La historia ha demostrado que una democracia está en declive cuando la Justicia es incapaz de impartirse de manera eficaz e imparcial. También se ha visto que la peor corrupción del sistema democrático ocurre cuando el aparato judicial se presta para legislar y coadministrar, afectando la separación de poderes que hace que el sistema de pesos y contrapesos actúe.
Un buen ejemplo de estas aberraciones es lo que está sucediendo con la Justicia Especial para la Paz (JEP). El sainete de la renuncia del Secretario General y el lance recíproco de acusaciones con la magistrada que funge como Presidenta de la JEP, va desnudando la cruda pelea de poder y contratos que allí subyace. Hasta ahora libre de imprecaciones, el intercambio parece menos digno que lo que el lenguaje popular describe como “una pelea de marchantas”. Mientras tanto, la nómina JEP crece y crece y crece...
Todo esto transcurre mientras se espera que alguna instancia determine si la JEP será o no un obstáculo adicional para poder extraditar al hoy recluso ‘Santrich’. El gobierno se lava las manos con la tarea que deba emprender su sucesor en este y demás aspectos desastrosos heredados de lo acordado entre Santos y las Farc, a la espera de que se produzca el fallo de la Corte sobre la viabilidad y reglamentación de la JEP.
Lo cierto es que para verificar si las pruebas contra ‘Santrich’ demuestran que estaba traqueteando antes o después del 1 de diciembre de 2017, la JEP se va a tomar los 120 días completos que tardará la Sala de Revisión en asumir lo que “por competencia le corresponde”. Si eso es para revisar unas fechas, ¿cómo será para definir responsabilidades?
Mientras tanto, en la arena de la campaña electoral, la manipulación grosera que ha pretendido hacer Humberto de la Calle al utilizar en caso ‘Santrich’ para intentar acabar con la extradición y establecer en Colombia el refugio ideal para criminales y terroristas urgidos del amparo de una impunidad oficializada, es una vergüenza de talla internacional.
A De la Calle hay que reconocerle su descarada coherencia: cuando la Asamblea Constituyente de 1991 votó por abolir la extradición para beneficiar a Pablo Escobar, el entonces ministro de Gobierno de la administración de César Gaviria salió orondo a decir que “la política de sometimiento a la justicia y la lucha del Ejecutivo contra las drogas continuarán sin modificación alguna” y que “aún quedan otros elementos de persuasión: la rebaja de penas, la figura que implica un tratamiento menos riguroso para quienes aceptan el fallo de los jueces colombianos y la acción permanente de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico... Todos esos elementos nos permiten confiar en que la política de sometimiento a la justicia seguirá siendo fructífera y exitosa”.[1]
La experiencia de La Catedral y el reguero de muertos que dejó el narco terrorismo en todas sus versiones, nos deja claro cuán “fructífera y exitosa” fue la política de ese y otros gobiernos que lo sucedieron, especialmente el de Ernesto Samper de quien Humberto de la Calle fue vicepresidente.
A veces el desequilibrio institucional beneficia a los enemigos de las instituciones; otras terminan favoreciendo a quienes que, habiendo hecho parte de la institucionalidad, ya no tienen nada que perder. Hoy en Colombia están sucediendo ambas cosas simultáneamente. ¿Habrá justicia para ellos?
Pasando al tema de las encuestas, hay otro escándalo en ciernes con el empate técnico entre Duque y Petro fabricado por un engendro llamado Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - Celag. La página web[2] del Celag lo pregona como un centro de investigación cuyo objetivo es “elaborar saberes e instrumentos para entes decisores de políticas públicas, estrategias electorales o acciones sociales”. Integrado por una caterva de mamertos “con más cartones que un tugurio”, aparece regentado por Alfredo Serrano Mancilla (a quien el dictadorzuelo Maduro ha llamado “el Jesucristo de la economía”) y actúan como alfiles del partido político español "Podemos" (el mismo de Pablo Iglesias) y del ex presidente y próximo presidiario Rafael Correa (quien es miembro del Consejo Consultivo de Celag y profesor invitado en los cursos que promocionan), haciendo alarde en sus publicaciones del chavismo más recalcitrante en sus políticas económicas.
Lo mejor del cuento es que ni siquiera es una firma encuestadora, carece de registro como tal ante el CNE, pero realiza mediciones sobre intención de voto en Colombia. Y Petro trina feliz los resultados de Celag, mientras patalea por desmarcarse y negar su ascendente chavista y madurista.
¿Será que con todos esos validadores en temas de Justicia, Política y Opinión habrá oportunidad de encontrar algún aporte en términos de rescate y construcción de una democracia republicana en Colombia? Lo dudo mucho.
El 27 de mayo tendremos la opción de elegir a quienes pueden remediar los males que amenazan no sólo la institucionalidad sana, sino la noción de Nación que queremos. No vacilemos en escoger la mejor alternativa.
Ñapa: ¿Los "gastos reservados" de los contratos de LaPaz y los pagados por Noruega, se conocerán a través de la auditoría ordenada por el mismo Gobierno? ¿o serán evidenciados con más revelaciones irrefutables que le aporte el gobierno norteamericano a la Fiscalía?
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[1] El Tiempo: “Fin de la extradición: 51 a favor, 13 en contra”. 20 de junio de 1991. Disponible en línea en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-107027
[2] Véase: http://www.celag.org