Jesús Emilio Carvajalino, alias ‘Andrés París’, con su discurso cínico y retador (que casi nadie les cree y con el que sólo logran hacerse odiar aún más), protesta porque hay medios que los estereotipan como 'delincuentes internacionales' y afirma que les desconocen los acuerdos firmados entre Juan Manuel Santos y “una guerrilla que ya no existe”.
Le guste o no, habrá que recordarles que la organización a la cual se apresura en extenderle partida de defunción fue (y continúa siendo) incluida en listados como un grupo terrorista. Eso aún no ha cambiado y además se les demora.
La calificación de los grupos responsables de delitos transnacionales no es un capricho ni una prerrogativa graciosa que reclaman algunos gobiernos, sino el cumplimiento de compromisos de Estado, derivados de tratados internacionales que ordenan combatir este tipo de delitos y que impide dejarlos en la impunidad. Eso que tanto quiere y le interesa a Carvajalino.
Al día de hoy, la Justicia Especial para la Paz - JEP no ha sido instalada, las Farc no han sido aún juzgadas ni han aceptado responsabilidades por lo que ellos insisten en llamar “errores” y “situaciones del conflicto”, desechando de paso que son delitos continuados (es decir, que se prolongan en el tiempo mientras no se aclaren, como son la Desaparición Forzada o el Reclutamiento de Menores) y en consecuencia, son imprescriptibles y no amnistiables.
En otros términos, las Farc hoy siguen delinquiendo y así pretendan eludir responsabilidad con la previsible manipulación de la JEP a su favor, aún están sujetos a la jurisdicción nacional e incluso internacional.
Por ello, toda esa quejadera que pretende sustraer y diluir responsabilidades será ineficaz y por el contrario, sólo profundiza la división de posturas sobre la manera de construir paz verdadera en Colombia. No es gratis que los mismos que se quejan de la polarización, son los que más confunden y polarizan.
Hablando de justicia, el escándalo de las Altas Cortes crece y se extiende como espuma. Esto no sorprende a nadie porque no es nuevo: hace años viene hablándose del 'Cartel de la Toga' por invitaciones y obsequios de muy dudosa procedencia aceptados por magistrados que pudieron continuar atornillados en sus cargos o que terminaron litigando en compinchería.
Algunos oportunistas quieren vender la idea de una constituyente para resolver el problema. De inmediato, los agazapados que pretenden e insisten en refundar el país y sustituir la Constitución, les “cogen rápido la flota” para enmarañar y aprovecharse de la iniciativa para terminar de desvertebrar la estructura institucional.
Asustados y alarmados, los ‘proponentes y proponentas’ afirman que se puede restringir la constituyente al tema Justicia, como si esa herramienta no tuviera la flexibilidad del látex. Esas posturas implican un riesgo que pasa de ser irresponsable y peligroso, a ser suicida.
Mas aterrizado, Rafael Guarín propone que haya una Comisión de la Verdad con apoyo internacional para establecer responsabilidades y saber cómo y hasta donde se extiende el entramado de corrupción judicial. Todo eso sería bonito y podría funcionar en otra realidad, pero con este gobierno no sería raro que pongan a otra veterinaria a escoger a los miembros de la tal comisión.
Lo cierto es que tomará años desactivar la mafia que hoy parece controlar sectores clave de la Rama Judicial y mientras tanto el sistema seguirá colapsado si no se hace nada. En tanto el gobierno y la misma Rama sigan negándose a tomar correctivos elementales que permitan paliar la crisis con medidas sencillas, la justicia yacerá inerte.
El Tribunal de Aforados, las medidas de descongestión y la Auditoría de Transparencia en procesos y en nombramientos en despachos judiciales serían iniciativas eficaces, de ser bien implementadas. Y hay funcionarios buenos y comprometidos que tienen las condiciones necesarias para hacerlo.
Lo cierto es que quienes vociferan el estado agonizante del aparato judicial sólo buscan desestabilizar aún más el escenario para convertir la “catástrofe” en trampolín para el triunfo electoral de las Farc en 2018 (o a más tardar en 2019), pavimentándoles la revolución con una autopista hacia el poder. A algunos gritones ya les dicen sandías: verdes por fuera y rojos por dentro.
Hay que encontrar una salida institucional que evite mayor desgaste del sistema, reduzca el impacto presupuestal y despolitice la Rama, con miras a lograr una paz estable para todos. No son parches ni cataplasmas, son las medidas que se han debido tomar hace años, pero que jamás son tardías.
Ñapa: La administración Santos es un gobierno, no un país entero. Este país en menos de seis meses decidirá unido si retoma el rumbo para lograr ser una Democracia Republicana o si le abre el espacio a sus enemigos acechantes que pretenden lucrarse con su destrucción. No nos van a engañar otra vez.