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JEP acepta sometimiento del general (r) Mauricio Santoyo

* El oficial hizo parte de la Policía Nacional durante 30 años.

General (r) de la Policía Mauricio Santoyo.

Bogotá DC | El 28 de febrero de 2020, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Justicia Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del general retirado Mauricio Alfonso Santoyo Velasco en relación con su presunta participación en la desaparición de dos miembros de la organización Asociación de Familiares de Detenidos - Desaparecidos (Asfaddes) y su presunta relación con las Autodefensas Unidas de Colombia, hechos por los que se encuentra actualmente privado de la libertad.


Considerando que el sometimiento de los miembros de la fuerza pública a la JEP es integral, esto es, por todos los procesos que se adelantan en su contra-, la JEP aceptó el sometimiento del referido compareciente por un nuevo proceso penal adelantado ante la jurisdicción penal ordinaria por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de verificar que los hechos se cometieron antes del primero de diciembre de 2016 y que guardan una relación con el conflicto armado. Al analizar lo último, la JEP concluyó que “la obtención de un enriquecimiento personal no fue el propósito determinante para ejecutar las acciones delictivas por las que es investigado el compareciente”, sino que, por el contrario, “el compareciente se inmiscuyó decidida y permanentemente en la ejecución de conductas que en distintas épocas favorecieron la actividad delincuencial del paramilitarismo”, conclusión a la que también llegaron las fiscalías que conocieron los dos procesos penales que se adelantan en su contra.

En el contexto descrito, la JEP dispuso la privación de la libertad en unidad policial.


Finalmente, considerando que el general (r) Santoyo Velasco no había presentado su compromiso relacionado con la satisfacción de los derechos a la verdad, reparación y garantías de no repetición a favor de las víctimas, se le ordenó que así lo hiciera y que, en ese marco, respondiera una serie de cuestionamientos, donde se destaca su obligación de aportar verdad plena sobre los “hechos en los que participó o en aquellos en que no lo hizo, pero tuvo conocimiento” relacionados con el conflicto armado y suministrar información sobre los nexos de miembros de la Policía Nacional o de otras instituciones del Estado con grupos armados.​

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