Los colombianos tenemos grandes expectativas alrededor del nuevo país que surgirá cuando se esté implementando lo pactado en los Acuerdos de Paz. Sin lugar a dudas, no se trata de una tarea fácil y mucho menos a corto plazo. Los años invertidos en las negociaciones fueron largos por lo que se requirió de paciencia de ambas partes y nos mantuvimos tejiendo toda clase de especulaciones. Las conversaciones de La Habana parecía que no iban a terminar nunca; pero, finalmente, llegó el momento de comenzar a cumplir lo firmado.
Tal es el caso que se está viviendo con la Educación Pública. Evidentemente el mejorar ésta en una cuestión primordial si se quiere que todo el proceso de refundación de esta nación tenga éxito. Lo primero que hay que reconocer es que el nivel del país con relación al resto de Latinoamérica, es pésimo. Algo que no nos agrada pero, que siendo objetivos, es una verdad probada. Igualmente, es necesario decir que aunque en este país, como en el resto del mundo, la educación es un derecho fundamental y que acá está consagrado en la Constitución de 1991, a la hora de la verdad, no es sino letra muerta. El camino por recorrer es virgen y está por hacerse algo verdaderamente innovador que cambie la historia.
El reciente paro de maestros reafirma lo que es un secreto a voces: la inmensa mayoría de los gobiernos, independientemente de sus matices ideológicos, han visto con desdén la problemática educativa y no han sabido afrontar el desafío con el rigor que dicho asunto requiere. Buscar una mejor educación para las generaciones futuras es construir una democracia alejada de las guerras.
El seguir pensando que ésta es un privilegio del que sólo debe gozar una porción de colombianos, además de anacrónico, contribuye a la injusticia, a la inequidad, al atraso y a perpetuar una especie de barbarie donde se permite que la ignorancia domine. Esta actitud negligente engendra el ambiente propicio para que no se solucionen conflictos conforme a la razón, sino de acuerdo con las leyes incomprensibles y desmesuradas de la violencia.
La falta de oportunidades le niega a la gran mayoría de nacionales la posibilidad de llevar una vida digna, además de que aumenta la brecha entre ricos y pobres y, por lo tanto, impide el progreso del país de manera armónica. Así pues es indispensable dejar los viejos prejuicios que nos han mantenido alejados del conocimiento científico y asumir el reto de volvernos verdaderamente innovadores a la hora de buscar soluciones a largo plazo.
Creer, por ejemplo, que el problema educativo se podría resolver en algunos meses, como lo planteó la anterior ministra, no se sabe decir si es una actitud ingenua o de ignorancia total.
Desde el mandato del doctor Alfonso López Pumarejo, Colombia no ha contado con una reforma en este sector que sea verdaderamente significativa y crucial: La creación de la Universidad Nacional, la presencia de las mujeres en las aulas de estudios superiores, el estímulo a la investigación y la educación laica, fueron, entre otros aspectos, el inicio de una democratización que, infortunadamente, no se siguió dando en los gobiernos posteriores. Estamos hablando del año 1935, lo que quiere decir, palabras más palabras menos, que nuestra nación está atrasada, con respecto al mundo actual, casi un siglo. Así pues que pretender que dicha penosa realidad se repare en poco tiempo no puede ser sino un autoengaño o un desconocimiento total de la situación crítica de la Educación.
Se requiere un consenso, un esfuerzo continuo y ordenado, de la mano de verdaderos expertos, un acto extremo de sacrifico y la voluntad gubernamental para apuntalar el proceso con amplios recursos para que las generaciones futuras puedan contar con una formación académica aceptable, según los estándares internacionales y los requerimientos de esta época.
Así pues que pensar que puede continuarse con la privatización de la universidades públicas, con la falta de hospitales universitarios de excelente calidad para las facultades de medicina, como ha venido sucediendo en los últimos años, con esas plantas físicas de las escuelas, tanto urbanas como rurales deficientes, con el hacinamiento de los estudiantes en las aulas y las largas jornadas de camino que tienen que recorrer muchos alumnos y profesores en no entender que esta situación no puede continuar porque se trata de limitantes que impiden el progreso.
Acabar con dichas falencias es, valga la redundancia, un proyecto que debe ser tomado como prioritario para poder pensar en un avance hacia un horizonte diferente al hasta ahora vivido.
Los maestros, tal como debe ser, han tomado la vocería de toda la sociedad y están usando su derecho legítimo, consagrado en la Carta Magna, de irse de paro no únicamente por una justa remuneración sino también para conseguir mejorar el nivel del estudiantado.
Por una parte, abogan para que se dote adecuadamente a las aulas de clase proporcionando aquellos instrumentos didácticos requeridos, ofrecerles a los alumnos una alimentación nutritiva, querer que el cubrimiento educativo llegue, de manera gratuita, a los más apartados rincones de la patria y además que se les brinden oportunidades de capacitación a los profesores es propugnar por conseguir un mejor nivel en pro del futuro de los hombres y mujeres del mañana.
Es destacable que durante casi el mes que cumple esta huelga los maestros hayan demostrado con sus marchas, todas sin violencia y con mucha creatividad; que conocen muy bien su trabajo y que sus peticiones son justas y razonables. Por eso sorprende la actitud del presidente Santos y sus ministros de limitarse a hablar con evasivas y considerar que los tiempos no son propicios para cumplir sus requerimientos.
Es una prioridad ineludible que los ciudadanos del futuro tengan una mentalidad diferente a quienes que los antecedimos. Los jóvenes tienen que estar convencidos de que la guerra no es la manera de solucionar las discusiones que surgen de confrontar diversos puntos de vista.
Es urgente que sepan que a la escuela no se va únicamente a recibir información sino también un valor primordial: formación ética. Se debe tener claro que el compromiso es hacer de la educación la base donde se afirme un futuro sólido para tomar conciencia, por ejemplo, de que la impunidad y la corrupción deben ser combatidas desde la infancia, castigando a quién no actúa con rectitud y estimulando positivamente a quienes se lo merecen.
Sólo mediante este tipo de acciones, que enseñen la importancia de las responsabilidades y la necesidad de una autoridad para la sociedad, se puede pensar en una nación pacífica.
Por eso esta tarea no se puede seguir posponiendo. Es hora de dejar de lado el pasado y comenzar un diálogo con los docentes, para que entre todos, Gobierno y sociedad civil se pongan los cimientos de una nueva sociedad más justa y equitativa.
Cartagena, 14 de junio de 2017