* Colectivos de mujeres buscan que sea abolido el delito de aborto.
| Nazly Mulford Romanos
El año pasado, el movimiento CAUSA JUSTA en Colombia presentó ante la Corte Constitucional una demanda para eliminar el delito del aborto del Código Penal en Colombia. ¡CAUSA JUSTA se mueve, se mueve! Cada vez, más ciudadanas y organizaciones de mujeres se suman a este movimiento diverso que precisa e intencionalmente busca UNA CAUSA JUSTA.
El movimiento es liderado por la Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres, Women’Link Worldwide, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Reproductivos, junto con activistas, ciudadanas y otras organizaciones sociales del país, entre las cuales se encuentra la Fundación Cedesocial.
Después de algunos intentos impulsados por grupos feministas y el movimiento social de mujeres, en 2006, la Corte Constitucional permitió -a través de la Sentencia C-355- que las mujeres pudieran optar por la interrupción voluntaria del embarazo, admitiendo tres causales. Quince años después de esta sentencia, las mujeres colombianas siguen enfrentando barreras y obstáculos estructurales en su cumplimiento.
De múltiples formas se repite que la afectación recae en los grupos de mujeres, adolescentes y niñas más vulnerables. Esta afectación ha sido recrudecida actualmente por la pandemia de Covid-19.
De hecho, en algunos municipios del Atlántico, los hospitales y centros de salud desconocen, dilatan y no brindan la información adecuada relacionada con las tres causales. Es completamente contradictorio que haya causales legales y que sea un delito en el Código Penal. Esa situación agudiza el estigma. La escasa y precaria atención en salud pública en zonas rurales, la clandestinidad y los altos riesgos que ella impone no puede seguir vulnerando el derecho a la salud y a una vida digna de las mujeres.
LA CAUSA DE LA LIBERTAD
Según la defensora de derechos humanos Yvette Angulo, “en la orilla de los pobres en el sur occidente de Barranquilla se vive una realidad complejamente humana: las mujeres que arriesgan sus vidas, tomando la decisión de un aborto inseguro, están desempleadas o son empleadas domésticas explotadas. Lo que ganan no les alcanza para subsistir, tienen otros hijos a los que en muchas ocasiones escasamente les pueden dar un plato de comida. Ante esta realidad, me pregunto, ¿a estas mujeres se les puede penalizar por interrumpir el embarazo?”.
También resalta la importancia de garantizar el derecho de las mujeres a no ser discriminadas y la importancia del “acceso universal a los derechos reproductivos, a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de la planificación familiar, la información, la educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales como lo exigen los ODS del 2030”. Concluye que se trata de un reto ético, humano y de salud pública pendiente.
Por su parte, para Marina López, abogada y docente con especialización en derechos humanos y especialista en Derecho Constitucional, “la criminalización del aborto no solamente desconoce los derechos humanos de las mujeres, sino que las violenta; precisamente en su autonomía personal, y en el derecho a tomar decisiones sobre sus cuerpos de forma libre; entre otros derechos. Es un tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, por ello se habla de unas políticas de prevención y atención, pero coordinadas en procura de la transversalidad de género en el Estado deconstruyendo esas estructuras patriarcales en las que se enraíza la discriminación, las violencias y esa percepción de superioridad e inferioridad que impactan en el cuerpo territorio de las mujeres”.
En nuestra experiencia desde la fundación Cedesocial, en Barranquilla, ciudad referente de la Costa Caribe, hemos comprobado que vienen mujeres desde distintos territorios a practicarse un aborto, porque las restricciones no impiden ni impedirán su práctica; pero la clandestinidad es de alto riesgo y perpetúa el estigma. No es el deber ser de un servicio incluido en una política nacional de salud sexual y reproductiva vigente. ¡Encuentro allí otra contradicción!
Una ruta de impedimentos para el cumplimiento de un servicio de salud pública que debería tener características más amigables, en la atención a las mujeres y niñas a quienes se les vulneran todos los derechos.
Nuestra apuesta es porque se mejoren y refuercen las políticas de salud de prevención de embarazos no deseados, muertes y complicaciones por abortos inseguros y acceso a métodos anticonceptivos para mujeres y hombres que también deben cuestionarse su responsabilidad en los embarazos. Se necesitan más programas de educación sexual integral en todos los rincones de Colombia y EPS comprometidas en la prevención y en entregar a su población usuaria información de calidad relacionada con los derechos sexuales y reproductivos. También es importante que las y los servidores públicos no dilaten los tiempos ni aumenten las barreras por “no estar de acuerdo”. Deben cumplir con su deber de informar, valorar, y sobre todo no interferir en una decisión tomada por una mujer o una familia cuando es el caso.
La eliminación del delito y todas las barreras impactará la vida de las mujeres que viven en contextos de mayor vulnerabilidad, entre otras, las mujeres migrantes venezolanas que enfrentan otras barreras por las distintas situaciones migratorias irregulares que viven.
¡La marea verde en todo nuestro continente es una gran ola de mujeres! Causa Justa en Colombia se mueve, se mueve, en todas las regiones.
El 28 de septiembre hubo múltiples manifestaciones en el país y en el continente, a favor de la despenalización del aborto. Entre otras, este mismo día, La Cámara de Diputados de Chile ratificó una reforma al Código Penal que busca librar de sanciones a las mujeres.
Esperamos que la Corte Constitucional no desconozca los mandatos de los organismos internacionales de derechos humanos en esta materia, y elimine el delito de aborto del Código Penal.
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