“En su mejor momento, el hombre
es el más noble de todos los animales;
separado del derecho y la justicia es el peor”.
Aristóteles
A veces los observo, los escucho y trato de entenderles. Ellos son hijos de hombres o de mujeres asesinados en medio del conflicto, en algunos casos por venganza, por oposición política, o por odio. Ellos lideran procesos desde laderas opuestas en momentos de nuestra historia reciente, y tienen en común ser huérfanos de la violencia.
Algunos de ellos, tal vez sin perdonar a quienes les arrebataron a sus padres o a sus madres, sanaron las heridas y avanzan en la construcción de un mejor futuro. Otro, más dolidos aún por los terribles hechos, buscan resarcir el pasado. Pero todos esperan que un día la justicia esclarezca los crímenes y que los responsables intelectuales y materiales sean juzgados y condenados.
Son huérfanos de la violencia que por años ha desangrado diferentes rincones de la Patria… Varios de ellos eran niños o niñas cuando les arrancaron al padre o a la madre del hogar, otros eran jóvenes que fueron casi testigos de los crímenes. Son huérfanos que lloraron durante días las muertes de sus progenitores y han padecido las ausencias a lo largo de décadas que parecen eternas. Las heridas siguen abiertas y aún en sus ojos se asoman lágrimas de dolor, y en sus rostros se denotan expresiones de impotencia. Algunos de los hijos e hijas de los inmolados adelantan luchas de transformación política y social, gestas contra de la corrupción, en contra de las violencias que consumen la cotidianidad de nuestro pueblo, en contra de injusticias e inequidades. Luchas en sendas que permite la democracia, que como en cualquier cuadrilátero de boxeo presenta esquinas enfrentadas.
Son huérfanos de la violencia y líderes de sus historias que influyen en la determinación de lo que queremos o no como país. Hoy, eso tienen en común quienes son aguerridos antagonistas y dirigentes políticos o sociales: Álvaro Uribe Vélez (senador por el Centro Democrático), los hermanos Rodrigo Lara Restrepo (senador por Cambio Radical) y Rodrigo Lara Sánchez (alcalde de Neiva por Alianza Verde), María José Pizarro (representante a la Cámara por Decentes), Iván Cepeda Castro (senador por el Polo Democrático), los hermanos Juan Manuel Galán Pachón (ex senador Liberal) y Carlos Fernando Galán Pachón (ex senador por Cambio Radical y candidato independiente a la Alcaldía de Bogotá), y José Darío Antequera Guzmán (activista por la memoria histórica y asesor en la Cámara de Representantes), por citar algunos de esos hijos e hijas que perdieron violentamente a sus padres o a sus madres.
No son los únicos huérfanos, por supuesto. La justicia ha probado que durante años, en esa época aciaga, se realizaron múltiples homicidios comunes, la eliminación de dirigentes de la Unión Patrótica (partido derivado de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc), la reorganización de las guerrillas (particularmente del ELN), la existencia activa del EPL y del M-19, los asesinatos de funcionarios del Estado por parte de los capos narcos, la persecución contra dirigentes sindicales,[1] el fortalecimiento del narcotráfico, el surgimiento del narcoterrorismo… “En este periodo la tasa de homicidios se triplicó en Colombia al pasar de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1974 a 79 en 1991”.[2] Entre 1998 y 2012 se registraron 331.470 homicidios en Colombia.[3]
Se afirma que las guerrillas ejecutaron 24.482 secuestros, perpetraron 3.900 asesinatos selectivos y 343 masacres, causaron más de 700 víctimas civiles en acciones bélicas, reclutaron a casi 4.000 niños y niñas, efectuaron 854 ataques a poblaciones, 77 atentados terroristas, más de 4.323 ataques a bienes civiles y despojaron cerca de 800.000 hectáreas de tierras a pequeños y medianos campesinos.[4]
Los grupos de autodefensas ilegales, por su parte, ejecutaron 8.902 asesinatos selectivos, 1.166 masacres que dejaron 7.160 muertos, efectuaron 371 casos de tortura y sevicia, reclutaron a más de 1.000 niños y niñas y obligaron a pequeños campesinos a abandonar más de 800.000 hectáreas de tierra.[5]
Pero, hoy, nos referiremos a algunas de las víctimas que simbolizan esa violencia. A los hijos de periodistas y dirigentes políticos y sociales que fueron asesinados durante la década de los 80 e inicios de los años 90.
