* Abordar asuntos de educación sexual en las aulas es una necesidad imperante.
“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido.
La posición neutral ayuda siempre al opresor,
nunca a la víctima.”
Elie Wiset
La violencia sexual es una de las peores agresiones que puede sufrir una persona, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, puesto que, las afectaciones emocionales tienen un mayor impacto a nivel físico y emocional, incidiendo en el crecimiento y desarrollo de la víctima, modificando su proyecto de vida y generando traumas que resultan difíciles de superar.
Por ello, es importante romper el silencio, poner el tema sobre la mesa, llamar las cosas por su nombre y sacar a la sexualidad de la lista de conversaciones prohibidas. Para este propósito, nuestros principales aliados siempre serán: la educación y la prevención.
Pero no cualquier educación, requerimos de una que sea laica, alejada de prejuicios y estereotipos de género, con carácter científico y con la obligación conferida por los deberes de protección hacia las personas más vulnerables. Un imperativo que rebasa la privacidad del ámbito familiar, para convertirse en una responsabilidad social e institucional.
Es así, porque no podemos pasar por alto que el principal aliado de la violencia sexual, es la confianza. Resulta alarmante, pero en la mayoría de los casos existe un lazo de parentesco, de afecto y/o cercanía entre la víctima y la persona agresora. Por si esto fuese poco, ese mismo vínculo que facilitó las condiciones de victimización, simboliza un obstáculo para que las personas que son víctimas de violencia sexual, accedan a la justicia.
Personas que sufren agresiones sexuales por parte de un familiar tienen miedo de denunciar: por temor de generar problemas en su hogar, por pensar que no les van a creer o por la falta de apoyo.
Realizo esta afirmación, porque en mi práctica profesional y en el desempeño diario de mis funciones, he observado que las personas que sufren agresiones sexuales por parte de un familiar tienen miedo de denunciar: por el temor de generar problemas en su hogar, por pensar que no les van a creer o por la falta de apoyo de quienes ejercen su patria potestad, tutela o guarda y custodia, pues también quieren proteger a la persona que es señalada como responsable.
Ante estas circunstancias, el Estado está obligado a implementar factores de protección que ayuden a las víctimas a prevenir este tipo de hechos victimizantes o facilitar los medios para romper el silencio y denunciar. Para cumplir con el primer propósito y salvaguardar el interés superior de la niñez, se debe facilitar a niñas, niños y adolescentes, el acceso a la información, a través de instituciones de salud y los programas académicos.
A pesar de la resistencia de algunas familias y los grupos de oposición, abordar asuntos de educación sexual en las aulas, es una necesidad imperante; con personal capacitado para transmitir el conocimiento, sin las barreras del pudor que tradicionalmente ocasiona abordar temas tabú y considerando que la escuela representa un punto de escape en situaciones de violencia que involucran a menores de edad, pues cuando las víctimas sienten que no reciben el respaldo esperado de quienes deberían brindarles protección, después de las amistades, el personal docente es la red de apoyo más segura para ellos.
De ahí la importancia de contar con maestras y maestros que sepan reaccionar ante este tipo de situaciones, que se mantengan en constante capacitación, que estén alerta para identificar factores de riesgo en la comunidad estudiantil, que conozcan la legislación, que estén dispuestos a abandonar el adultocentrismo y vayan un poco más allá del desarrollo de una clase o asignatura.
En el mismo sentido, a nivel de atención, requerimos de instituciones encargadas de la administración de justicia, que realmente cumplan con su labor, sean diligentes en sus investigaciones, abandonen las prácticas de simulación, no contribuyan a agravar las afectaciones y eviten convertirse en cómplices de la impunidad.
Ante este panorama, existen buenas prácticas que pueden ser implementadas de manera general, por ejemplo:
Mantenernos siempre alerta del bienestar de las niñas, niños y adolescentes que nos rodean;
Escuchar con atención, empatía y sensibilidad;
Crear un espacio seguro: “te escucho”, “te creo” y “te acompaño”;
No profundizar en detalles innecesarios, para prevenir la revictimización;
No dudar, pues resulta difícil que una persona que no ha pasado por hechos víctimizantes, pueda narrar de manera creíble una situación de violencia, con detalles precisos, que revelan un comportamiento planificado por parte del agresor, realizando acciones de manera oculta y aumentando en cada una de ella, el nivel de gravedad;
Respetar la confidencialidad;
No culpabilizar;
Asegurar atención psicológica;
Buscar apoyo institucional; y
Denunciar.
Como sociedad, no podemos pasar por alto los alarmantes índices de violencia sexual que existen en nuestro entorno, en especial, aquellos casos que contienen elementos de género, donde las mujeres y niñas, son las más afectadas; por ello, como sociedad y gobierno, tenemos el deber de demostrar una postura de rechazo contra la violencia hacia las mujeres, visibilizar contextos en donde las razones de género y las relaciones de poder representan una amenaza, para cumplir con la deuda histórica y los compromisos internacionales, que tenemos con estos grupos en situación de vulnerabilidad.
¡Rompamos el pacto con el silencio, con el machismo y la naturalización de la violencia! ¡Digamos NO al pin parental! ¡Alcemos la voz ante la imposición de figuras representativas de la violencia sexual! ¡Seamos los adultos que nos hubiese gustado tener a nuestro lado en nuestra niñez!