De agache


Con pasmosa sangre fría, el ministro Juan Fernando Cristo advirtió desde Cali que “los recursos para el postconflicto no pueden caer en manos de corruptos”.

Dicha advertencia la hizo en el marco de la Cumbre de Gobernadores, donde debió recibir una ovación de pie, plena de complacencia.

Hay que recordarle al ministro que las vías 4G hacen parte de la estrategia de modernización hacia el posconflicto. El escándalo de sobornos de Odebretch, descubierto a través de un acuerdo judicial entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las autoridades bancarias de Suiza y los ejecutivos de la firma, ha evidenciado los alcances de la criminalidad asociada a la corrupción estatal. Al igual que en el caso de la FIFA, todos los impolutos dijeron que no habían recibido un centavo y, después de conocer la evidencia, sigilosamente aceptaron cargos. Apenas asoma la punta del iceberg.

Mientras tanto, las zonas veredales no están listas y el Mecanismo de Verificación de la ONU no sabe con quién le toca bailar, aunque ya tiene helicópteros blancos con tripulaciones extranjeras autorizadas. Esperemos como va a ser el danzón de la entrega de armas.

Otros temas varios han pasado ‘de agache’: un reciente informe encontró que los recursos internacionales destinados a combatir el cultivo de estupefacientes en Colombia, han sido ejecutados en un porcentaje ínfimo de áreas donde la presencia de coca cohabita intacta con grupos ilegales, cada vez mejor armados y entrenados por variopintas disidencias.

Por la coyuntura del relevo presidencial en EEUU nada se dijo, pero con alrededor de 200.000 hectáreas sembradas y produciendo, se espera un duro recorte de la ayuda norteamericana, que por supuesto no incluye a los ca-nadienses. Ellos siguen invirtiendo con fines terapéuticos.

Hay que recordar que uno de los inamovibles del neoAcuerdo es impedir la extradición de guerrilleros, milicianos y personal ‘conexo’ a los Estados Unidos. Fracasado el esfuerzo de lograr el indulto de Obama a Simón Trinidad, está anunciado el posible trámite de una solicitud para que termine de cumplir sentencia en Colombia -dentro del marco ‘soberano’ de la JEP- cumpliendo una “medida restrictiva de la libertad”. ¿Qué dirá Trump?

Hay siete casos de guerrilleros solicitados en extradición que ya han podido evitar su traslado mediante tutelas que invocan la prelación del neoAcuerdo. El caso más visible en medios de comunicación es el de Segundo Alberto Villota, sindicado de haber sobornado a un juez federal para ‘desaparecer’ los cargos por narcotráfico en su contra en Texas y Florida. Sin embargo, el magistrado de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá Jorge Eduardo Ferreira falló la tutela suspendiendo el trámite.

El siguiente en la lista es su hermano Aldemar Villota Segura, también preso en La Picota, a quien Iván Márquez y Mauricio Jaramillo le certificaron su pertenencia al Bloque Oriental y, en consecuencia, su candidatura a amnistía y demás beneficios del proceso de paz.

Mientras tanto, el Fiscal General aparece denunciando la presentación de un proyecto ante el Congreso para modificar vía ‘fast-track’ la Ley 30 de 1986 (Estatuto de estupefacientes), sin conocimiento previo de los gobernadores, ni de los alcaldes, ni de la propia Fiscalía. Al momento de escribir esta columna, el Ministro de Justicia no ha dicho ni pío.

De otra parte, en el HAY Festival, la Premio Nóbel de Paz Jody Williams afirmó que “cualquiera puede ganar un Nobel”. No soy quien para contradecirla, menos aún con el glamoroso desparpajo que caracteriza sus sentencias, pero debe enterarse que por cuenta de La Paz en Colombia se han gastado billones y nos han endeudado como nunca en estos seis años.

Tampoco se puede criticar su presencia en Cartagena al tiempo que trascurre el fugaz trámite sobre amnistías que ‘sufre’ control de constitucionalidad en la Corte. Mas allá del contrasentido que conlleva el trámite de una normatividad nacida de un acto que sobrepasa la Constitución misma y que ade-más desconoció la voluntad popular, la profe Williams será testigo presencial de la aprobación del mecanismo que concederá amnistías e indultos a quienes durante décadas desconocieron de manera sistemática la Convención de Ottawa contra el uso de minas antipersonal que ella misma impulsó, así como el Protocolo que prohíbe el empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, entre otros instrumentos de DIH aplicables en Colombia.

La posibilidad de amnistiar crímenes de guerra y de lesa humanidad al fabricar e instalar minas y armas trampa, fue aceptada a regañadientes por el ministro Cristo en entrevista con María Jimena Duzán hace unos días.

La noticia es que está corriendo el término de 10 días para que cualquier institución o ciudadano pueda intervenir ante la Corte Constitucional en favor o en contra de la Ley 1820 de 2016 que regula las amnistías e indultos por los delitos políticos y los ‘delitos conexos’. Era de tres días, pero la Corte lo amplió a 10, a fin de facilitar la intervención ciudadana que no requiere abogado ni regirse por trámite alguno. Para los interesados, el término vence el próximo siete de febrero.

__________ * Rafael González Richmond es abogado, egresado de la Universidad del Rosario. Ha sido asesor del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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