* Esto supone en términos generales un desgaste institucional difícil de medir.
Existe hoy en Colombia y en el Distrito de Bogotá un sin número de políticas públicas. Unas la emiten por decreto y otras por concertación y COMPES. Entre estas políticas públicas que han salido recientemente o que esperan su turno para entrar en vigencia se cuentan más de 30. Están las políticas de transparencia, del espacio público, de Derechos Humanos, de libertades fundamentales, de juventud, de participación, de ruralidad, de la mujer, de adulto mayor, Política para el desarrollo económico, para pueblos indígenas etc., etc., etc..., por nombrar algunas nada más.
Esta sobrepoblación de políticas es el resultado de una inclinación de la democracia contemporánea, interesada en una cierta idea de inclusión y en el interés de llevar la actuación del Estado a todos los niveles de lo público con un enfoque diferencial. Podría dar la impresión de que de este modo se atienden múltiples temas desde un estudio de sus necesidades específicas con planes proyectos y programas, como corresponde a la razón de ser de las políticas púbicas, lo cual en sí mismo es bueno y deseable. Sin embargo, en la práctica dicha sobrepoblación resulta profundamente problemática, si se consideran algunos elementos.
Las políticas públicas generan una saturación en la misionalidad de las instituciones, puesto que estas en su trabajo natural deben atender a todas las dimensiones que representan cada una de estas políticas. Cuando estas últimas entran en ejecución generan una demanda adicional en cada uno de los temas que abanderan (mujer, juventud, tercera edad, ruralidad, etc.).
Dicho de otro modo, por ejemplo, en el caso de las secretarías o los ministerios, estos tienen que ofrecer los enfoques etarios y poblacionales en su trabajo, a lo cual luego se agrega la necesidad de incluir acciones en las políticas públicas que se diseñan para cada uno de estos enfoques, quedando de este modo frente a dos salidas: o incluir absurdamente productos en las políticas públicas representados en acciones repetidas, o evadir la responsabilidad, negándose a contribuir con las políticas, en unos casos, y agregando simplemente productos de relleno en estas que no tienen trascendencia ante los problemas que estas esperan resolver, en otros.
Las políticas públicas generan una saturación en la misionalidad de las instituciones.
Lo que esto supone en términos generales es un desgaste institucional difícil de medir: traslape de responsabilidades, de políticas y de recursos, saturación institucional, creación de un sinfín de instancias de seguimiento de las políticas que generan desgaste en la participación y en tal sentido inconformismo en las comunidades y las organizaciones. Como corolario de lo anterior se reduce la capacidad que tienen todos los niveles del gobierno para actuar de manera efectiva y eficiente, y para trabajar sobre los problemas estructurales de forma articulada y unificada, puesto que ven sus fuerzas refundidas y atomizadas.
La pregunta que queda es si realmente la creación de nuevas y diferentes políticas que intenten atender cada tipo de comunidad, cada necesidad, cada población, tal como la creación interminable de mesas de trabajo en las localidades, los municipios, las regiones etc., intentando dar respuesta a las demandas de las comunidades, va a resolver realmente los problemas estructurales de los territorios, o si, por el contrario, va a generar mayores dificultades para ejercer una verdadera gobernanza, desde un horizonte amplio que sepa orientar los presupuestos y la intervención institucional. Por lo pronto, ni las comunidades ni las instituciones parecen capaces de lidiar de forma coherente con esta avalancha de políticas que solo ha traído confusión y cansancio y caos.