La paz: la legitimidad del Constituyente Delegado


El que el Gobierno le haya pasado al Congreso de la República la gran responsabilidad de refrendar el acuerdo mejorado, que le dará a las Farc, la oportunidad de reincorporarse a la vida civil, tiene un ingrediente adicional, es medir la fuerza de legitimidad que el Congreso como constituyente delegado pueda demostrar en un acto político, la delicada responsabilidad con las generaciones futuras.

Y es que los acontecimientos del mes que acaba de terminar, durante el cual varios ciudadanos (entre ellos una lideresa), perdieron la vida, por cuenta del mismo oscuro brazo que entre 1985 y 1993 con la muerte como arma, le arrebataron el sueño de fuerza política a la naciente fuerza aglutinada en la Unión Patriótica, hace pensar que es urgente por el mecanismo que sea, que se pacte una paz, pero se quiere como lo describía la pregunta plebiscitaria: que sea duradera.

Y que la paz sea duradera significa que permanezca en el tiempo, que se reacomode a las situaciones que se lleguen a presentar en la implementación de esos acuerdos.

Serán los próximos veinte años, los que consoliden esa paz duradera, y estamos llamados a ser responsables con la historia, para que sobre todo las víctimas que ha dejado el conflicto puedan ser resarcidas y que en ese tiempo venidero, las heridas de la confrontación se vayan diluyendo.

Pero, aparece otro obstáculo que la sociedad debe saltar, para avanzar, y es la participación política de quienes se han reincorporado a la vida civil. Todos los procesos de paz que han resuelto conflictos en la historia del mundo han terminado en una mesa de resolución de conflictos, pactando la participación política de quienes se han reincorporado al sistema democrático.

Estamos en un momento muy agudo de la historia. De las decisiones que se adopten en este momento, el primer año será decisivo para que la columna vertebral de la construcción de una nueva sociedad sea posible. La refrendación por parte del legislativo debe despejar las dudas que asalta a muchos de quienes participaron en el plebiscito y dieron su voz por el no acuerdo, presentado por el Gobierno y la Farc.

El año 2017 será decisivo para que la implementación de los acuerdos sea la ruta democrática que nos hará conducirnos como sociedad civilizada por los próximos veinte años. Las normas legislativas que le den cuerpo al acuerdo para la implementación de una paz duradera serán el camino que tiene el legislativo para hacer rodar esos acuerdos. Se trata de una decisión política y no jurídica.

El artículo 133 de la Constitución Política de Colombia es el marco jurídico para que el cuerpo colegiado del Congreso pueda iniciar la implementación de los acuerdos, sin que ello impida a la Corte Constitucional servir de semáforo para que esa democracia representativa no se desborde, teniendo en cuenta que en la jornada plebiscitaria el pueblo colombiano, como constituyente primario se pronunció en contra de esos acuerdos, sin olvidar que la Abstención fue superior a la participación en las urnas.

Es una hora de esperanza, de incertidumbre, pero para los sectores sociales tanto los que desean una implementación de esos acuerdos, como de quienes se oponen a ellos, se demanda un esfuerzo para que las generaciones venideras, y ésta misma, puedan conocer un país sin confrontación armada.

De este laboratorio al que se ha sometido la expectativa de paz depende también el desarrollo del otro proceso pendiente, el de la guerrilla más doctrinaria como lo es el ELN.

Se necesita de tres ingredientes para que este sueño colectivo sea posible: sensatez, paciencia y prudencia. Lograr arrebatar de las aspiraciones políticas de quienes pretenden dirigir los destinos del país el tema de la paz, es otro de los desafíos de esta sociedad.

Teniendo en cuenta que el anhelo mas preciado de un colectivo social es la paz, la seguridad y, como consecuencia de ellas, el progreso con equidad y justicia social. Ese es el deseo de un colectivo que se apresta a reducir sus diferencias y a distribuir sus fortalezas.

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