Derivada de la costumbre medieval de la hospitalidad, la petición de santuario consistía en que cualquier oprimido o perseguido por una autoridad civil podía acogerse a la protección de iglesias, monasterios u otros lugares de culto cristiano con el propósito de salvaguardar su vida y buscar un trato más misericordioso por parte de la justicia terrenal.
El respeto a los templos “blindaba” al criminal de ser aprehendido y permitía que se intercediera en busca de clemencia.
No se trata de una institución exclusivamente católica y tenía orígenes más antiguos. En Roma el emperador Arcadio ya establecía que este amparo solo conllevaba la intervención del obispo correspondiente para proteger a los desvalidos contra la injusticia y violencia de sus opresores, pero no impedía el castigo al delincuente acogido a sagrado. Por su parte, el Código de Justiniano precisaba que solo protegía a los oprimidos, no a los delincuentes; y según San Agustín, la clemencia otorgada dependía de la pública enmienda de los delincuentes a través de penitencias.
Mas tarde este tipo de amparo fue parte importante de los tratados que suscribe el Vaticano con los estados modernos, los Concordatos. Allí se incorporaron algunas restricciones, como en 1737 cuando el acordado entre Felipe V de España y el papa Clemente XII diferenciaba las iglesias católicas en “templos de asilos” e “iglesias frías” donde solo se podría invocarse si estaba expuesta la imagen del Santísimo. Más tarde, el papa Clemente XIII excluyó de este derecho a los asesinos.
Ahora algo está cambiando. En Colombia es el propio gobierno quien pide santuario para un incómodo criminal que ha posado por décadas como guerrillero y que de manera repentina aparece vinculado a actividades de narcotráfico y pedido en extradición por una Corte de los Estados Unidos.
Al parecer, la evidencia es tan apabullante que la reserva que la ampara por mandato legal ha sido respetada con especial celo, cosa curiosa en un país donde los procesos y las pruebas se filtran con particular facilidad.
El caso es que después de permanecer unos días en la Penitenciaría La Picota, el señor Santrich se declaró en huelga de hambre. Después de romper todos los récords de resistencia, fue trasladado a un hospital donde se comprobó que había perdido cinco kilos de un mes, cosa que es capaz de lograr cualquier parroquiano con una buena dieta, sin correr ningún riesgo.
Sin embargo, y ante la alharaca mediática, terminó siendo alojado en una fundación regentada por la iglesia católica, irónicamente llamada “Caminos de libertad”, que de ninguna manera es ni un templo católico, ni una legación diplomática. Su director (un cura) ha declarado la ascética condición de la habitación donde Santrich hoy guarda un silencio que contrasta con sus desafiantes declaraciones de hace unos meses.
La decisión de otorgar a Santrich un manejo carcelario muy diferente a todos los demás ciudadanos solicitados en extradición ha provocado reacciones muy fuertes dentro de la iglesia, sin que ello implique que se haya violado el deber de obediencia exigido a los sacerdotes.
Ante el escándalo, monseñor Oscar Urbina, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Villavicencio, ha expresado que “La Iglesia está llamada a actuar con el espíritu del buen samaritano del Evangelio; a ser hospital de campaña. Con este gesto humanitario, la Iglesia no desconoce, ni aprueba, ni es cómplice o ingenua frente a los hechos que la justicia debe investigar”.
Es momento de decirle a monseñor Urbina que la opinión pública tampoco es ingenua y que está más que comprobada la complicidad de la iglesia católica con las intolerables prerrogativas que le otorgan a las Farc los acuerdos firmados por Juan Manuel Santos, los cuales hoy hacen agua por cuenta de los desafueros que están generando y que algunos ministros creen que pueden resolverse con pequeños ajustes de último momento.
Y hay que dejar en claro que no hay razón para equiparar la situación a la de un “hospital de campaña”, ni aplicar la norma humanitaria que protege a heridos, enfermos o náufragos en combate.
Es hora de que empiecen las citaciones y las mociones de censura en el Congreso contra los funcionarios que han sido protagonistas de este tipo de artimañas. Por mucho que los ministros y la iglesia lo nieguen y pataleen, darle a Santrich un trato desigual y preferencial, es una descarada sinvergüencería y un insulto al sentido común.
Ñapa: En mayo hay que ganar en primera vuelta. Lo demás se nos complica.
Hasta luego: Se ha ido para siempre Tom Wolfe. Nos ha dejado la “Caldera de las vanidades” para acordarnos en qué mundo nos tocó vivir y cómo decir con buen estilo que las cosas no están como deberían ser.