* 76.8 % pertenecían a las Farc-EP y el 22.1% a la Fuerza Pública.
* 320.907 personas fueron víctimas como consecuencia del conflicto armado.
* Reveladoras confesiones de mandos medios de la guerrilla desmovilizada.
La verdad y las confesiones ante la jurisdicción transicional: de las 12.784 personas que han suscrito actas de compromiso sometiéndose ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), 9.792 (76.8 por ciento) pertenecían a las Farc-EP, 2.846 (22.1 por ciento) a la Fuerza Pública, 134 (uno por ciento) eran agentes del Estado y 12 (0,1 por ciento) eran activistas de protestas sociales.
Hasta el cinco de marzo de 2021, habían sido recibidos 342 informes suministrados por organizaciones de víctimas e instituciones del Estado que dieron lugar a la expedición de 9.566 órdenes de Policía Judicial y 7.052 comisiones judiciales.
De acuerdo con información de la Jurisdicción Especial para la Paz, en desarrollo de 73 diligencias de construcción dialógica de la verdad se estima que 320.907 personas fueron víctimas como consecuencia del conflicto armado. Este dato es diferente a la información oficial de la JEP, según la cual solo en el Urabá estiman un universo de “787.000 víctimas y 3.582 hechos victimizantes”, investigados en el Caso 04.
En los siete macro-casos abiertos, hasta inicios de marzo, la JEP había: adoptado 40.096 decisiones judiciales, realizado 126 audiencias, recibido 30 versiones de aporte temprano a la verdad, asignada protección a 136 personas y a seis sujetos colectivos.
Así mismo, 230 sujetos colectivos fueron acreditados en calidad de víctimas y 295 representados ante procesos judiciales. Adicionalmente, 3.080 comparecientes han sido representados ante procesos en la JEP. Respecto de las personas que han recibido asesoría jurídica: 6.583 comparecientes y 6.297 víctimas.
MACROCASOS
CASO 01: SECUESTROS
Corresponde a la Toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc-EP, en el cual la JEP estima el registro de 21.396 víctimas. Se trata del delito de secuestro.
Hasta el 28 de febrero de 2021, la JEP había recibido 43 versiones rendidas por 350 personas. Así mismo, había emitido un auto de determinación de hechos y conductas, siendo vinculados 51 comparecientes, acreditando a 2.542 víctimas hasta el 16 de marzo.
De esas 2.542 víctimas, 1.060 presentaron observaciones a las versiones de 350 miembros de las extintas Farc-EP. 245 víctimas han participado en las diligencias de manera directa o a través de su apoderado, derecho reconocido mediante Auto No. 184 de noviembre de 2020.
Precisamente, atendiendo observaciones y demandas de verdad presentadas por 1.028 de las víctimas acreditadas en el caso de secuestro, la Sala de Reconocimiento de la JEP recibió las versiones de tres mandos medios de las extintas Farc-EP que fueron mencionados en hechos de toma de rehenes y graves privaciones de la libertad.
El cuatro de marzo se inició la comparecencia de los mandos medios de esa organización guerrillera. Las declaraciones continuaron el ocho y el 11 de marzo, con presencia de los abogados de las víctimas y la Procuraduría.
“El secuestro era inhumano, denigrante y de las peores cosas que ha dejado el conflicto”.
Los comparecientes se refirieron a la responsabilidad que asumían por el secuestro de militares, policías y civiles, y por los tratos indignantes a los que sometieron a las víctimas y respondieron las preguntas de las víctimas.
Tales diligencias hacen parte de 10 versiones que ordenó la Sala de Reconocimiento para los mandos medios de las ex Farc-EP que agrupan el mayor número de menciones que las víctimas hicieron en sus demandas de verdad.
El cuatro de marzo, el primero en rendir versión fue Marcos Alvis Patiño, quien informó a la Sala de Reconocimiento de Verdad el trato degradante que dio a miembros de la Fuerza Pública que tuvo en su poder en jaulas de alambre de púas entre 1999 y 2000.
