Era cuestión de tiempo. A nadie sorprendió que les sacaran el prontuario. Ni siquiera a ellos mismos. La imagen de los congresistas recordándole su pasado criminal a Santrich y sus secuaces, en plena audiencia sobre el tema de víctimas, sigue retumbando en medios y redes sociales.
La gritería no fue accidental: sólo responde a las provocaciones reiteradas de los jefes de las Farc, que llegan a los alaridos pidiendo eliminar a la oposición en los debates o la remoción de los miembros de mesas directivas del Congreso que estiman contrarios a sus intereses. Poco a poco las ‘Voces de paz’ se van transformando en aullidos de venganza, haciendo coro a los alaridos de quienes les abren espacios mucho más allá de lo autorizado en la Ley Quinta que regula la actividad parlamentaria. A esto se suma la torpe respuesta de un gobierno con 17 por ciento de favorabilidad, desprestigiado por la corrupción y que a duras penas recibe el respaldo de 23 por ciento en su manejo del proceso, que sale a decir que “no le gusta” el tono del reclamo.
Frente al claro respaldo que recibió la actitud de los congresistas Rodríguez y Valencia en la opinión ciudadana, poco o nada importa que Santrich se ampare en su ‘amnistía’ y amenace con acciones judiciales. Es el mismo discurso de las Farc: provocar, injuriar, desafiar, insultar y revictimizar para intentar victimizarse. Ojalá Santrich denuncie y veamos qué pasa.
Mientras esto ocurre en el Congreso, en las regiones las Farc aceptan que más de 800 ex-guerrilleros han abandonado las antiguas Zonas Veredales Transitorias de Concentración (ZVTC) donde deberían permanecer desarrollando planes de capacitación y proyectos productivos. Preocupadísimos, los mandos de las Farc se han apresurado a endilgarle al Estado esta situación por los incumplimientos en la implementación y su improvisación desordenada y desarticulada en estas estrategias.
El hecho es que el porcentaje de evadidos ya supera el 10 por ciento de los desmovilizados, sin que haya registro alguno del número e identidad de quienes se están saliendo del proceso. Ello esconde el efecto más perverso de la ley de amnistía: si salen para delinquir pero regresan, los ampara la JEP, sin importar qué tipo de crimen hayan cometido.
La verdad es que los ex-combatientes no se están yendo para la casa buscando qué hacer, sino ubicándose exactamente en los mismos corredores de movilidad que manejaban antes de concentrarse, justo donde está el 25 por ciento de las caletas que jamás entregaron y las rutas del narcotráfico.
Es oportuno preguntarnos: ¿Si para las Farc este proceso es un camino hacia ‘La Paz’, por qué se están preparando para regresar a la guerra? ¿Qué les permite imaginar que un certificado de amnistía les permite volver a alzarse en armas como si nada hubiera pasado en 52 años? ¿Qué les hace creer que su presentación ante la justicia es opcional y de mero trámite?
La respuesta está en los decretos exorbitantes de la Presidencia. Allí se establecieron tanto las ‘amnistías e indultos’ como las ‘medidas de protección’, hoy desafiante y abusivamente enrostradas por Santrich.
Las primeras están siendo manipuladas como medios para rescatar silenciosamente a quienes salieron de las cárceles por haber cometido crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad y que debían estar cumpliendo restricción de libertad en unos espacios custodiados por el INPEC. Eso no está sucediendo y nadie da razón de esos personajes.
Las segundas han servido para inmovilizar al Ejército y la Policía en áreas cercanas a las ZVTC, ejerciendo labores de custodia de espacios que ya ni concentran, ni reintegran a las Farc. ¿Qué hacen allí entonces?
Mientras tanto el Comisionado Pardo genera desgastes y fomenta peleas de poder entre el general Naranjo y el ventrílocuo ministro Rivera, peleas que bloquean cualquier esfuerzo del Gobierno en avanzar en su propia agenda. El resultado obvio es lo sucedido en la erradicación de cultivos en Tumaco, hechos confusos que sólo enrarecen la situación y benefician exclusivamente a las Farc, expertas en maniobras desestabilizadoras. Adivinen ¿quiénes van a terminar condenados...?
En conclusión, la instrumentalización de la JEP como mecanismo de impunidad absoluta ante crímenes imprescriptibles que no pueden ser objeto de amnistía ni indulto, de la mano del hambre voraz de apoderarse de la escena política, es infame y desprecia los derechos de las víctimas y de los 48 millones de ciudadanos que si estamos sujetos a la justicia ordinaria.
La actitud valerosa y justa de quienes empiezan a señalarlos a viva voz como criminales, incluidos los familiares de los diputados del Valle asesinados que exigen el sometimiento efectivo de esa guerrilla a alguna justicia antes de aspirar a participar en política, es parte del agrio debate público que deben enfrentar las Farc en esta democracia imperfecta que sin duda votará ser más republicana y más justa. Así no le guste al Nobel, ni a Santrich.
Ñapa 1: La excarcelación de las terroristas de Sendero Luminoso Martha Huatay y Maritza Garrido Lecca después de pagar 25 años de prisión, genera escándalo en Perú porque no repararon a ninguna víctima. Hoy ambas tienen más de 70 años de edad y permanecerán inhabilitadas para hacer política.
Ñapa 2: La Sala Penal de la Corte negó la extradición del narco alias ‘Náder’, en claro desafío a las obligaciones del Estado colombiano en la persecución de la criminalidad trasnacional y afectando las relaciones con nuestro socio más importante. ¿Qué excusa dará el Gobierno cuando lleguen las anunciadas consecuencias? ¿Otra declaración altisonante y destemplada?