A propósito de la refrendación del acuerdo de paz, existe una mezcolanza de discusiones superpuestas que hacen mucho ruido y hacen ver muy enredada la discusión. Esto ha generado que muchos ciudadanos se fastidien con el tema, ya que ni sabemos qué posición defendemos, a excepción de los más fanáticos que ni se estresan, lo que diga mi líder.
Quiero separar dos de las discusiones y sopesar sus distintos argumentos.
Primero ¿Cuál es el mandato del plebiscito? Como ya todos sabemos, la pregunta del plebiscito fue una pregunta cerrada de sí o no, en donde, digámonos la verdad, bajo ninguna circunstancia el gobierno pensó que iba a ganar el no. Si ganaba el sí, fácil, se implementaba, pero cuando ganó el no, la incertidumbre imperó en todos. ¿Qué significa esto? ¿Y ahora qué pasa? La pregunta no se formuló a manera de menú, en donde los colombianos decíamos qué nos gustaba y qué no. No. Fue sólo un no, un gran no. Entonces, ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno de acatar el mandato del plebiscito? Si se cambia la expresión ‘enfoque de género’ por ‘tratamiento diferencial a las mujeres’ ¿Ya? ¿Qué tan profundo debe ser el cambio? Lo que el gobierno hizo fue preguntarle a quienes lideraron las campañas del no, se construyó un gran listado de temas a re-negociar y se volvió a pactar un acuerdo, asumiendo varios cambios, pero no todos. Entre ellos que el nuevo acuerdo no hará parte del bloque constitucional, se le aclaró a los que están preocupadísimos por que los homosexuales tengan los mismo derechos que ellos, que el acuerdo no “legitima” el estilo de vida rimbombante y falaz de Juan y Pedro; se restringió de manera explícita el cumplimiento de sanciones y las privaciones de libertad de movimiento, se hace un inventario expreso de como las Farc repararán materialmente con sus activos, se elimina la figura de los jueces internacionales (todos serán de Macondo), entre otros varios cambios. El voto del no, no significa que el acuerdo a firmar es el que digan los promotores de dicha campaña, si bien es ambiguo en su interpretación, bajo ninguna circunstancia faculta a Uribe, Ordóñez o a Martha Lucía (por nombrar algunos) como negociadores plenipotenciarios entre la sociedad civil y el gobierno.
Es entendible que a alguien no le guste el nuevo acuerdo de paz, y que sienta que su negativa no fue recogida por el gobierno, pero eso no significa que todas deban ser recogidas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Segundo, el Congreso no está facultado para tomar esta decisión. Separemos el deber ser del poder ser. Es absolutamente entendible que muchos ciudadanos se sientan traicionados porque la primera vez les preguntaron directamente y la segunda no; si ya nos preguntaron e hicieron los cambios suficientes para que ahora si nos guste a todos, pues vuelvan y pregúntennos, esa es una discusión desde el deber ser.
Sin embargo, decir que el Congreso no está facultado para representar a la ciudadanía en dicha decisión es un exabrupto, es peligroso y terriblemente conveniente para quien se opone.
Si el Congreso no representa a sus circunscripciones ni a las ideas de los ciudadanos, entonces sería un Congreso que no debería existir, debería ser revocado; pero no por su incapacidad de aprobar el nuevo acuerdo o no, sino por su no-representatividad. Lo terrible es que esto lo dicen congresistas que han propuesto proyectos de ley ¡En ese mismo Congreso! Es representativo de los ciudadanos que se oponen al gobierno, pero no de los ciudadanos que lo apoyan ¿Qué tal? La salida fácil (y errada) es decir que todos son unas ratas, y que el problema es que los senadores ganan mucha plata (?) y que son unos flojos que no trabajan entonces no pueden tomar esta decisión ¡No! Ese argumento anula el funcionamiento del Estado, si usamos ese argumento para esto, se tendría que usar para todo y literalmente no podría haber Estado. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por hacer: Nos toca hacer una veeduría juiciosa de como vota cada congresista (sobre todo por quien votamos), quien vota y quien no, ver los debates, y con base en ello, apoyarlos o no en próximas elecciones, si no, volvemos a lo mismo y entramos en un círculo vicioso de que todos son unos corruptos, pero no hacemos nada para cambiarlo. Además, tenemos que leer el nuevo acuerdo, entenderlo y actuar como ciudadanos y hacerle un seguimiento acucioso.
El hecho que no sea más parte del bloque constitucional, significa que ni lo que allí está escrito, ni los fallos del tribunal que se forme, sean elevados a “caché constitucional”, eso quiere decir que puede ser discutido. Mejor dicho, podemos entutelar y usar los otros mecanismos que nos da la constitución, para hacerle control. Amor y paz.