“A los policías que estuvieron cautivos se les ponía un nylon para sujetarlos”. A pesar de que tenían diarrea “no podían ir al chonto entre las 6:30 pm y las 5:00 am una vez se cerraba la puerta” y debían hacer sus necesidades en bolsas e incluso “en los recipientes donde comían”, confesó Marcos Alvis Patiño ante la Jurisdicción Especial de Paz.
En el testimonio que entregó el compareciente, que durante años mantuvo bajo su poder a los policías que fueron secuestrados durante la toma de Mitú en 1999, incluyó un reconocimiento de responsabilidad sobre los hechos que investiga la JEP.
Alvis Patiño pidió perdón a las víctimas y realizó un detallado relato de los horrores de la violencia de la que él fue partícipe, particularmente cuando estaba a cargo de dos campamentos de alambradas, ubicados a un costado del Río Apaporis, en cercanías del Chiribiquete.
“El daño que hicimos en esta guerra es demasiado grande”, asintió al reconocer los malos tratos que sufrieron quienes estuvieron en cautiverio. Su respuesta llegó minutos después de que la magistrada Julieta Lemaitre le leyera una solicitud del general Luis Herlindo Mendieta, víctima directa que estuvo en uno de los campos de secuestrados. “Él quiere que se reconozca que ellos estaban cerca de los marranos, les llegaba el olor constante, y que no tenían agua suficiente y los marranos sí. Tenían sed, se sentían humillados”, le dijo la magistrada. El desmovilizado admitió la situación y describió la distribución del campo y la forma como le bombeaban agua a los marranos, a los cautivos y al campamento de los guardias.
“El secuestro era inhumano, denigrante y de las peores cosas que ha dejado el conflicto”, señaló el ex guerrillero al comparecer ante la JEP. Aseguró estar arrepentido y se comprometió con ayudar a esclarecer qué pasó con las víctimas.
El ocho de marzo, Alfonso López Méndez describió el control que ejerció el frente 27 en el Meta, incluyendo las privaciones de la libertad y el maltrato que sufrieron los campesinos de la zona.
López Méndez fue cabecilla del frente 27, uno de los más grandes de la desmovilizada guerrilla. Reconoció que el frente llegó a tener 500 guerrilleros y 400 milicianos que hicieron presencia en regiones extensas de los municipios de Vistahermosa y San Juan de Arama, Meta.
López Méndez reconoció que el frente 27 se financiaba del cobro de la pasta base de coca, acumulando millonarios ingresos que le permitían ejercer el control territorial de vastas zonas.
Afirmó que además de los ingresos por la pasta base de coca recibían ingresos por ‘multas’ cobradas a los campesinos de la región. Tales ‘multas’ estaban precedidas de secuestros. Señalaban a los campesinos de ser informantes enemigos o de no cumplir las órdenes de la guerrilla, en especial la de pagar el ‘impuesto’ a la pasta base de coca. Reconoció que algunos campesinos fueron asesinados.
La mayoría de las víctimas acreditadas que presenciaron la diligencia eran campesinos de la zona que fueron secuestrados y recibieron torturas y tratos crueles e inhumanos por los guerrilleros que comandaba López Méndez.
Las víctimas reportaron que además de ser torturadas y maltratadas, fueron obligadas a pagar sumas de dinero que iban entre cinco y 50 millones de pesos y que los dejaban sumidos en deudas y pobreza. Las víctimas exigieron que el antiguo cabecilla reconociera su responsabilidad por estos hechos y les explicara de dónde habían salido las acusaciones falsas de que ellas eran colaboradoras de los paramilitares.
El compareciente reconoció su responsabilidad como cabecilla del frente 27 que realizó los hechos descritos, el daño causado y pidió perdón a las víctimas presentes. Además, aportó información sobre el control territorial del frente 27, y cómo los secuestros eran parte de tal acción, en particular sobre los campesinos cultivadores de coca y otros pobladores.
El 11 de marzo, Jhoverman Sánchez reconoció su participación en el secuestro de más de 137 miembros de la Fuerza Pública en el Nudo del Paramillo y en la zona de Urabá.
