El problema de la educación en Colombia es uno de los más graves que aqueja a la totalidad de la población. No es reciente y desde hace décadas se viene notando que no mejora sino, por el contrario, empeora. Evidentemente la situación es muy preocupante puesto que el país tiene unos de los peores niveles de instrucción del planeta.
La pregunta que surge de inmediato es: ¿Cuál es el motivo de semejante resultado tan deplorable? Lo que salta a la vista es un hecho irrefutable: desde hace décadas los diversos gobiernos, sin importar sus tendencias ideológicas, han olvidado que la educación es prioritaria para el desarrollo del país. Por eso, irresponsablemente, han distraído sumas de dinero muy grandes en asuntos que no son fundamentales, mientras los que sí lo son, como la instrucción pública, la salud, el empleo y la vivienda dignos son dejados de lado.
Es bueno recordar que cuando se habla de educación pública hay que detenerse frente a lo que está consignado en la Constitución colombiana, en el artículo 67: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los bienes y valores y valores de la cultura…” Y agrega más adelante: “La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin prejuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia, con el fin de velar por la calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiamiento y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”.
Ahora bien; detengámonos a analizar lo que se plantea en nuestra Carta Fundamental para así entender que mientras no haya un cambio profundo, significativo en las mentalidades de quienes detentan el poder, no podremos tener una sociedad digna y equitativa. Es, por lo tanto, nuestra responsabilidad exigir, no pedir, que dicho cambio se establezca de inmediato y que se garantice que se prolongue en el tiempo hasta tanto nuestros estándares educativos no cumplan con los parámetros internacionales de excelencia. Muchos países en el mundo ya han aceptado este desafío y Colombia no puede quedarse rezagada. Es un deber de todos y cada uno de nosotros buscar salir del atraso. No podemos considerar aceptable que sigamos siendo la referencia mundial de violencia e ignorancia.
Por eso hay que decirlo sin ambages: el actual gobierno está violando la Constitución de manera grave. Se olvida de la función social de garantizar a los habitantes del país el acceso al conocimiento. Es evidente que al no otorgarle los recursos necesarios está faltando a su compromiso de manera aleve. El señor presidente de la República olvidó muy rápido, que hace escasamente cien días cumplidos juró acatar todo lo dispuesto en la Carta fundamental y las leyes. Se trata de un servicio público, lo que quiere decir que es responsabilidad de todos los gobiernos garantizar que se consiga este propósito con total eficacia. Está faltando a la palabra que empeñó al asumir la Primera Magistratura del país. No debía ser necesario que nadie le reclamara nada. Sin embargo, su incapacidad y carencia absoluta de decisión de mando se ponen de manifiesto cuando no se apersona y ordena una solución pronta, sino, por el contrario, contradice toda responsabilidad, dilata el asunto y cree que a punta de sonrisas se acallan los ánimos y que, como por encanto, los centros educativos saldrán de las situaciones caóticas en que se encuentran sumergidos. No es un favor, es una obligación.
Hay que hablar claro. No se trata únicamente de que se aumenten los cupos o de que la planta física se mejore notablemente. Aunque estos dos aspectos son importantes, no son los únicos. Paralelamente se debe buscar que la juventud se forme bajo los parámetros universales de la excelencia académica. Siempre, como en todos los aspectos de la vida, se hace necesario apuntar a los estándares más altos. Desde hace varias décadas se ha venido bajando la calidad de la educación colombiana de manera aterradora. Es, precisamente por eso, que nuestro país se encuentra estancado y se presentan tantos problemas de diversa índole, con los consecuentes malos resultados en todos los aspectos relevantes de la vida ciudadana.
Cuando no se les da el presupuesto necesario a las universidades públicas, no únicamente se lesiona a la posibilidad de progreso a los estudiantes. Lo más grave es que se le niega a COLOMBIA ENTERA salir adelante.
Sólo el fomento a la investigación científica, tecnológica o en el campo de las ciencias sociales hace posible que una sociedad avance. Pero en nuestro país eso parece no haberse entendido aún.
Pongamos un solo ejemplo de cómo se atenta contra el progreso del país: Las facultades de medicina deben cumplir funciones no sólo de formación académica sino de proyección a la comunidad en general. Por lo tanto, para lograr una amplia de cobertura es necesario contar con profesionales idóneos capaces de llevar a cabo programas de prevención y educación de los más elementales principios de higiene. La población más vulnerable tiene derecho a que su vida sea menos miserable, gracias a que se les brinde, a muy bajo costo, servicios hospitalarios y de profesionales altamente capacitados. Paralelamente a la formación en las aulas, los futuros médicos y otros profesionales de la salud, requieren poner en práctica lo aprendido. Por eso, es indispensable que se desarrolle investigación y que se cuente con los últimos adelantos tecnológicos. Nada de esto es posible si no se cuenta con los recursos económicos que se necesitan para estar a la vanguardia de los adelantos.
Vale la pena recordar que muchos hospitales universitarios fueron cerrados en el gobierno del mal llamado “gran colombiano”. Los resultados negativos de este torpe accionar los conocemos bien. Para clausurar un hospital basta un plumazo, para abrirlo de nuevo se necesitan billones de pesos. Así que los malos resultados que nos empobrecen como nación saltan a la vista. Al permanecer indiferentes los ciudadanos del común se está avalando el atraso y la barbarie. Así de sencillo.
Ahora bien, ya se cumple un mes de las marchas estudiantiles y no se nota avance ninguno en el supuesto diálogo entre los miembros de este gobierno y los educandos. Un mes estéril para el progreso. Y debemos preguntarnos: ¿Cuándo veremos humo blanco? Ya basta de disculpas presidente Duque. Es prioritario solucionarlo. Es usted el que tiene la respuesta no sus ministros. Así de claro. O acaso, ¿Cuándo se posesionó desconocía la problemática educativa de Colombia?