Le tocó al Gobierno abrir el diálogo con el NO. Dieciocho días bastaron para que miles de propuestas, solicitudes y aclaraciones llegaran a Palacio bajo la lluvia de las presiones, antes de que el Nobel atajara la avalancha, que más allá del volumen y profundidad, evidenció incontestable de que los diálogos se hicieron a espaldas de los sufrimientos y justas expectativas de medio país.
El pronunciamiento del Fiscal Martínez fue dramático: la Rama Judicial no tuvo arte ni parte en el proceso durante los seis años de acercamientos y negociaciones. Las Altas Cortes aprovecharon la brecha abierta y reclamaron la jurisdicción extraviada y las competencias perdidas.
Esta solución es la que realmente permite alejar el fantasma de la Corte Penal Internacional (CPI) que no solo rodea a la controvertida Justicia Especial de Paz (JEP), sino toda la estabilidad de cualquier proceso de paz, beneficie a quien beneficie y del alcance y condiciones efectivas de tales beneficios, que por supuesto debe incluir una amnistía amplia a los rasos que no hayan incurrido en crímenes comunes ni -sobre todo- infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Más que los agónicos estertores de la JEP, ahora es clave la entrada en vigencia de los mecanismos previos a la desmovilización y al desarme. Estos puntos no han sido objeto de mayores críticas ni de propuestas de fondo sobre su implementación.
El “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo” (CFHBD) permanece a pesar de las incomprensibles amenazas del Gobierno y es una realidad viable a la que nos estamos acostumbrando, a pesar de que el paso de la “Dejación de Armas” (DA) no avanza ni en inventarios, ni en monitoreo y mucho menos en verificación de ONU (al menos en la esfera pública). Pero las Farc están cansadas de dar y que les den y no van a ser tan tontas de poner el último muerto. No se devuelven.
Hay que subrayar que este Punto 3 - Terminación del conflicto armado, es el medio indiscutido y tangible para acabar el conflicto. Fue redactado de manera precisa y técnica y, por su naturaleza, es el único aparte del fallido documento que tiene el carácter de Acuerdo Especial a la luz del DIH. En ese sentido, va más allá de la refrendación plebiscitaria, no necesita depósito alguno en Suiza ni en Suaza, no cambia ninguna norma constitucional y no necesita del bloque de constitucionalidad para perdurar. Es simplemente una realidad necesaria, como todo el DIH, sea cual sea el tipo de conflicto.
Sin embargo, falta aclarar allí la articulación del DIH con la JEP: el tratamiento de los criminales comunes incursos en delitos graves, trasnacionales o pluriofensivos, debe ser excepcionalmente cuidadoso para garantizar la paz verdadera y perdurable. Igual sucede con medidas y garantías para quienes tienen condenas o investigaciones por graves infracciones DIH, como es el caso de alias “el paisa” de la Teófilo.
Lo demás del extinto acuerdo, incluyendo perdón y reparación individual a víctimas, extradición, comisión de verdad, conexidad de delitos como narcotráfico y piratería, indultos y hasta el Acto Legislativo 1 de 2016, así como el mismo Marco jurídico para la paz, son asuntos que el “país nacional” decretó insuficientes y necesitan mucho más que maquillaje para revivir.
Caso aparte es el Punto 1 - “Reforma rural integral”, que es un arte de apretados compromisos políticos que, al ser un catálogo de obligaciones a cargo exclusivo del Gobierno, no necesitaban ser ni negociados con Farc para ser implementados, ni se debía modificar la Constitución para lograrlos. Resulta absurda la co-administración de todos esos nuevos sistemas, planes y programas con Farc cuando todos y cada uno tienen un Ministerio o Agencia encargada de diseñar las políticas y llevarlas a cabo con las regiones.
El acuerdo de La Habana no resuelve el divorcio entre lo local y lo central, entre regiones y poderes, que es donde florece la corrupción, como en La Guajira. Y nada tiene que ver esto con el DIH.
No contentos con el descuaderne que intentó implantarse desde La Habana, el Gobierno ha radicado la más impopular y coercitiva “reforma orangutaria” que nos castigará a todos como nunca antes. Gravar al unísono utilidades, ingresos, producción y el trabajo, testifica que el costo económico del proceso y el manejo económico y fiscal ha sido un increíble fracaso.
Ahora se empeña en bailar el baile con los elenos en Quito. De entrada cede en sus propias líneas rojas, ignora su estructura de franquicia e intenta sobrepasar la ausencia de real unidad de mando reconociéndoles beligerancias imaginarias, como si esto también fuera un juego. Cualquier malentendido quedó tendido y ensangrentado en Arauca, como le gusta a ellos: con crueldad y usando como moneda a secuestrados y desaparecidos.
Tuit @rafagonzalez64: @MauricioLizcano insiste en ‘reflexionar’ sobre ‘la paz’ en privado y de espaldas al país, con disculpa de empoderar al Congreso. ¡Ni oyen, ni aprenden! ..