Venezuela y la decadencia del estado de derecho latinoamericano

August 1, 2017

La situación política que actualmente se vive en Venezuela es un claro ejemplo de la decadencia del Estado de Derecho en América Latina. En las últimas semanas, los medios de comunicación internacionales han resaltado y le han dado seguimiento puntual al conflicto interno que el régimen del presidente Nicolás Maduro Moros ha ocasionado.


Sabemos que vivir en sociedad es difícil. Implica la existencia de problemas, diferencias de opiniones e intereses, requiere de una estricta organización que establezca el orden y que fije los mecanismos necesarios para lograr una convivencia pacífica.


En este sentido, una de las mejores figuras que han sido creadas es el Estado, que no es otra cosa que la sociedad política y jurídicamente organizada: constituida por una población, un territorio y un gobierno.


Ahora bien, con frecuencia hemos escuchado hablar de un Estado de Derecho, pero ¿qué significa esto? Es un término que según el jurista y filósofo Hans Kelsen es un pleonasmo, ya que, todo Estado, necesariamente, debe estar fundado sobre el Derecho.


Sin embargo, existen otros autores que han considerado importante definirlo, como es el caso de Sánchez Viamonte, quien nos dice que: “Estado de Derecho es toda organización política de la sociedad que reposa sobre normas fundamentales cuyo imperio se impone y sobrepasa toda voluntad”.


Dentro de los principios básicos que debe respetar cualquier país que se precie de ser un Estado de Derecho, se encuentran: supremacía de la ley y/o principio de legalidad, la democracia, el respeto de los Derechos Humanos, la división de poderes, un control jurisdiccional de la legislación y un sistema de responsabilidades.


En el caso de Venezuela, según el Artículo 2 de su Constitución “se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.


Así mismo, en el numeral 137 se hace alusión al principio de legalidad y en otros diversos se regula la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial.


Sin embargo, esto no fue impedimento para que Nicolás Maduro en su búsqueda por consolidar una dictadura, incidiera en la sentencia de fecha treinta de marzo del dos mil diecisiete, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual, éste órgano asumió la competencia de la Asamblea Nacional, concentrando dos poderes (legislativo y judicial) en una sola institución, riéndose de Montesquieu, pisoteando los principios de la democracia y los derechos del pueblo venezolano.
A raíz de esto, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela convocó a elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para el domingo treinta de julio con el objetivo de elegir a los miembros que redactarán una nueva Constitución.


Para colmo, dentro de los candidatos destacaron de manera conveniente, Cilia Adela Flores y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, esposa e hijo del Jefe de Estado, respectivamente.


Ante tanta arbitrariedad se desató una ola de protestas que fueron aumentando de manera progresiva, dejando personas muertas, lesionadas y detenidas. Hasta el pasado cinco de julio se tenía registro de ciento doce defunciones y tan sólo en las últimas veinticuatro horas, durante el desarrollo de las votaciones, se contabilizaron alrededor de catorce muertes más.
Con estos datos, resulta sencillo apreciar que Venezuela es un país en donde no se respeta el derecho a la vida, la integridad y seguridad personal. Un Estado en donde la libertad de expresión y asociación se encuentran coartadas, y los derechos políticos sólo son un adorno en su Constitución.


De nada sirvió la inconformidad de la comunidad internacional, ni las sanciones que Donald Trump impuso al funcionariado del régimen de Maduro, tampoco la consulta popular que realizó la oposición y que dio como resultado, el pronunciamiento de más de siete millones y medio de venezolanos contra la ANC.


Las elecciones se llevaron a cabo, aún sin candidatos de la oposición e ignorando que el abstencionismo también es una forma de participación ciudadana.


Ahora no queda más que esperar las próximas consecuencias de una dictadura sin máscara, que escribirá una nueva constitución con sangre de su propio pueblo y servirá de ejemplo para la ambición de otros políticos de Latinoamérica enamorados del poder.


Quizás deberíamos pensar en seguir el consejo de Simón Bolívar: «Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos», pero sí Venezuela es tan sólo un ejemplo de la fracasada figura del Estado de Derecho ¿a dónde podríamos ir?

 

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