La distorsión de la realidad colombiana es cada vez más dramática y confusa.
Resulta delirante haber visto al mono Jojoy elevado a la excelsa categoría de "defensor de los humildes" y después enterarnos que Alfonso Cano es hoy el ilustre "arquitecto de la reconciliación". Sólo faltaba enterarnos por boca de Santrich que El Paisa es un irrestricto "militante de la Paz".
Es oportuno recordar que para el “amnistiado” Santrich las modificaciones del acuerdo Santos - Farc en el Congreso son “asquerosas” y que en su docto concepto, cambiar una sola coma dizque viola el principio de derecho internacional que obliga a los estados a honrar sus compromisos. Tal vez por eso les parezca adecuado candidatizar a Timochenko a la Presidencia, cuando aún no se recupera de su accidente cerebro-vascular.
Por su parte, el presidente Santos nos informa que las objeciones del Fiscal Martínez son obra de una mala comprensión de lectura. Que si las tuviera en cuenta, para acabar con los cultivos ilícitos le tocaría meter a 400 mil campesinos a la cárcel. Que es mejor cambiar el criterio y decir que los cocales de menos de 38.9 hectáreas ya no son cultivos industriales.
Así mismo y con total altanería, le responde a 13 Premios Nobel de Ciencias que ellos no entienden su sistema de financiar la investigación científica con plata de las regalías. Y que además recibe cartas de respaldo de Trump, de las cuales sólo se conoce la traducción de su propia oficina de prensa.
Mientras tanto, en el 'debate' de la Ley del monopolio de las armas en el Congreso los reparos a que no se prohibieran los grupos guerrilleros a la par de los paramilitares, fueron simplemente inatendidos. A pesar de que eso ya está proscrito en la ley, había que darle gusto a las Farc porque “eso dicen los acuerdos”. Esos mismos que nadie -excepto ellos- comprenden.
Vale decir que el proyecto estuvo a punto de hundirse por falta de votos afirmativos en el fast-track, pero a último minuto aparecieron cinco senadores conservadores que lo aprobaron tal cual lo necesitan las Farc para activar su pequeña “gestapo” contra quienes se les atraviese en su carrera por el poder.
Esa persecución seguramente incluirá a todos quienes los hemos llamado “asesinos”, hecho que pretenden solventar a través de tutelas tramitadas ante los mismos jueces que no les sirve que los juzguen a ellos. Macondo.
Simultáneamente se conoció la decisión del Consejo Nacional Electoral -CNE- de otorgarle personería jurídica al grupo que en nombre de las mismas Farc recibirá los exorbitantes apoyos del estado para hacer política.
Ese extraño “tribunal” del CNE, que tiene solamente funciones de carácter administrativo y no jurisdiccional, donde hay unos funcionarios que ostentan la calidad de 'magistrados' sin pertenecer a la Rama Judicial y sin tener categoría superior a la de un juez, acaba de habilitar a los directos sucesores de un grupo terrorista para ser elegidos en cargos públicos, sin importar si cometieron o no delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, sin comparecer ante jurisdicción alguna para reconocer responsabilidad ante las víctimas, sin reparación alguna y sin pagar un día de cárcel por ello.
Mas grave aún: permanecen en condición de terroristas en los listados que se elaboran en cumplimiento de instrumentos y convenios internacionales de lucha contra el crimen organizado, identificados con la misma sigla “Farc” y caracterizados en su organización interna por los mismos jefes que hoy pretenden llegar al Congreso y a la Presidencia a cualquier costo.
Pese a que sólo se conoce el sentido del fallo, habrá que esperar a conocer su contenido. Sin embargo, por elemental respeto con las víctimas y como medida de reparación y garantía de no repetición de sus crímenes (aún pendientes de ser reconocidos y confesados ante la entelequia de la JEP), por lo menos debería proscribirse el uso público de la tal sigla. Al fin y al cabo, ya sabemos bien quienes son las Farc y qué pretenden lograr.
Una verdadera democracia republicana debe poder contener estos desafueros, que son mucho mas que simples desafíos a la institucionalidad o meras trampas discursivas. Son en sí mismos negaciones del pluralismo democrático participativo, focos de más corrupción y semillas de nuevas violencias, que es precisamente lo que se procurar erradicar.
No queda mas alternativa que conformar una alianza firme y eficaz que venza en las urnas los postulados de la izquierda populista, esa que pretende avanzar y profundizar en la implantación de un sistema de comprobada incapacidad para resolver los problemas sociales de una nación. Es hora de superar las diferencias personalistas y enfrentar en conjunto las amenazas que derivan de un proceso cuya implementación raya en lo demencial.
Ñapa 1: ¿El precio de la mermelada a los conservadores gobiernistas fue otorgarles la Dirección de la Aeronáutica Civil por 8 meses?
Ñapa 2: ¿Alguien ha logrado entender la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema calificando el delito de Cohecho como conexo con el conflicto armado interno, estableciendo tal conexidad a partir de la Política pública de Seguridad Democrática?