El martes 14 de junio de 1983, Alberto Uribe Sierra fue asesinado de dos disparos por tres miembros de las Farc, cuando se encontraba en su hacienda Guacharacas, en San Roque (Antioquia). De acuerdo con el capitán Bernardo Riberos –piloto del helicóptero que era de propiedad de Uribe Sierra–, su jefe había advertido que nunca se dejaría secuestrar, por lo que –sin éxito– trató de enfrentar, revólver en mano, a sus agresores.[6]
Álvaro Uribe Vélez, hijo de Alberto Uribe Sierra y Laura Vélez Escobar, fue presidente de la República en los períodos 2002-2006 y 2006-2010. Al dejar la Presidencia fue elegido senador por el Partido Centro Democrático en 2014 y en 2018. Había ocupado curul en el Senado entre 1986 y 1994; y entre 1995 y 1997 fue Gobernador de Antioquia. Es el máximo líder de Partido de Gobierno.
Durante la noche del 30 de abril de 1984 fue asesinado el entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, de 37 años, cuando se desplazaba por la calle 127 con avenida Boyacá, en Bogotá. “Recibió 14 tiros que le disparó Iván Darío Guisado mientras se movilizaba a bordo de una moto conducida por Byron de Jesús Velázquez, alias ‘Quesito’, sicarios al servicio de una red criminal de Medellín que se hacían llamar ‘los Priscos’ y que estaba al servicio de Pablo Escobar”.[7] El crimen fue declarado de lesa humanidad en 2012. “Lo paradójico es que de los 16 presuntos involucrados en el asesinato de Lara Bonilla solo dos pagaron cárcel y ya están en libertad. Otros implicados fueron asesinados y al menos seis fueron exonerados”.[8]
Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Rodrigo Lara Bonilla y Nancy Restrepo, es senador por el Partido Cambio Radical (2018-2022). Fue director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (Zar Anticorrupción), durante el segundo Gobierno de Uribe Vélez. Asumió como Senador en 2007. Fue Representante a la Cámara durante el período 2014-2018.
Rodrigo Lara Sánchez –hijo de Rodrigo Lara Bonilla y Lilia Sánchez–, es alcalde de Neiva, cargo para el cual fue elegido con el aval del Partido Alianza Verde.
El tres de marzo de 1989, a las 2:40 de la tarde, fue asesinado José Antequera cuando se encontraba en el aeropuerto El Dorado de Bogotá con el objetivo de viajar a Barranquilla. El sicario le disparó una ráfaga de 21 disparos. Antequera tenía 34 años y era destacado dirigente de la Unión Patriótica cuando fue asesinado. Su crimen fue declarado de lesa humanidad. A inicios de 2019, con ocasión del 30 aniversario del asesinato, su hijo denunció que la Fiscalía General de la Nación había dejado de investigar el crimen.
José Darío Antequera Guzmán –hijo de José 'Pepín' Antequera y María Eugenia de Antequera– es activista por la memoria histórica y asesor en la Cámara de Representantes. Politólogo y escritor. Autor de los textos ‘Detrás del espejo Los retos de las comisiones de la verdad’ y ‘La memoria histórica como relato emblemático’.
A las 10 de la noche del 18 de agosto de 1989 fue asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Los sicarios Jaime Eduardo Rueda Rocha y Henry de Jesús Pérez le dispararon cuando se encontraba en la tarima principal de la plaza de Soacha (Cundinamarca), donde se realizaba una concentración política. Carlos Castaño Gil fue el determinador del crimen y Pablo escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha fueron los autores intelectuales. El ex senador Alberto Santofimio Botero fue condenado como coautor intelectual. El Consejo de Estado declaró, en 2016, que el homicidio de Galán es delito de lesa humanidad.[9] El general (r) de la Policía Miguel Maza Márquez fue condenado por omisión.[10]
Juan Manuel y Carlos Fernando Galán Pachón son hijos de Luís Carlos Galán Sarmiento y de la periodista Gloria Pachón.
Juan Manuel fue viceministro de la Juventud (1998-2000), director del programa presidencial Colombia Joven (2000), senador por el Partido Liberal en tres períodos (2006-2010, 2010-2014, 2014-2018).
