Las Cortes otra vez acaparan la prensa y los magistrados se pronuncian más en medios y menos en providencias.
La reciente entrevista de los doctores Barceló y Gutiérrez no es la primera dada por magistrados de Altas Cortes a la sombra de un escándalo: así lo hicieron Ricaurte, Malo, Pretelt y otros. La diferencia es que esta se centró en los contenidos de las decisiones judiciales tomadas en procesos adelantados por ellos mismos. Que unos magistrados deban salir a argumentar las razones que fundamentan sus actuaciones en un proceso específico resulta una vergüenza tanto para los magistrados como para la institucionalidad. Como nos decían en la casa, eso no se hace.
Si la intención era descalificar a los defensores que intervienen en ese proceso en particular, debieron guardar silencio porque las decisiones de los jueces (todos) se toman en derecho y haciendo uso de las potestades que tienen, no atendiendo a circunstancias externas. En otras palabras: si un trino es capaz de tumbar una sentencia, lo que está mal es la sentencia, no el trino.
Si la idea era evidenciar el manejo mediático que hay alrededor del proceso del Presidente Uribe y quejarse en público por los señalamientos que sus partidarios les han hecho, demuestra que les quedó grande la responsabilidad encomendada.
La idea de que hay un complot en contra de la Corte Suprema es una tesis torpe y absurda. Ha sido la conducta procesal y extraprocesal la que se ha encargado de afectar la Justicia n su conjunto y ello no ha sido gratuito: hace parte de una reacción mínima frente a los exabruptos del activismo judicial que ha empañado su transparencia, activismo que ha sido proclamado y reivindicado por diferentes funcionarios judiciales en distintos ámbitos como si fuera un derecho y no una violación a la ética y los principios del juez.
No es posible achacar las causas de esta crisis únicamente al carrusel de cargos y pensiones que fue tan difícil identificar por su secretismo. Tampoco al excesivo garantismo que ha permitido que tanto hampón reincidente esté en la calle, que a su vez genera a reacción ciudadana de tomar represalias por mano propia, con linchamientos y golpizas que además son de amplia difusión en redes como si fuera algo “pedagógico” y que debería generar sanciones ejemplares tanto para los linchadores como para los jueces laxos.
Las sentencias ya no tienen sólo contenido jurídico. Hoy incorporan actos de orden legislativo al reglar materias que son privativas del Congreso. Más recientemente han sido meras manifestaciones del Ejecutivo de turno, con la disculpa de “la justicia no puede ser obstáculo para la paz”, que lograron convertir al Congreso en una notaría.
También han servido como herramientas de persecución. Al increíble caso de Andrés Felipe Arias, condenado injustamente y solicitado en extradición con base en un tratado que no rige en Colombia, se suma el de Luis Carlos Restrepo, a quien le otorgaron asilo político precisamente por ser víctima de la misma injusta persecución, y no en cualquier país: en un país serio.
Esta larga cadena de escándalos se extiende a otros no menos graves, como el del cartel de los falsos testigos, el de favorecimiento carcelario a ciertos reclusos con alta capacidad corruptora y los desfalcos a las pensiones, la salud y los educadores, en evidente abuso de las acciones de Tutela.
Todo esto se complementa con el cuestionable pronunciamiento de la Presidenta de la JEP con motivo de una inspección judicial ordenada por la Fiscalía sobre un expediente. Esa actividad no es un 'allanamiento', ni constituye de manera alguna invasión arbitraria de competencias. La Fiscalía puede ejercer funciones de policía judicial incluso frente a todos jueces y funcionarios judiciales que estén siendo investigados, sin importar su rango o condición, en cumplimiento del artículo 250 de la Constitución Política.
La pataleta altisonante, excesiva y exagerada del comunicado de la magistrada Linares parece querer sustraer las actuaciones de funcionarios y contratistas de la JEP que han sido imputados por irregularidades beneficio de miembros de las Farc que hoy nadie sabe ni dónde están.
Todo este escenario de inseguridad e inestabilidad jurídica era impensable en otros tiempos más aciagos, ni siquiera cuando la amenaza y la mano corruptora del narcotráfico logró crear La Catedral para Pablo Escobar. ¿Será esta una crisis pacientemente provocada por quienes tienen interés en llevarnos al incierto escenario de una asamblea constituyente que les permita refundar la patria a la medida de sus intereses?
Es hora de darnos cuenta que la dirección escogida para solucionar el problema no puede estar en manos de quienes asesoraron desde afuera al gobierno anterior en la confección de esta debacle judicial. El gobierno debe reformular esquemas y ponderar rápida y objetivamente algunos nombramientos en cargos claves, además de seguir apoyando las investigaciones a quienes desde la misma Rama Judicial quieren continuar imponiendo esa falsa quimera a la cual el país le dijo NO.
Ñapa: Que se confunda la lucha contra la producción industrial de narcóticos, cuya cadena criminal sólo genera muerte y miseria, con las medidas para reducir el consumo y rescatar el tejido social afectado, afirmando que ambas cosas están condenadas al fracaso y que la salida es ampliar la legalización ya existente, es un crimen perverso que refleja (otra vez) el mismo facilismo que permitió venderle a algunos la idea de una paz falsa, injusta e inestable, esa que ahora hay que remendar.