Sánchez fue el tercero al mando del frente quinto hasta 1997 y luego comandó el frente 58 que delinquía en la misma zona (Nudo de Paramillo, Urabá y Chocó). Participó en operaciones guerrilleras en Riosucio, Murindó, Vigía del Fuerte, Bojayá, Carmen de Atrato y Juradó.
34 víctimas enviaron preguntas al compareciente. Sobre estos casos, Jhoverman Sánchez reconoció su participación en estos delitos, pidió perdón a quienes sufrieron estos crímenes y se comprometió a investigar.
“Era común que cuando transitaban del Urabá hacia Medellín, en Dabeiba, en un puente los paraba la guerrilla constantemente, se montaban, señalaban quiénes se tenían que bajar, los mataban y los tiraban al río”.
Por casos de desaparición forzada, en medio de la diligencia uno de los abogados de las víctimas le preguntó al compareciente sobre quién era el mando en la zona de Dabeiba, pues las víctimas dicen “que era común que cuando transitaban del Urabá hacia Medellín, en Dabeiba, en un puente los paraba la guerrilla constantemente, se montaban, señalaban quiénes se tenían que bajar, los mataban y los tiraban al río”.
“Sí sucedieron esos hechos”, respondió Jhoverman, quien explicó: “esa acción la hacían comisiones de dos frentes: 34 y quinto, pero los que pasábamos por allí no hacíamos esos (hechos)”.
Sánchez reconoció su participación en el secuestro de más de 137 miembros de la Fuerza Pública entre militares y policía, entre 1998 y 2005. Sin embargo, ante los vejámenes que una de las víctimas directas de estos casos denunció haber sufrido en medio de su cautiverio, el compareciente respondió: “había otros mandos superiores a mí que se encargaban de esto. Nunca fui a ninguno de estos campamentos”.
Además de Marcos Alvis Patiño, Alfonso López Méndez y Jhoverman Sánchez, han rendido versión otros mandos medios de las Farc-EP: Bernardo Mosquera Machado, Héctor Julio Villarraga, Wilmar Antonio Marín Cano y Reinel Guzmán.
El 9 de abril, la Sala de Reconocimiento de Verdad escuchará las versiones de tres comparecientes más: Sandra Patricia Velásquez, Fancy María Orrego y Pedro Trujillo Hernández. La Sala avanza en otros autos de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 01 con el fin de atribuir la responsabilidad de los mandos medios, jefes de bloques y autores materiales de los secuestros, agrupados por Bloque de Frentes.
CASO 02: CRISIS EN NARIÑO
Está relacionado con la Situación de municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño) relacionado con la ocurrencia de 2.561 hechos victimizantes.
La JEP ha recibido 66 versiones rendidas por 27 personas, en desarrollo de 44 diligencias de construcción dialógica de la verdad en diálogo intercultural. Igualmente, han sido vinculados 44 comparecientes mediante auto, acreditando a 11 sujetos colectivos como víctimas (105.165 víctimas individualizadas) y 48 víctimas individuales reconocidas como tal, para un total de 105.213 víctimas acreditadas ante la JEP.
CASO 03: ‘FALSOS POSITIVOS’
Investiga las Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado (‘Falsos positivos’), estimándose que se registraron 1.179 víctimas en 6.402 hechos victimizantes.
Sin embargo, solo 349 personas han rendido 386 versiones en desarrollo de cinco diligencias de construcción dialógica de la verdad y 333 comparecientes han sido vinculados formalmente mediante auto. A pesar de que la JEP informó la existencia de 6.402 hechos victimizantes y la ocurrencia de 1.179 víctimas, hasta el momento solo han sido acreditadas 699 víctimas.
De acuerdo con la JEP, la primera fase de la investigación se concentra en seis zonas del país: Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.
Para la decisión, la JEP se basó en cuatro bases de datos: las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos (CCEEU). Tales fuentes difieren respecto a la magnitud de los hechos.
Las fuentes coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.
La Sala de Reconocimiento priorizó seis subcasos que le permitirán esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad. Bajo esta lógica, en la segunda fase de la investigación del Caso la Sala abordará los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros.