Carlos Fernando fue concejal de Bogotá y senador por el Partido Cambio Radical, al que renunció por diferencias ideológicas.
El 26 de abril de 1990 fue asesinado el cartagenero Carlos Pizarro Leongómez, quien como máximo comandante del M-19 había firmado la paz 49 días atrás. Ese día de abril, el entonces candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19 abordó en Bogotá –en compañía de escoltas del DAS– un avión para viajar a Barranquilla. A bordo del HK1400 y en pleno vuelo a 17.000 pies de altura, el joven sicario Gerardo Gutiérrez Uribe, alias ‘Jerry’, le disparó con una ametralladora. Se afirma que la orden de su asesinato la impartieron los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño. El sicario murió en el avión a causa de un disparo efectuado por uno de los escoltas.[11]
María José Pizarro –hija de Carlos Pizarro Leongómez y Myriam Rodríguez– es autora audiovisual. Representante a la Cámara por la lista Decentes (2018-2022). Es copresidenta de la Comisión de Paz. Antes había estado vinculada a la Secretaría de Cultura de Bogotá (2011-2013) y al Centro Nacional de Memoria Histórica (2013-2017).
El 25 de enero de 1991 fue asesinada la periodista y abogada Diana Turbay Quintero –entonces directora del Noticiero Criptón y editora de la revista Hoy por hoy– cuando permanecía secuestrada en una finca situada en la vereda Sabanetas, zona montañosa de Copacabana, Antioquia. Sus captores le dispararon por la espalda cuando trataban de evadir el cerco policial subiendo las lomas. Gabriel García Márquez relató que “La pendiente era muy pronunciada, y el sol ardiente caía a plomo desde el centro del cielo”.[12] Diana había sido secuestrada el 30 de agosto de 1990 por ‘Los Extraditables’, por orden de Pablo Escobar, cuando creía que iba a realizar una entrevista al ‘Cura Pérez’, jefe del ELN, en compañía de sus colegas Azucena Liévano y Juan Vitta, los camarógrafos Richard Becerra y Orlando Acevedo, y del periodista alemán Hero Buss. En junio de 1994, Aldemar Bustos Tafur fue condenado a 20 años de prisión por el secuestro de los periodistas: Diana Turbay, Azucena Liévano, Juan Vita, Hero Buss, Richard Becerra y Orlando Acevedo.
Carolina Hoyos Turbay –hija de Diana Turbay Quintero y Luis Francisco Hoyos Villegas– es comunicadora Social – Periodista. Directora de la Fundación Solidaridad por Colombia. Fue Viceministra de Comunicaciones, columnista del Diario La Patria (1991), directora de la Revista News (1992), representante del Gobierno Nacional ante la Comisión Nacional de Televisión, reportera y presentadora en Todelar, Radio Súper, Noticiero Colombia al Día y el Noticiero Telematinal, secretaria Privada en el Ministerio de Comunicaciones (1996-1997), directora de las emisiones de lunes a viernes del Noticiero Nacional y del informativo nacional fines de semana y festivos (1998). Autora del libro ‘Desde el fondo del mar: Así me recuperé del asesinato de mi mamá’, Editorial Aguilar.
Miguel Hoyos Turbay –hijo de Diana y Miguel Uribe Londoño– es abogado con Magíster en Políticas Públicas– es candidato a la Alcaldía de Bogotá (con aval de los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático y Colombia Justa Libres). Fue secretario de Gobierno de Bogotá (2016-1018) y concejal (2012–2015).
El nueve de agosto de 1994 fue asesinado el periodista y abogado Manuel Cepeda Vargas por sicarios le dispararon cuando se encontraba a dos cuadras de su hogar, en la avenida de las Américas, barrio Mandalay, localidad Kennedy, en Bogotá DC. Cepeda Vargas era Representante a la Cámara, por la Unión Patriótica.[13] Años después, durante sesión solemne del Congreso de la República, el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, reconoció en nombre del Estado que el asesinato había sido perpetrado "por agentes del Estado en complicidad con paramilitares” y que la justicia colombiana había sido “incapaz de encontrar y juzgar a los responsables de este crimen".[14]
Iván Cepeda Castro –hijo de Manuel Cepeda Vargas y Yira Castro– es filósofo. Senador por el Polo Democrático en dos períodos (2014-2018 y 2018-2022). Fue representante a la Cámara (2010-2014). Autor del libro ‘A las puertas de El Ubérrimo’ y coautor de ‘Carranza, alias ‘El Patrón’ (con el sacerdote Javier Giraldo), ambos de la editorial Ramdom House Mondadori.
