29 oficiales, ocho suboficiales y tres soldados aceptan responsabilidad en 'falsos positivos'

Bogotá DC | Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, 42 antiguos integrantes de la IV Brigada reconocieron haber participado del patrón macrocriminal en el que al menos 581 personas fueron asesinadas, entre ellas 208 que además fueron desaparecidas forzadamente, para ser presentadas como falsas bajas en combate en Antioquia. Varios de ellos reconocieron haber liderado la política de facto de “conteo de cuerpos” en la jurisdicción bajo su mando, pese a conocer los riesgos comprobados que esta representaba para la población civil. Dentro del plazo para responder a la imputación, decidieron aceptar por escrito su participación en los crímenes. 

De los 50 comparecientes de la fuerza pública imputados en los dos periodos investigados, siete reconocieron hechos ocurridos entre 2002 y 2003, y 35, hechos cometidos entre 2004 y 2007. Todos aceptaron su responsabilidad en los términos establecidos por la magistratura. Entre ellos hay 29 oficiales, ocho suboficiales y tres soldados profesionales, además de dos civiles que integraban la red criminal ecargada de reclutar a las víctimas y entregarlas, a cambio de dinero, a los militares. Uno de los imputados que reconoció su responsabilidad fue el teniente coronel Juan Carlos Piza Gaviria, quien se desempeñó como oficial de operaciones de la IV Brigada del Ejército Nacional entre 2004 y 2007.

Se trata de oficiales y suboficiales que fueron señalados por su liderazgo en la implementación de esta política o por su participación determinante en los crímenes. Todos pertenecieron a seis batallones adscritos a la IV Brigada: el Batallón de Infantería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (BAJES), el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 ‘General Pedro Nel Ospina’ (BIOSP), la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas 5 (AFEUR 5), el Batallón de Infantería No. 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’ (BIGIR), el Grupo de Caballería Mecanizado ‘Juan del Corral’ (GMJCO) y el Batallón de Infantería No. 32 ‘General Pedro Justo Berrío’ (BIPEB).

Entre ellos además se encuentran los tenientes coroneles Juan Carlos Barrera Jurado, Rubén Briam Blanco Bonilla, Jaime Humberto Pinzón Amézquita, Gonzalo Enrique Lizcano Valero y Julio Alberto Novoa Ruiz. Todos fueron comandantes de unidades investigadas que, para la época de los hechos, dieron órdenes para implementar esta política —basada en la presión por resultados operacionales medidos en bajas— trazada desde la IV Brigada y documentada

por la Sala de Reconocimiento de Verdad a través de tres modalidades macrocriminales descritas en la investigación.

A esta lista de reconocimientos de responsabilidad, surgida en el marco del proceso dialógico que ha contado con la participación de vpctimas comparecientes, y que se enmarca en el Caso 03 sobre 'falsos positivos', se suman cinco mayores: Juan Carlos Quiroz Osorio, César Augusto Tavera Cardona, Ángel William Martínez, Óscar Odilio Villate Porras y Félix Gabriel Churio Marcucci; cuatro capitanes: Carlos Andrés Nivia, José Alberto Caicedo Antolínez, Beismarck Salamanca Nempeque y Gersson Freddy Buitrago Medina; y cuatro tenientes: Nelson Enrique Carvajal Chisco, Manuel Alejandro Cuéllar, Hernando García García y César Augusto Cómbita Eslava. 

Los comparecientes imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad reconocieron su responsabilidad en los homicidios, entre ellos 208 casos de desaparición forzada, además de ocho tentativas de asesinato. De ese total, 147 <fueron perpetrados en el oriente antioqueño entre 2002 y 2003, y los 434 restantes, además de las ocho tentativas, ocurrieron durante el segundo periodo analizado, entre 2004 y 2007. La evidencia judicial demuestra que, a través de órdenes, directrices, lineamientos y mensajes cotidianos transmitidos por radio a las tropas, se condicionó la conducta criminal de sus subalternos y se favoreció la consolidación de asociaciones ilícitas dentro de los batallones y unidades militares bajo su mando. 

El objetivo de la política fue reportar la mayor cantidad posible de supuestas bajas “en combate”, privilegiando los muertos como único indicador real del éxito militar y desestimando las capturas, consideradas resultados problemáticos que no contribuían a la victoria. Este propósito se alcanzaba mediante presiones y amenazas a las tropas, así como con premios e incentivos para quienes reportaran más muertes, lo que fomentó una competencia feroz por escalar en las estadísticas oficiales, sin importar la especialidad de la unidad militar, ni que las guerrillas ya hubieran sido derrotadas estratégicamente o replegadas fuera de la jurisdicción de la IV Brigada, o que los grupos paramilitares se hubieran desmovilizado. 

La evidencia judicial permitió que los comparecientes reconocieran delitos que nunca antes habían sido investigados, y señaló como responsables a altos mandos que hasta ahora no habían sido judicializados. Como resultado de esta labor, hoy el país sabe que Antioquia concentró el 25,19 % de todas las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate a nivel nacional. En ese contexto, se identificó que la IV Brigada fue responsable del 73% de esas muertes en el departamento entre los años 2000 y 2013. El periodo de mayor victimización se dio entre 2002 y 2007 —precisamente el lapso priorizado por la JEP en este subcaso—, con especial intensidad en los años 2003, 2004 y 2005, cuando esta unidad militar concentró el mayor porcentaje de víctimas registradas.

Todos estos hallazgos confirman lo ya establecido por la JEP en sus ocho Autos de Determinación de Hechos y Conductas, mediante los cuales ha imputado, en total, a 173 comparecientes de la fuerza pública, un agente del extinto DAS y cinco civiles como máximos responsables. Todo ello en el marco de la investigación adelantada en cinco de los seis territorios priorizados en el Caso 03: Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Huila y Antioquia, además del caso conjunto sobre el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba. De ese total, 86 comparecientes ya han reconocido públicamente su responsabilidad ante la justicia, las víctimas el país; los demás se preparan para hacerlo.