La aplicación de los criterios se hizo a partir de la información recibida, recaudada y analizada por la Sala. No existe entre los seis subcasos un orden de prioridad adicional y el avance de estos, en cada una de las etapas, corresponde al avance propio de la investigación que depende de la disponibilidad de información y recursos.
Subcaso Antioquia: registró el 25% del total de víctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008, es decir, una cuarta parte del total. El año de mayor victimización fue 2004. Se priorizarán hechos ocurridos entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el oriente antioqueño.
Subcaso Costa Caribe: el 7,3% del universo de víctimas, para el periodo comprendido entre 2002 y 2008, se encuentra en el Cesar, el tercer departamento con mayor nivel de victimización en el país. La Guajira reporta el noveno lugar de incidencia en la victimización del país con 90 muertes, equivalentes a un cuatro por ciento. La Sala prioriza la investigación de hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de la Guajira.
Subcaso Norte de Santander: la JEP afirma haber tenido conocimiento de 420 víctimas reportadas en el período 1985-2016. Norte de Santander ocupa el sexto lugar a nivel nacional. El 82 por ciento de las víctimas se concentran entre 1999 y 2008. La mayor cantidad de víctimas reportadas se concentra en El Catatumbo.
Subcaso Huila: la JEP tiene conocimiento de un incremento sustancial de casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008, en comparación con el número de casos que se registran antes y después de ese lapso. De un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales se tiene que la mayoría se concentraron en el sur y el centro del Huila, particularmente en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente al 26.9 por ciento del total de las muertes.
Subcaso Casanare: la Cuarta División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 alcanzó el primer puesto. Con el análisis de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por 100.000 habitantes, se pudo determinar que, para el periodo entre 2002 y 2008, la tasa para este departamento fue la más alta en todo el país con casi 12 por 100.000 habitantes. En esta zona la JEP priorizará la investigación por los hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Brigada XVI.
Subcaso Meta: presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2005. En consecuencia, se priorizará el esclarecimiento de los hechos ocurridos en ese periodo.
CASO 04: URABÁ
Indaga la situación territorial en la región de Urabá, en el que la JEP estima un universo de 787.000 víctimas y 3.582 hechos victimizantes. Hasta el momento, 45 personas han rendido 77 versiones (incluyendo versiones voluntarias realizadas de manera conjunta con el Caso 03) en desarrollo de nueve diligencias de construcción dialógica de la verdad. Han sido vinculados 249 comparecientes mediante auto y han sido acreditadas 37.730 víctimas (37.593 de 111 colectivos reconocidos como tales y 137 individualmente consideradas).
CASO 05: EN EL PACÍFICO
Investiga la situación territorial norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Se estima el registro de 2.308 hechos victimizantes. La JEP ha recibido 33 versiones rendidas por 33 personas en desarrollo de 15 diligencias de construcción dialógica de la verdad. Han sido vinculados 64 comparecientes mediante auto, acreditando a 107 sujetos colectivos como víctimas (178.149 víctimas individualizadas) y 68 víctimas individuales reconocidas como tal, para un total de 178.217 víctimas acreditadas pro la Justicia Especial.
CASO 06: VÍCTIMAS DE LA UP
Se relaciona con la victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP). Se estima un universo de 8.083 víctimas y 8.550 hechos victimizantes.
Seis personas han rendido seis versiones. Han sido vinculados 15 comparecientes mediante auto, acreditando a un sujeto colectivo de víctimas. En total: 108 víctimas reconocidas hasta el momento.
CASO 07: RECLUTAMIENTO DE MENORES
Investiga el Reclutamiento de niños y niñas en el conflicto armado. Se estima un universo de 17.024 víctimas. En este caso, 15 desmovilizados de las Farc-EP han rendido versiones. Han vinculado a 37 comparecientes mediante auto y han acreditado a 154 víctimas.
