Ha empezado el final de la administración Santos. Es el octavo año de su traición, el séptimo de sus engaños y el último del saqueo del erario público en beneficio de quienes lo elevaron y sostuvieron en el cargo. En la fase final del plan trazado para desbaratar el país desde adentro, milagrosamente no han podido cumplir con todos sus objetivos. Algo les está saliendo mal.
A la hora de escribir estas líneas, ya son tres los ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia (José Leonidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte y Camilo Tarquino) los vinculados a una investigación penal por corrupción y favorecimiento en procesos contra aforados y particulares, por decisiones proferidas siendo aún magistrados o por gestiones como abogados litigantes.
Las pruebas que originan la pesquisa son grabaciones que obran dentro del proceso que vincula al ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y al ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons, en las cuales se mencionan los nombres de algunos congresistas y gobernadores.
Esas grabaciones se refieren, entre otros, al senador Musa Besaile, personaje cercano al gobernador Lyons y a otro senador que recibió medida de aseguramiento en la cárcel de La Picota por aparecer involucrado en el escándalo de sobornos de Odebretch: Bernardo Miguel ‘el ñoño’ Elías.
Hoy, ‘el ñoño’ permanece alojado en el mismo pabellón del también ex senador Otto Bula, junto con otros personajes que han sido judicializados por coimas pagadas en 2014 para lograr la adición al proyecto Ruta del Sol II mediante ‘otro si’ (sin licitación pública) para construir el tramo Ocaña-Gamarra.
Los sobornos distribuidos en Colombia por Odebrecht ascienden a la suma de 11 millones de dólares, pero es previsible que tal cantidad aumente en tanto se produzcan nuevos hallazgos en la investigación.
Mientras tanto, las dos ministras involucradas en el escándalo han fijado residencia en Nueva York y una de ellas mantiene una columna en el diario El Tiempo, en la cual dice que si alguien cree que algo va mal en el país, quien debe cambiar su mentalidad es la persona. No el país.
Recordemos que en mayo de 2014 la elección Santos / Vargas Lleras estaba en serio peligro de perder en segunda vuelta. La manipulación desde la Fiscalía de Eduardo Montealegre que alimentó el escándalo del hacker en contra de Oscar Iván Zuluaga, no había hecho mella suficiente en el electorado y los responsables de la campaña Santos 2014, César Gaviria Trujillo, Juan Mesa y Roberto Prieto, movieron sus fichas para convencer a los votantes de “ratificar en las urnas el mandato por La Paz”. Solo en el departamento de Córdoba, Santos pasó de recibir 206.000 votos en la primera vuelta a 376.000 en la segunda, consiguiendo 170.000 votos en casi un mes de campaña. En la Costa Caribe triunfaba la ‘ñoñomanía’ en municipios bajo influencia del combo Bula - Lyons - Elías - Besaile.
Periodistas de comprobada seriedad afirman que la Fundación Buen Gobierno, dirigida por Martín Santos –hijo mayor del Presidente–, fue el medio utilizado para recibir y administrar las donaciones ilegales que pagaron afiches y publicidad de la campaña Santos 2014 con dineros de Odebretch.
En las elecciones de 2015, al congresista Yahir Acuña le fueron incautados en su vehículo casi 500 millones de pesos en efectivo en un retén policial. Acuña, conocido por sus nexos con ‘la gata’ Enilce López y el ex gobernador Salvador Arana, dijo que esos dineros eran producto de la venta de dos inmuebles e iban a ser usados para el pago de logística y publicidad gráfica de la campaña de su esposa Milene a la gobernación de Sucre, de la cual Acuña era jefe de campaña y de debate. Los dineros le fueron devueltos por decisión de un juez de Sincelejo en 2016.
No hace falta tener mucha imaginación para entender como política, justicia y contratos han formado una maraña de corrupción en este gobierno. Pero como toda red tiende a fracturarse, la defensa del ‘Ñoño’ Elías ha citado a testificar a Juan Manuel Santos y varios ministros, sin dejar de precisar que no va a “aguantarse toda el agua sucia”. En plata blanca, les está diciendo a sus testigos que o lo defienden o los arrastra a todos.
Por su parte, el senador Musa Besaile ha sido más directo al afirmar su temor de que se repita lo del proceso 8.000, donde algunos congresistas terminaron en la cárcel mientras el gobierno Samper “pasó de agache”.
Ñapa: El proceso de selección de los magistrados de la JEP establecido mediante Decreto 587 de 2017 creó una especie de participación ciudadana en la cual los ciudadanos pueden manifestar su apoyo a los candidatos. El mecanismo se olvidó de precisar si esos ciudadanos podían ser colombianos o extranjeros y no contempla ningún filtro que evite la participación foránea. En este momento, no sólo tenemos un proceso ‘internacionalizado’ de escogencia en la JEP, sino que el postulado Francisco Javier Ricaurte permanece opcionado para ser electo en ese Tribunal.