Por vulnerar los principios de solidaridad e inequidad, el Gobierno Nacional objetó ley sobre reconexión de servicios públicos arguyendo motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia.
El presidente Juan Manuel Santos devolvió al Senado el proyecto de ley 097/2015 de la Cámara de Representantes y 120/2016 del Senado, “por medio de la cual se establecen normas de protección y garantías contra abusos hacia los usuarios de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
El proyecto de ley propone establecer normas de protección y garantías a los usuarios de los servicios públicos, en particular en lo referente a los cobros por reconexión de servicios públicos.
El proyecto fue devuelto al Senado por medio de un mensaje del Jefe del Estado a su presidente, Efraín Cepeda Sarabia.
El proyecto aprobado por el Congreso prohíbe a las empresas de servicios públicos cobrar por la reconexión y reinstalación del servicio de agua, gas o electricidad, en particular los usuarios de los estratos 4, 5 y 6.
En el mensaje, el Ejecutivo argumenta que la norma vulnera el principio de solidaridad y constituye un factor de inequidad contra las personas que pagan oportunamente sus obligaciones.
Por otra parte, advierte que “el presupuesto público no puede asumir el cargo por reconexión y reinstalación”.
“El Gobierno nacional solicita al Congreso de la República que precise y haga explícito quién y con cuáles recursos se pagarán los costos reales en que incurren las empresas paras realizar la reconexión de los servicios públicos cortados o suspendidos en los inmuebles residenciales de los estratos 4, 5 y 6, en caso de que no se acepten las objeciones de inconstitucionalidad formuladas”, expresa el Ejecutivo en el mensaje.
Además, indica que “la expresión objetada por razones de inconstitucionalidad fomenta la cultura del no pago”
El Presidente sostiene que el proyecto legislativo aprobado por el Congreso sobre el mismo tema, fue devuelto a finales del año pasado por el Gobierno, debido a consideraciones similares.
Santos señaló en la misiva que “el Gobierno nacional estima necesario reiterar que lo más prudente es esperar que la Corte Constitucional adopte una decisión frente a las objeciones formuladas en el mes de diciembre de 2016”.
Reiteró que “solo hasta que esa Corporación se pronuncie sobre el particular se tendrá verdadera certeza sobre el alcance de las normas que fijan el cobro de los servicios de reconexión y reinstalación y, de esta forma, se podrá reglar el tema con la seriedad y la seguridad jurídica que el país necesita”.
Fuente: SIG