Julián Gallo -ex cabecilla guerrillero conocido con el alias de ‘Antonio Lozada’, hoy senador de la República- reconoció en septiembre del año pasado que las Farc-EP había reclutado, a la fuerza, a menores de edad durante los 50 años de conflicto armado en Colombia.
En declaración ante la JEP, Gallo afirmó: “Esa situación de los niños no nos hace sentirnos contentos ni orgullosos”.
Por su parte, Milton de Jesús Toncel Redondo (alias Joaquín Gómez) afirmó: “Estoy dispuesto a reconocer, sin ambigüedad y sin eufemismos, el reclutamiento forzado, delito por el que como organización política surgida del Acuerdo de Paz, estamos y estoy dispuesto a rendir cuentas pidiendo perdón a las víctimas y a la sociedad”.
Un cálculo aproximado estima que 14 mil menores de edad fueron reclutados por los grupos armados ilegales entre 2002 y 2020, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
En ese período. 5.503 menores fueron recuperados de los grupos armados ilegales. 3.199 (58%) en las Farc-EP; 1.103 (20%) en el Eln; 809 en las AUC y 153 en Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR).
Para el 10 de febrero de 2020, al menos 8.794 personas reclutadas siendo menores, habían alcanzado la mayoría de edad en grupos irregulares.
DECISIONES JUDICIALES
En la JEP funcionan dos instancias: las Salas de Justicia (Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Sala de Amnistía o Indulto) y el Tribunal para la Paz (Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Sección de Revisión y Sección de Apelación). En total ha adoptado 40.096 decisiones judiciales y ha realizado 126 audiencias.
SALAS DE JUSTICIA
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas ha realizado nueve audiencias, adoptando 3.322 decisiones judiciales. No ha realizado audiencias.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha realizado 28 audiencias, adoptando 16.160 decisiones judiciales.
La Sala de Amnistía o Indulto ha realizado 77 audiencias, decidiendo en 14.209 oportunidades.
TRIBUNAL PARA LA PAZ
El Tribunal para la Paz, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad ha adoptado las siguientes decisiones judiciales: 165, propia; y 1.725 adoptadas por magistrados de las secciones de primera instancia que se encontraban en situación de movilidad.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad había adoptado 526 decisiones judiciales propias y 1.618 en movilidad. Ha realizado 12 audiencias.
La Sección de Revisión ha decidido en 4.743 oportunidades. No ha realizado audiencias.
La Sección de Apelación ha decidido en 971 ocasiones. No ha realizado audiencias.
La JEP ha concedido libertad condicionada a 288 personas, y no ha concedido el beneficio a 1.977 comparecientes. De estos casos, negó libertad a 878 solicitantes, rechazo por falta de competencia 700 solicitudes, remitió 345 a otras salas y en 54 hubo desistimiento. Según la Jurisdicción, “el beneficio no se concede cuando por lo menos uno de los factores de competencia de la JEP no se cumple: personal, material o temporal. Si no se cumple con el factor personal, esto significa que no pudo acreditarse que la persona fuera exintegrante o colaborador de las extintas Farc-EP”.
Respecto de las libertades transitorias, condicionadas o anticipadas a miembros de la Fuerza Pública y a terceros, la JEP ha concedido 439 solicitudes, ha negado 136, se abstuvo de decidir en siete casos y en una oportunidad decidió no revocar el beneficio otorgado.
Así mismo, ha concedido 346 amnistías y no ha concedido 2.054 (negó 227, rechazó por falta de competencia 1.293 solicitudes, remitió 479 solicitudes a otra sala y hubo desistimiento en 55 casos).
La JEP ha recibido 68 solicitudes de garantías de no extradición, avocando 10 trámites (concedió una, negó dos, adelanta siete trámites), se ha abstenido de tramitar en 57 casos y tiene uno en fase previa. Hasta el 24 de febrero, la JEP había recibido 30 versiones de aporte temprano a la verdad.
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[*] La Justicia Especial para la Paz (JEP) fue creada por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP, con el objetivo de administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años. Las víctimas tienen derecho a la justicia, a la verdad y a ser reparadas, con el propósito de construir una paz estable y duradera.