El presidente Santos, en su calidad de Jefe de Estado y de Gobierno y rector exclusivo de las relaciones internacionales, ha manifestado que considera una “amenaza” la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos niegue la certificación que cada año otorga a aquellos países que cumplen con los compromisos en la lucha anti-drogas.
Esa certificación se aplica desde 1996 con base en normas precedentes a la sección 7061 de la ‘Foreign Relations Authorization Act, FY 2003 (Public Law 107-228) (FRAA)’ hoy vigente, que le impide al gobierno norteamericano desembolsar la ayuda económica y material de recursos destinados a combatir el narcotráfico cuando no se cumplen los requisitos allí señalados.
Así no nos guste, los países consumidores implementan de manera soberana sus campañas de prevención y control al tráfico y consumo, estableciendo sus políticas internas enfocadas en el manejo del problema por vía de represión, de salud pública, o de omisión, si esta maximiza la plusvalía del microtráfico asumiendo cada uno los efectos en el tejido social y el sistema de salud.
Por co-responsabilidad (no por generosidad) los EEUU entregan ayudas por cientos de millones de dólares a países como Colombia que realizan acciones concretas en cumplimiento de instrumentos de lucha contra el crimen trasnacional, tanto bilaterales como multilaterales suscritos en el marco de la ONU. En este ámbito, las estrategias se articulan en un organismo denominado UNDOC, que al no manejar ayudas y no tener un mecanismo sancionatorio, es más bien de seguimiento.
Lo de EEUU es cosa bien diferente y tiene otras incidencias. El fantasma de la des-certificación no se sentía desde la catastrófica administración Samper, que casi pone a los grandes carteles del narcotráfico a co-gobernar. Los efectos políticos, sociales y económicos profundizaron la crisis y nos dejaron en los 90 en condición cercana a la de un estado fallido y con la 'diplomacia fariana' campante e impune en varios países europeos. Mucho nos costó recuperarnos del atolladero que nos heredó Samper, precisamente con la ayuda de los EEUU y el Plan Colombia (no de los europeos).
Sin embargo, a partir del “acuerdo sobre erradicación” entre el gobierno Santos y las Farc de mayo de 20141, se observa un cambio determinante en la posición internacional de Colombia frente a la lucha anti-drogas.
La iniciativa de la Comisión Global sobre Drogas, impulsada de tiempo atrás por los países del ALBA y empresarios como Richard Branson, George Soros y los expresidentes de Suiza Ruth Dreifuss, de México Ernesto Zedillo, de Perú Ollanta Humala, Ernesto Samper, César Gaviria y la ex Alta Comisionada ONU para los DDHH Louise Arbor, entre otros, sufrió un estruendoso fracaso en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas - UNGASS de abril de 20162.
Allí mismo, el presidente Santos parece haber asumido públicamente el liderazgo de esa propuesta usando la estrategia de “tirar la piedra y esconder la mano”: ante la Asamblea General de la ONU planteó “el fracaso de la guerra contra el narcotráfico” y reclamó “un tratamiento más humano”, al tiempo que afirmó que “no abandona la lucha” y que no aboga por la legalización de las drogas.
Ya para esa fecha estaba disparado el crecimiento de los cultivos gracias a la suspensión de la fumigación aérea al declarar el glifosato como nocivo, a pesar de que su uso extensivo como herbicida en todo el agro y sin un solo estudio serio que la sustentara. También estaba vigente la aceptación de la conexidad del delito de narcotráfico con el de rebelión (pero sólo para las Farc) y se habían detenido las extradiciones de guerrilleros capturados por ese tipo de crímenes (sin importar si estuviesen incursos en otros de mayor gravedad, incluso de lesa humanidad). Así mismo los jefes de estructuras más narcotizadas de esas guerrillas ya habían sido selectivamente eliminados.
El poco elegante y muy conveniente argumento de refuerzo del gobierno fue usar el discurso del proceso de paz y proponer que Farc y ELN se convirtieran el “aliados” en la erradicación de cultivos, bajo un plan con el sugestivo nombre de “Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PENIS)” que para noviembre del año pasado las Farc ya denunciaban como desfinanciado y limitado sólo a la pedagogía de la erradicación, acusando de paso al gobierno de incumplimiento anticipado y de alterar los acuerdos.
Rápidamente las Farc insistieron en negar cualquier nexo con el narcotráfico, reconociendo que sólo cobraban el gramaje “para sobrevivir y con ello financiar su justa lucha”. Y tampoco volvieron a pedir la libertad de 'Simón Trinidad' y dejaron en el más conveniente silencio cualquier reclamo relacionado a “Sonia”, “César” o cualquier otro extraditado a EEUU.
