Cero y van dos veces que preguntarle directamente al pueblo lo que quiere resulta adverso a los intereses de los promotores. La primera vez fue con el Plebiscito, que terminó siendo olímpicamente desconocido por el gobierno y la segunda con la Consulta Verde, que no alcanzó el umbral.
Para comprender lo que está sucediendo hay que entender que el pueblo no es bobo cuando vota. Puede ser que una parte crea en discursos, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.
Es claro que ambos eventos tienen dos denominadores comunes: en primer término, preguntar lo obvio; y en segundo, que las maquinarias que se movieron para capturar votantes en favor del resultado esperado usaron todos los medios a su alcance para embaucar a la opinión.
En mi opinión resulta ofensivo que haya periodistas, opinadores y guerreros del teclado en redes que se atrevan a afirmar que una Nación entera votó en contra de la paz y en favor de la corrupción. Afirmar tal desfachatez es un insulto a la inteligencia y un intento descarado de manipular a la gente. A nadie le gusta la guerra y a nadie le gusta la corrupción. Punto.
Cosa muy distinta es decir que el Plebiscito le dijo NO a las condiciones negociadas en La Habana y que la abstención a la Consulta es la manera de expresar que la ciudadanía entendió que lo que allí se preguntaba ya existe en la ley o que era ineficaz, por requerir una reforma constitucional que una consulta popular no puede lograr. Simple.
Pero la “recomposición de fuerzas políticas”, que es el trasfondo más perverso de la administración Santos, nos ha llevado a un escenario enrarecido donde discursos más o menos populistas hacen su agosto, ayudado por el lenguaje farragoso y desmedido de quienes pretenden hacer fiestas con la institucionalidad y el estado de derecho.
Considero que personajes como Claudia, Angélica, los Gustavos y otros patilleros menos verdes, optaron por apoderarse (en vez de empoderarse) de temas que deberían resolverse con medidas positivas y eficaces, sin malgastar presupuesto público en espectáculos de claro tinte electoral.
Creo igualmente que el engaño disfrazado de buenas intenciones y adobado con dosis calculadas de gritos, insultos y calumnias, no deja de ser un engaño. Y pretender que sean los perdedores los que reivindiquen tener un “mandato ciudadano” como resultado de perder un evento electoral, es el colmo del cinismo. Así no se construye paz.
Adicionalmente, parece que es hora de plantear un debate serio sobre la 'cartelización' de la opinión en los medios masivos. La comunicación ha sido un elemento clave para aclimatar los recientes escenarios electorales y la progresiva pérdida de credibilidad y confianza se ve reflejada en la reciente encuesta Gallup: la opinión favorable hacia los medios, que oscilaba entre 60% y 82% durante las administraciones de Pastrana y las dos de Uribe, se ha precipitado a un preocupante 49% por cuenta de la mermelada santista. Hoy los medios masivos cumplen con el deber de informar, pero la censura “suave” o indirecta sigue haciendo estragos.
No es posible entender que, tras ocho años de insularidad y evidente aislamiento de la crítica a las políticas de Santos, sigan los mismos con las mismas diciendo las mismas cosas y acallando otras para proteger la pauta y el rating. Y tampoco es posible que las amenazas, las injurias y el amedrentamiento sean el mecanismo favorito para amordazar a los periodistas que le jalan a mirar y decir las cosas de manera equilibrada e independiente.
Es por eso que se ha desbocado el lenguaje y la agresión en redes sociales. Que allí la gente diga lo que le dé la gana es una cosa, pero otra bien distinta es que haya grupos organizados dedicados a manipular, distorsionar y crear caos y confusión. En este aspecto, la sentencia de la Corte es un loable esfuerzo, pero faltan mecanismos adecuados para sancionar a quienes abusan de los derechos que nos amparan, sin aceptar que de ellos se derivan obligaciones y deberes.
Pasando a otro tema, todo indica que gracias a los fallos salomónicos que ha ido produciendo la Corte Constitucional (el último de los cuales ya mide 820 páginas que aún no conocemos, porque las firmas se demoran dos o tres meses en recogerse), la reforma a la JEP también se hace más y más necesaria.
La atribución de competencias para juzgar delitos atroces a los que resulta imposible encontrarle conexidad alguna con el delito de Rebelión, sigue sin ser explicada y los argumentos que la sustentan son cada vez más procesales que sustanciales, reduciéndose a ser una interpretación del Acto Legislativo para la Paz. A pesar de todo, ya va viendo que hay mucho trecho entre los comunicados de la Corte y el contenido de las sentencias, a veces para mejorar, otras no tanto. Pero la esperanza de Paz con Justicia no se apaga.
Ñapa: Que el doctor Alejandro Linares, presidente de la Corte, haya dicho que “un Acto Legislativo se cambia con otro Acto Legislativo”, es un desafío al sacrosanto ‘blindaje’ que tanto invocaron los últimos cuatro años desde Palacio. Algún día las víctimas agradecerán este gesto. Ojalá sea pronto.
@rafagonzalez64
}