Otro hecho coincidente es que, en su mayoría, estos crímenes permanecen impunes. Cierto es que ha habido una que otra judicialización, pero no han sido establecidos con precisión los determinadores de los mismos. Falta mucho por investigar, falta avanzar para vencer la impunidad.
La pregunta que podríamos formular es: ¿sería posible que estas víctimas de la violencia, estos huérfanos de padres y madres ilustres, podrían tender sus manos para reconciliar sus vidas con sus oponentes, y más tarde, con los victimarios? Es y será una tarea difícil. Particularmente, cuando no ha imperado la justicia, cuando no han sido esclarecidos los crímenes. El deseo de las víctimas sobrevivientes es que sea establecida la verdad, la justicia y la reparación.
Napoleón Bonaparte –Le Petit Caporal–, quien no fue precisamente un adalid del respeto popular, afirmó “Sin justicia, sólo hay divisiones, víctimas y opresores”. Así es. Una injusticia incuba otra injusticia, transformándose en una cadena de desolación y oprobio. Se necesita que el aparato investigador y judicial asuma con rigor la tarea asignada por la Constitución y la ley, que el sistema judicial sea fortalecido, para que la impunidad sea controlada, y por qué no, erradicada. No hay que olvidar que la impunidad genera desconfianza en la eficacia de la justicia.
Por último, y así lo creo, “si quieres paz, trabaja por la justicia”, como sostuvo el Papa Pablo VI. Si el aparato investigador y judicial logra esclarecer los asesinatos de los padres o madres de ellos y ellas –los huérfanos y huérfanas de la violencia que hoy lideran espacios sociales y políticos–, se transitará realmente hacia la paz, y será posible comenzar la construcción de un futuro en el que la tolerancia y el respeto por las diferencias ideológicas haga parte de la cotidianidad nacional.
Sí. “Si quieres paz, trabaja por la justicia”.
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[1] Revista Uniandes, pág. 26. Consultada en: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/histcrit1.1989.02
[2] Datos del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Dirección de Investigación Criminal. Consultado en: www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082008000100005#num21
[3] Biomédica. Revista del Instituto de salud. Vol. 36 Núm. 4 (2016). Consultada en: http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v36i4.2811
[4] Sierra Restrepo, Álvaro. Especiales Semana. Consultado en: https://especiales.semana.com/especiales/escala-violencia-colombia/quienes-asesinaron-220000-colombianos.html+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
[5] Ídem.
[6] Versión consultada en BLU Radio. www.bluradio.com/nacion/helicoptero-del-papa-de-alvaro-uribe-no-era-de-pablo-escobar-dice-piloto-64147
[7] www.eltiempo.com/justicia/delitos/35-anos-del-magnicidio-de-rodrigo-lara-bonilla-355180
[8] El Tiempo. Versión consultada en: www.eltiempo.com/justicia/delitos/35-anos-del-magnicidio-de-rodrigo-lara-bonilla-355180
[9] Versión consultada en El Espectador. ‘Crimen de Luis Carlos Galán es un delito de lesa humanidad: Consejo de Estado’. www.elespectador.com/noticias/judicial/crimen-de-luis-carlos-galan-un-delito-de-lesa-humanidad-articulo-642654
[10] Versión consultada en El Tiempo. ‘General (r) Maza Márquez pagará 30 años de prisión por crimen de Galán’. www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16758059
[11] Versión consultada en El Espectador. www.elespectador.com/especiales/el-crimen-de-carlos-pizarro-leongomez-articulo-381843
[12] García Márquez, Gabriel ‘Noticia de un secuestro’, capítulo sexto.
[13] Versión consultada en El Tiempo. www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-192026
[14] Germán Vargas Lleras (9 de agosto de 2011). «Discurso, reconocimiento público de responsabilidad del Estado colombiano en el caso ‘Manuel Cepeda Vargas’». Ministerio del Interior de Colombia.