La cereza del postre llegó en diciembre con el discurso de Nobel en Oslo que imaginaba “un mundo sin guerra”, trabado, empericado e idiotizado, pero válido en su peculiar versión de “La Paz” imaginada por el presidente. Era obvio que confiaba que la cómplice tolerancia de Obama iba a ser sucedida por el pragmatismo de Hillary, en probable alianza más o menos abierta con Sanders, Soros y otros inversionistas interesados en el negocio.
Resulta que a todos les salió mal el cálculo. Ganó Trump y la nueva administración ha tenido la sapiencia estratégica de ubicar en los más altos cargos a personas que han luchado la guerra contra el narcotráfico, que han sido amigos comprometidos y leales en la defensa de la democracia republicana y que conocen profundamente el sacrificio, el compromiso y la cuota de sangre que venía aportado Colombia hasta el cese al fuego con las Farc. Todo ello desencadena la narcotización de la agenda en la visita de Santos a Washington en mayo y la inmediata renuncia del embajador Pinzón.
Los norteamericanos tienen ante sí tres hechos innegables: 1) los cultivos de coca se triplicaron en tres años; 2) la aspersión aérea está sujeta a consulta previa con las Farc y con los campesinos cocaleros, que se niegan a sustituir para no perder los beneficios de los acuerdos; y 3) el 94% de los dineros destinados a combatir el narcotráfico no llegan a las zonas afectadas y se desvían para otros menesteres sin explicación coherente3.
Esos hechos ya habían producido varios avisos sobre el evidente incumplimiento y el esperable ajuste en la política: en febrero pasado RAND Corp publicó un profundo análisis sobre amenazas trasnacionales titulado “Countering the Expansion of Transnational Criminal Networks”4; en marzo el Departamento de Estado y la DEA presentaron al Congreso el “2017 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)”5; en agosto el ex embajador Brownfield como Secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y de Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado hizo un diagnóstico preocupante en audiencia ante el Congreso6; y todo desemboca en el memorando “Presidential determination No. 2017-12”7. Todos fueron alertas públicas conocidas por el gobierno.
La respuesta oficial es patética. Resulta apenas obvio que se incremente la incautación en un 90 por ciento cuando la siembra y producción han subido en 300% y es casi un insulto a la inteligencia acudir al expediente de quienes han ofrendado sus vidas e integridad por combatir el flagelo del narcotráfico, al tiempo que se alega de la victoria de la paz diciendo que no hay un solo herido atendido en el Hospital Militar. Y ni se ruborizan al alegar que la advertencia amenaza la co-responsabilidad.
Es una paradoja inexplicable que hoy Santos y la poderosa ONG de izquierda WOLA califiquen al unísono 'amenaza' la admonición condicionada del Memorando de Trump, que sólo advierte que el gobierno norteamericano no nos puede seguir dando dinero de sus propios contribuyentes para una tarea que a todas luces no se está cumpliendo y que de acuerdo con sus políticas internas debe mostrar resultados diametralmente opuestos a nuestra realidad actual. Yo pregunto: ¿Acaso esto forma parte de una estrategia para terminar de desbaratar el país por dentro y obligarnos a aceptar una asamblea constituyente que le posibilite a las Farc “refundar la patria” a su acomodo?
Ñapa 1: No es coincidencia que Samper ande dando discursos programáticos en los primeros eventos políticos de organización del partido de las Farc.
Ñapa 2: El discurso del señor Arnaud ante el Consejo de Seguridad de la ONU dejó constancia de que la verificación de entrega de armas (y la subsecuente supresión de pruebas en contra de las Farc) salió como estaba prevista. No dijo que sólo se sacaron el 75% de las caletas.
Hoy se confirma que la segunda Misión de Verificación ONU (con presencia mayoritaria de delegados de los países de la CELAC) pasa de tener 450 a 120 observadores y entra a verificar el cese al fuego con el ELN. ¿Será que ese recorte implica que los observadores cubanos siguen de la Misión? ¿Continúa la moda de dejar el zorro cuidando a las gallinas?
Rafael González Richmond
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[1] Ver: Punto 4 “Solución al problema de las drogas ilícitas: Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.” Comunicado conjunto # 36 , en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13998996
[2] Ver: “La Comisión Global sobre Drogas consideró que la cumbre celebrada esta semana en la ONU ha sido una ‘oportunidad perdida’ y criticó que los Gobiernos sigan evitando hablar de regular los estupefacientes.” En: http://acento.com.do/2016/especiales/8342378-comision-cree-cumbre-onu-drogas-fue-oportunidad-perdida-y-latinoamerica-exige-cambio/
[3] Véase entrevista a Daniel M. Rico en Semana: “No veo la estrategia para enfrentar los cultivos de coca”. En: http://www.semana.com/nacion/articulo/experto-en-narcotrafico-daniel-rico-critica-politica-de-cultivos/517393
[4] www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1400/RR1481/RAND_RR1481.pdf
[5] www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2017/
[6] www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/080217%20Brownfield_Testimony.pdf
[7] www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/09/13/presidential-memorandum-secretary-state