos y políticos tergiversando la verdad, para lo cual suministran datos distorsionados o sesgados, como un ejemplo está el caso de Mapiripán donde se engañó a instancias internacionales con la cantidad de víctimas asesinadas; varias de ellas aparecieron vivas o murieron en otras circunstancias.


La paz aún no se ha consolidado y Colombia sigue siendo un país violento, necesitamos mantener la institucionalidad y unas Fuerzas Armadas poderosas, legítimas y rodeadas del cariño y el apoyo de la ciudadanía; su labor es fundamental.

Comunicado

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