La institucionalidad


En estos días se ha puesto en la palestra el caso de Dimar Torres. Es una situación muy grave de tortura que no basta con querer justificarla aduciendo que se trataba de un guerrillero.

Si, era un guerrillero. Sin duda alguna. No hay lugar a discusión. Pero estaba desmovilizado, debía por lo tanto, someterse a la justicia fuera la ordinaria o la JEP. Eso es lo que debemos tener claro. Cualquier otra salida es ilegítima.

Si hubiera muerto en combate, fuera claro que el Ejército colombiano estaba defendiendo la institucionalidad, tal como está consagrado en la Constitución Nacional. Pero lo que se conoce de los hechos señala que así no fue como sucedió su muerte. Hay pruebas muy claras de que fue torturado con sevicia, y eso no tiene ninguna explicación cuando se dice defender la legalidad.

Las acciones de guerra, que son siempre en circunstancias extremas, tienen una reglas claras consagradas en la Convención de Ginebra. Lo demás, los excesos que tienen que ser castigados duramente.

De allí que un ministro está en la obligación moral de defender el orden establecido y no le es viable, bajo ninguna consideración no ir al fondo de un asunto tan confuso como lo que ocurrió con Dimar Torres. No investigar y, por el contrario, justificar los hechos no es propio de gente comprometida con la democracia ni mucho menos con la corrección moral que se debe tener en estos casos.

El abuso de autoridad, venga de donde venga, es un hecho execrable que no puede permitirse y mucho menos esconderse. Lo que ha hecho el Ministro de Defensa, habla muy mal de una persona que debería tener, como principal cualidad sentido de humanidad y de estricto cumplimiento de las leyes. No se puede ser uno de los mayores representantes de la institucionalidad del Estado colombiano y, al mismo tiempo, practicar el encubrimiento.

En Colombia los funcionarios deben tener plena conciencia de que ellos están en la legalidad. Cualquier otra actitud debe ser motivo inmediato de rechazo social y un presidente debe obrar también de acuerdo con los principios morales que nos rigen.

No es posible que se cuestione así Ejército colombiano sin que Botero haga las cosas tal y conforme es su obligación moral. Esos hechos, por la injustificada violencia con que se dieron, deben ser esclarecidos de manera amplia y satisfactoria. Cualquier otra salida no es obrar en derecho y no hacerlo implica violar lo más sagrado de una democracia: la limpia imagen que deben tener sus instituciones. Este caso no da espera.

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