* Las EPS se lucran indiscriminadamente en detrimento de los derechos de las personas.
El 2013, hace cinco años, se inició con la declaración del Ministro de Salud a los diarios nacionales sobre la reforma de la Ley 100, haciendo énfasis en esta y no en la Ley Estatutaria. Esta última ha sido el trabajo de más de dos años un grupo de organizaciones de la sociedad civil, que conforman la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760. Desde entonces, poco ha cambiado.
Debemos iniciar diciendo que es necesario que los legisladores entiendan de una vez por todas que la salud es un derecho fundamental y no un negocio, así está consagrado en la Constitución y ratificado por la Corte Constitucional, es un derecho autónomo y que debe ser el Estado quien debe garantizarlo. Este derecho debe estar definido desde la perspectiva de una atención integral a la salud, debe ser dispuesto desde la prevención, la promoción; las diferencias culturales, climáticas, poblacionales, de edades y de géneros deben estar plasmadas en un marco legal que nos permita gozar de un servicio de salud garantista, eliminando el ánimo de lucro y fomentando la participación social.
Debemos decir que lo que tenemos hoy no es un panorama muy alentador. Las EPS se lucran indiscriminadamente en detrimento de los derechos de las personas que mueren en las puertas de hospitales.
El modelo de salud es el problema. Pues éste no está enfocado en la salud si no en la enfermedad, además de ser un modelo corrupto que desborda la sostenibilidad financiera del mismo.
La salud de los colombianos debe ser abordada de manera holística, así como lo ha enunciado la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud va más allá de la curación y relaciona disposiciones fundamentales de la vida de las personas, es decir, si goza el ser humano de una buena alimentación, de un ambiente sano, de agua potable, de una vivienda digna, de educación para la prevención etc., se puede garantizar la salud.