Las razones de la JEP en el caso de los 'falsos positivos'

* Comunicado del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares.

El número de hechos victimizantes, las supuestas estructuras militares involucradas y la información disponible, fueron algunos de los factores que tuvo en cuenta la Sala de Reconocimiento de de Verdad y Responsabilidad, de la Justicia Especial para la Paz (JEP), para determinar las zonas donde se concentra la primera fase de investigación del Caso 03, conocido como el de falsos positivos.


La decisión, según lo expuesto por la Auto 033 de 2021 emitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, se adoptó luego de confrontar informaciones derivadas de cuatro bases de datos. El proceso arrojó, entre otros resultados, que por lo menos 6.402 personas habrían sido víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate registrados entre 2002 y 2008. El 66 por ciento del total nacional de víctimas se habría concentrado en 10 departamentos.


En respuesta al anuncio de la JEP, el Cuerpo de Generales y Almirantes retirados de las Fuerzas Militares aseguró, mediante un comunicado de prensa, que jamás habían recibido órdenes de delinquir y mucho menos de haberlas impartido a los subalternos.


Las cuatro bases de datos tenidas en cuenta: las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP. Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas.


Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macro-criminal cayó drásticamente en 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados.


De acuerdo con la JEP, 2.807 miembros (retirados) de la Fuerza Pública se han sometido ante la justicia transicional.


Adicionalmente, la JEP anunció que la segunda fase de la investigación del Caso abordará los hechos ocurridos en Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros.


La Sala concedió a las víctimas acreditadas en el Caso y a la Procuraduría General de la Nación un plazo de 15 días hábiles para presentar observaciones sobre las decisiones adoptadas por la magistratura en el Auto 033.

La siguiente es la información detallada por la JEP, referente a unidades tácticas con jurisdicción en 10 departamentos.

ANTIOQUIA

Registró 1,611 casos entre 2002 y 2008, particularmente-según la investigación del Caso 03- ocurridos entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el Oriente Antioqueño.