El gran escándalo desatado por el evidente peligro en que están varios municipios y terrenos agrícolas y ganaderos de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar ante la posibilidad de que la represa de Hidroituango se desborde debido a una obstrucción en sus túneles de desviación del río Cauca, hace que los colombianos exijamos explicaciones claras y contundentes. Igualmente es indispensable que se apliquen castigos ejemplares y muy severos a todos los posibles responsables directos o indirectos de semejante amenaza. No nos pueden seguir mintiendo. Sostener que este desastre todo se debe exclusivamente al río y no que tienen culpa ninguna los humanos es además de pueril, irresponsable y muy perverso.
Un proyecto de semejante envergadura no se debe construir sin una estricta supervisión estatal, sin clausulas muy claras en el contrato, con una interventoría altamente ética y con conocimientos sólidos de los estándares internacionales. Es evidente que lo prioritario era respetar el entorno natural y prever al máximo que ocurriera cualquier eventualidad que pusiera en peligro a un grupo significativo de colombianos. Esta no ha sido una obra civil de pequeña monta. Por lo tanto, no se podían dejar cabos sueltos. Era fundamental que todos estos aspectos en la licitación no se pasaran por alto. No hacerlo o hacerlo de manera deficiente implica, por lo menos, una falta muy grave, ya que como se sabe, se ha puesto en riesgo a una amplia parte del territorio nacional que se nutre de las riberas del Cauca, así como miles de personas y seres vivos.
Sin embargo, por los manifestado por las otras empresas interesadas, que en el momento oportuno expresaron su descontento, existen claros indicios de que esa licitación no fue otorgada con total transparencia. Y esos hechos no se pueden considerar sin importancia. Lo que conoce la opinión pública es que se cambiaron las condiciones que debían cumplir los proponentes y que finalmente, después de muchos actos administrativos no muy claros y tampoco satisfactoriamente explicados, se le adjudico tamaña construcción a la firma brasilera Camargo Corrêa que tuvo como única oponente en la muy cuestionada licitación a Oderbrecht.
Es apenas elemental concluir que hay motivos de sobra para que actualmente la Fiscalía General de la Nación haya iniciado una investigación debido a una serie de irregularidades que se encontraron. Así las cosas, hay que exigirle al doctor Néstor Humberto Martínez que se apersone efectivamente de este asunto tan delicado y grave, donde un amplio sector de la población colombiana puede resultar gravemente afectada, lo mismo que los terrenos que están en riesgo de inundarse y así como los cultivos, semovientes y demás seres vivientes que existen en esa zona del país. Esclarecer las circunstancias bajo las que firmó el contrato que anteceden a la construcción de Hidroituango es urgente. Hay que atar tantos cabos sueltos que existen en este caso. Por lo tanto, es hora de enfrentar que no se puede ni debe omitirse la responsabilidad tanto contractual, como económica y penal si hay lugar. Toda Colombia no puede permanecer en la ignorancia. Es un deber nuestro proteger la vida por encima de todo y eso no es negociable. Se debe hablar con la verdad y es ahora. Mañana es tarde.
A todo esto, hay que sumarle una pequeña reflexión. Como es bien sabido, la represa de Itaipú es la mayor del mundo y fue construida gracias a una alianza binacional entre Brasil y Paraguay. Dicha obra que ha sido toda una hazaña de la ingeniería no fue realizada por profesionales brasileros y paraguayos sino por una empresa estadounidense. Cabe preguntarse, entonces ¿por qué no se procedió de manera similar en Hidroituango? Era más sensato buscar un proponente mucho mas confiable. Acá se trataba del más grande proyecto hidrográfico de la nación. Pero no, había que improvisar siendo fieles a las costumbres colombianas.
Desde el día en que se presentaron los primeros hechos, hace más de 15 días, se han vivido momentos muy angustiantes para todos. Sin embargo, las EPM no han sido ni claros ni directos. Un día dicen una cosa y al siguiente la opuesta. Hablan de estar superando la emergencia mientras un par de horas más tarde declaran que han surgido otros inconvenientes. Varios gobernantes de las posibles zonas afectadas han venido expresando sus preocupaciones, pero pareciera que le hablan al aire. Hasta hoy no les proporcionan información confiable ni tampoco buscan soluciones para sus bien fundamentadas preocupaciones. Tanto el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez como el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, con razones de sobra, se han mostrado muy molestos frente a la indefinición de los directivos de la represa y también de las autoridades nacionales, que no han dispuesto un presupuesto ni un comité nacional de emergencia, preparado para actuar de inmediato, en el caso de que se comiencen a desbordar las aguas. Sus cuestionamientos se basan en la realidad.
Es bien sabido que, en este país, cada vez que se presenta un desastre natural, se hacen muchas promesas, por parte del gobierno central, que jamás se concretan. Los mandatarios regionales, por lo tanto, tienen el legítimo derecho de buscar soluciones prontas y efectivas ante este peligro de grandes proporciones. Ellos asumen algo elemental: Tienen el compromiso de proteger la vida y bienes de los posibles afectados. Saben muy bien que adquirieron una responsabilidad política frente a su electorado y que si semejante tragedia llegara a producirse se cuestionarían sus actuaciones, pudiendo, incluso, ser investigados por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
Pero aun así las explicaciones requeridas no llegan…Y, ¿las EPM siguen creyendo que debemos considerarlos muy serios?
Hace un par de días el presidente Santos nos informó que la situación seguía siendo muy grave. Posteriormente se declara la alerta roja. Ese en un paso importante en la prevención. Pero el silencio o las declaraciones a medias de los administradores de la represa sigue sin satisfacer los interrogantes que surgen frente a lo que es notorio: En Hidroituango hay un aire turbio, confuso, una serie de verdades “a medias” que deben aclararse. No es posible que se tenga a un país en vilo, mientras unos ejecutivos poco comprometidos con Colombia no dan la cara.