* Las EPS son las más beneficiadas con este sistema.
Desde el año 1993, cuando se promulga la Ley 100, la salud en Colombia se convierte en un negocio, en donde las Empresas Promotoras de Salud EPS son las beneficiadas y aunque hoy hay mucha más atención a los recursos, es evidente que la intermediación se lleva una gran tajada, lo que es directamente proporcional al detrimento del sistema y a la mala prestación de los servicios, ambas en menoscabo de la salud y la vida de las personas.
Perdemos de todas las formas, quienes más necesitan la cobertura, es decir los del régimen contributivo, no gozan de amplia cobertura, hoy no hay inyección suficiente de recursos al sector por el llamado “hueco fiscal”, es decir, no hay plata para suficiente para que el sistema se sostenga y el tercer punto, que es realmente lo que lo desangró y lo declaró inviable fue la corrupción, la intervención sin regulación de los entes privados. La salud es hoy una mercancía y ya no un derecho de los colombianos, como lo consagro la Constitución Política.
Se agrava la situación si tomamos en cuenta que los gobiernos, incluyendo este, no han puesto un freno al desangre, tal vez por orgullo, porque muchos de los funcionarios en quien recae la responsabilidad de modificarlo, fueron artífices, creadores de la ley 100, de sus decretos reglamentarios o de las modificaciones posteriores, lo que genera una polarización que no permite tener claro una posible solución de fondo que garantice la salud de los colombianos.
Esto se traduce en el drama que los colombianos deben padecer, si no tienen otra opción más que la de acceder a las EPS y las IPS del País, un sistema que genera enfermedad por no ser preventivo y en muchos casos la muerte por no tener la capacidad de atención.
Hablemos de retornar el sistema de salud a lo Público, esto en cierta medida es el deber ser, sin embargo es casi imposible la sostenibilidad de un sistema que sea totalmente financiado por los impuestos de los colombianos, tomando en cuenta el grado de corrupción y politiquería que tenemos; lo que se debe defender es el aseguramiento público por lo que debemos cambiar la esencia del contrato que hoy tiene el estado con los privados gracias a la ley 100. Hoy quien realiza los aportes es el Estado, pero no modula el sistema, no lo controla ni lo regula, esto llevó a los privados a manejarlo como se les antojó y hoy 20 años después son muy notorias las consecuencias y los privados no entendieron que los recursos que manejaban eran recursos públicos y que no podían hacer con ellos lo que se les antojara, ni destinarlos a cosas que no fueran la salud, lo que también les prohíbe de tajo maximizar sus ganancias a costa de los dineros de los contribuyentes, de sus impuestos.
Los legisladores del País vieron la oportunidad de aumentar sus ganancias, invirtieron en la salud y lo peor del cuento es que comenzaron a legislar a su favor para enriquecerse de forma individual. El sistema terminó siendo perverso, las IPS venden sus acciones a las EPS, quienes siguen contratando con ellas las mismas, el dinero va de un bolsillo al otro pero del mismo pantalón, se cerraron hospitales públicos, hospitales universitarios, los médicos los maltrataron y convirtieron su profesión de un tema humano a uno mercantil.
Hoy cursa un proyecto de ley que pretende modificar la ley 100, con dos ponencias disimiles en los temas más álgidos. Esperamos que en su plena sabiduría los “padres de la patria” piensen en el bienestar de sus electores y no en un tema de particularidades o de mercantilización de la vida.
Buen ejemplo nos da el Distrito de Bogotá, quien implementó iniciativas de salud, por cierto muy osadas, que pretenden retornar lo público del sistema a lo público, dentro de estas iniciativas están la creación de los CAMAD, que son Centros de Atención Móvil de Atención, para personas en estado de vulnerabilidad y marginalidad relacionada con consumo de sustancias psicoactivas, lo que generó una total resistencia en los conservadores del País. La creación de los Centro de Servicio Amigable para las Mujeres, este en principio diseñado para bajar las tasas de mortalidad materna, que ya son altas en el País anexo a un programa serio de prevención, promoción y atención para las mujeres. Una de las mejores noticias en el Distrito es la apertura del San Juan de Dios, que retornará a ser uno de los mejores hospitales universitarios y de investigación del País y a dar atención a sectores populares en la ciudad.
Esperamos que en la sabiduría de nuestros gobernantes pueda recaer el cambio de un servicio de la muerte, a un servicio de salud en condiciones de dignidad, garantizando los derechos fundamentales de todos y todas promulgados por la Constitución de 1991.