* A año y medio de haber iniciado.
Tras año y medio de pandemia, y de todo lo que ello ha traído: la transformación radical de los hábitos de vida, la modificación de los sistemas de salud en cada país, la adopción de diferentes estrategias de lucha para controlar el virus y su expansión, y la reorientación de la economía, entre otros; hoy el panorama sigue siendo oscuro y desconcertante.
Han aparecido nuevas cepas cuyos efectos, según se afirma, son peores y afectan a partes de la población que antes eran menos vulnerables al virus; a esto se añade el fracaso de la vacunación masiva que evidencia el caso de países como Estados Unidos e Israel, que abanderando la inoculación total se encuentran hoy en picos de pandemia y donando vacunas por millones al mundo.
Todo ello ha generado cada vez mas incertidumbre y miedo en la gente, que se pregunta cuántas dosis terminaran por ser necesarias, si es que cada cepa demanda una nueva, y si realmente estos experimentos, que aún no alcanzan el grado de vacunas, podrán protegerlos para que puedan retornar a sus vidas anteriores o por lo menos a una “nueva normalidad” en la que pueda recobrarse la tranquilidad y en general los derechos fundamentales que han sido restringidos, según se ha dicho, en nombre del bienestar de la mayoría.
Como es evidente, se trata de un asunto jurídico, político e incluso moral, y no solamente sanitario o científico, como muchos aseguran.
Pero, lejos de entrar en debates conspiranóicos sobre farmacéuticas, modificación genética y “el advenimiento del anticristo”, lo que si vale la pena considerar y revisar con toda seriedad es el debate que se está planteando en torno a la protección de las libertades fundamentales, teniendo en cuenta que la vacunación ha empezado a imponerse como un requisito en varios países a sus ciudadanos para que tomen parte de diferentes actividades, para trabajar, para cruzar fronteras, e incluso para acceder a espacios públicos y servicios, tal como viene ocurriendo en Estados Unidos por determinaciones del gobierno y en contra de una buena parte de la población, que se niega a vacunarse, y de sectores políticos y sociales que ya han anunciado acciones legales.
Lo que está en juego, de fondo, son elementos que para la Democracia son esenciales, pero aquí proyectados sorprendentemente en contradicción, como el bienestar de la mayoría, la objeción de conciencia, el respeto por las libertades individuales, los Derechos Humanos, etc. Se habla de un ejercicio evidente y descarado de estigmatización, de segregación y sobre todo de discriminación entre individuos, dando lugar a la aparición de formas de ciudadanía de primera y segunda clase, según se esté o no inoculado, insinuando a cierto nivel una realidad comparable solo con los peores escenarios de alterofobia y segregación que ha tenido la historia por razones raciales, religiosas, étnicas y políticas.
Como es evidente, se trata de un asunto jurídico, político e incluso moral, y no solamente sanitario o científico, como muchos aseguran. En este sentido es necesario un debate público en el que se haga claridad sobre los elementos que están siendo tenidos en cuenta y están siendo privilegiados a la hora de tomar decisiones que afectan al país y la integridad y estatus de cada persona, en medio de un caos informativo y desinformativo que nos ha llevado a vivir sumergidos en emociones y en la intranquilidad frente al futuro.