En medio del barullo electoral, repleto de distracciones y maniobras, pasaron casi ignorados tres documentos recientes que discretamente sacudieron los agrietados cimientos de este gobierno ‘nobelesco’.
El primero fue publicado el pasado 16 de marzo por InSight Crime[1], la prestigiosa organización que mezcla periodismo, academia y análisis político sobre crimen organizado que trabaja en 15 países de Latinoamérica y el Caribe haciendo investigación, intercambio, capacitación y formulación de estrategias para la implementación de políticas de seguridad en el continente.
El informe 'La nueva generación de narcotraficantes colombianos post-FARC: Los Invisibles' [2] del director ejecutivo y cofundador de InSight Crime Jeremy McDermott, afirma que la 'Mafia de las ex-Farc' está activa e integrada por unos 1.000 o 1.500 guerrilleros o milicianos de las llamadas “disidencias” que se identifican como 'Bloque Oriental'; a los cuales se suman por lo menos 300 ex-milicianos y colaboradores no reconocidos como parte de las Farc en el proceso de paz y que mutaron en “FARCRIM”, los mismos que operan en zonas como Tumaco bajo el nombre de “La gente del orden” (ahora autodenominado “Comando Conjunto de Occidente FARC-EP”).
Pero además dice que hay unas 'Farc ocultas' con alrededor de 1.200 combatientes que permanecen en silencio y con acceso a caletas de armas y logística, leales al movimiento armado y posiblemente organizados como el “Plan B” bajo el mando del jefe de la columna Teófilo Forero, Hernán Darío Velásquez, alias 'El Paisa'. A estos grupos podrían sumarse unos 18.000 milicianos que no se concentraron en los puntos habilitados en el proceso.
El informe precisa que “...FARC desmovilizó un poco menos de 11.000 combatientes, prisioneros y milicianos. Creemos que esta cifra representa solo la mitad de sus integrantes” y señala además que el gran beneficiado del proceso de paz ha sido el Ejército de Liberación Nacional - ELN, con quienes el Gobierno porfía dialogar en Quito. Por demás, hace un interesante recuento bien detallado de la evolución de los carteles de drogas en Colombia y analiza el acuerdo de ‘Pax mafiosa’ convenido entre las organizaciones de tercera y cuarta generación en 2013 y su proyección trasnacional.
El segundo documento es el ‘Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2017’[3] (A/HRC/37/3/Add.3) presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 37 período de sesiones (2 de marzo de 2018).
En el capítulo dedicado a los 'Desafíos para la implementación del Acuerdo en materia de garantías de no repetición' relacionado con la 'Reintegración de excombatientes y desvinculación de niños y niñas', menciona que en 2017 la Oficina del Alto Comisionado en Colombia recibió información sobre la 'desvinculación informal de niños' en Cauca, Caquetá y Meta y además señala “la persistencia del reclutamiento y la utilización de niños en áreas donde operan ex miembros de las FARC-EP. Adicionalmente, el ELN y grupos criminales siguen reclutando y utilizando a los niños”.
En lo que se refiere al Sistema de Justicia Especial para la Paz, señala que hay preocupación por la concesión de “...amnistías, indultos y tratamientos penales especiales a miembros de las FARC-EP y a militares colombianos condenados o acusados de violaciones de derechos humanos que, en el derecho internacional, no son objeto de amnistía...” y ratifica que la Justicia Especial para la Paz - JEP carece de competencia para juzgar esos crímenes, como son precisamente la violencia sexual y el reclutamiento de menores.
El tercer documento publicado el 8 de marzo por la Fundación “Ideas para la Paz”[4], titulado “¿Cómo se mueven el ELN y las disidencias de las FARC en la Orinoquía colombiana y la Guayana venezolana?” reitera varios puntos tratados en los anteriores y evidencia de manera dramática el crecimiento del ELN en términos de control territorial, dominio de rutas y copamiento del negocio del narcotráfico.
Es sorprendente que tres aliados del proceso de paz (ONU, InSight Crime y FIP) hayan sacado tan gruesas afirmaciones sin haber recibido mayor crítica del Gobierno. Apreciados en su conjunto, demuestran el avance y sofisticación de la narcotización de Colombia y la degradación del conflicto soterrado, más allá del incremento de los cultivos ilícitos hasta las 220.000 hectáreas sembradas.
Semejante silencio reconoce que los esfuerzos del estado están siendo sobrepasados por una dinámica criminal que avasalla la población en los territorios. La visión paquidérmica y distante de un gobierno atrapado en las encuestas que reclama éxitos de papel en la política antidrogas a punta de actas de compromiso (que poco erradica y poco sustituye), es una burla chambona que tendrá duras repercusiones en la visita de Trump.
También es evidente la pérdida acelerada de gobernanza y confiabilidad ante los países europeos, que están pidiendo cuentas sobre el manejo de los dineros donados para el proceso de paz y del nombramiento de las personas responsables de su manejo. El hecho de que tres países donantes y garantes formulen objeciones en estos temas es insólito y deja muy mal parado al gobierno de un Nobel de Paz sin paz y sin legado.
Las advertencias repetidas desde esta columna se han cumplido y no eran mentiras ni exageraciones. El fracaso de los acuerdos habaneros es inocultable y la amenaza de reactivación del conflicto es cada vez más evidente, tanto así que parece provocada.
El reto para quien asuma el Gobierno el siete de agosto es enorme y no puede dejarse a la continuidad disfrazada, ni a los aullidos de los indignados. Hay que enderezar el curso de los acontecimientos para recuperar la democracia real en Colombia. La alianza republicana es la vía a seguir, no hay de otra.
Ñapa 1: Se le aguó la fiesta al ministrico Rivera en Mocoa. Su tía debe estar muy desilusionada, porque el show para mostrar su poder en la zona quedó en veremos y las obras se entregaron para sacar la foto, no para usarlas.
Ñapa 2: Las series 'O Mecanismo' y 'Pinkey Blinders' en Netflix explican mucho de lo que estamos viviendo. ¡Imperdibles!
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[1] InSight Crime tiene y como principales benefactores a Fundación Open Society (OSF) de George Soros, al Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (International Development Research Centre – IDRC), la Embajada Británica en Colombia y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (Swedish International Development Agency – SIDA); y cuenta entre sus miembros de Consejo Directivo a Arlene Tickner, profesora de titular en la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, columnista de El Espectador y panelista de Caracol Radio. Página web: https://es.insightcrime.org/
[2] InSight Crime. Jeremy McDermott. “La nueva generación de narcotraficantes colombianos post-FARC: Los Invisibles”. Marzo 2018. Documento descargable en .pdf, revisado el 2 de abril de 2018, disponible on-line en: https://es.insightcrime.org/wp-content/uploads/2018/03/La-nueva-generaci%C3%B3n-de-narcotraficantes-colombianos-post-FARC-Los-Invisibles.pdf
[3] ONU. Consejo de Derechos Humanos. Original en inglés disponible en: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session37/Documents/A-HRC-37-3-Add_3_EN.docx
[4] Fundación Ideas para la Paz - FIP. Infografía: “¿Cómo se mueven el ELN y las disidencias de las FARC en la Orinoquía colombiana y la Guayana venezolana?”. Bogotá, 8 de marzo de 2018. Disponible en: http://ideaspaz.org/especiales/infografias/infografia-movimientos-disidencias-eln.html