RADIOGRAFÍA

* Colombia: un rebaño de borregos temerosos de un lobo imaginario, mientras el pastor los despedaza.

POBREZA

La pobreza significa barreras a la libertad. Cuando un grupo social no puede satisfacer necesidades básicas: comida, vivienda, salud, educación y se queda sin expectativas a futuro, no hay pensamiento libre ni concepción moral o espiritual válidos, no existen elementos para formular decisiones con libertad.


A pesar de la desigualdad, de la inequidad de oportunidades, de recursos y posibilidades, el sistema que crea la miseria responsabiliza al pobre de su situación. Nadie es inocente del pecado de la pobreza.

  • Pobreza en Colombia, 2020: 38.0%, cerca de 19 millones de personas (Dinero.com).

  • Pobreza extrema en Colombia (indigencia) 2020. 11.3%, cerca de 6 millones de personas (Dinero.com).

CORRUPCIÓN

En una mecánica infernal que se convirtió en procedimiento, una élite exquisitamente educada en exclusivos centros nacionales e internacionales, actuando en función de sus particulares intereses, ‘administra’ nuestros recursos manipulando con astucia a la población con medios de comunicación que le pertenecen, dando un pésimo ejemplo general, que se traduce a su vez en perversión en todos los aspectos de la vida diaria. Es una práctica que se mide en billones de pesos. Estamos totalmente contaminados por este flagelo. Es una subversión de cuello blanco que como cualquier delito, deja víctimas.


No se trata sólo de percepción. En sólo los casos registrados, es decir, lo que sabemos, se estima que nos arrebatan más de 52 billones de pesos cada año (Publimetro) en episodios que en muchos casos se ejecutan en complicidad con altos funcionarios de las agencias del Estado. La impunidad es su guardaespaldas.


NARCOTRÁFICO

Según datos de ONU, para 2016 había en el mundo más de 275 millones de adictos (aumentando en progresión geométrica). Ese colosal consumo de narcóticos provoca su producción en alguna parte. Todas las condiciones se dan para que sea en este país latinoamericano donde se produzca el 70% de toda la cocaína del planeta (ONU). El tráfico de drogas es el resultado lógico de la conjunción de los elementos que conforman y perfeccionan un negocio: la oferta y la demanda, cumpliéndose perfectamente una ley económica fundamental: la demanda crea su propia oferta.


No es ningún fenómeno, es el negocio del milenio, más fabuloso aún que el tráfico de armas, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas, la comida chatarra, las bebidas azucaradas. Es declarado ilegal por los países desarrollados, principales consumidores, que no pueden producir la hoja de coca pero cuyos grandes laboratorios inundan el mundo con anfetaminas que pretenden efectos similares a los de la cocaína.


El narcotráfico suscita en Colombia el advenimiento de una especial cultura con estatus propio resguardada en un formidable poder económico. Es causa y efecto, en un diabólico círculo vicioso, de violencia, corrupción y delincuencia.


GUERRILLA

Se genera como expresión legítima del descontento social. El conflicto colombiano, aunque hunde sus raíces en los años treinta con motivo de las luchas campesinas dentro de un país sin reforma agraria, inicia formalmente en 1964. Degeneró en organizaciones que desprestigian y confunden la lucha por la justicia social y que ante la respuesta errada del Estado se convierten en un conflicto recurrente.

  • Nuestros gobiernos adoptaron la guerra como solución.

  • Mientras la guerrilla cuente con el blindaje imposible de montañas, ríos y selvas, la financiación de poderosos e intocables socios del narcotráfico y el apoyo logístico rural, no será posible para un ejército regular derrotarla. La insurgencia armada es como una enfermedad crónica, que no es mortal pero sí costosa y hace mucho daño.

PARAMILITARISMO

Es una criatura del Estado. El déficit de seguridad de la nación, con más territorio que institucionalidad albergó la aparición desde 1978, de ejércitos paralelos como estrategia contrainsurgente de los gobiernos. Fueron legitimados por la ausencia de Fuerza Pública y la necesidad de repeler la violencia de las guerrillas, pero llegaron a poner en marcha todo un proyecto criminal de cariz territorial, económico y político.


Desde sus inicios, la guerrilla consigue por las buenas o por las malas el apoyo de la población campesina, fundamental para su subsistencia: camuflaje, alimentación, servicios de salud, logística. Por supuesto que la estrategia militar conduce a actuar sobre ese único fundamento de la subversión armada que se puede neutralizar: el apoyo rural, pero en lugar de hacerlo con presencia institucional y estructural del Estado, con vivienda, salud, educación, carreteras, se asume la criminalización de los campesinos, colocándolos entre dos fuegos mortales, propiciando la agresión con tropas de paramilitares asesinos patrocinadas por latifundistas, narcotraficantes y emporios de ganado y agricultura, que se ubican con la guerrilla en el ámbito de crímenes de lesa humanidad.


Amplios sectores de las Fuerzas Armadas creen encontrar en el paramilitarismo, una solución a su impotencia militar.


ACUERDO DE PAZ

Es una concertación para cesar definitivamente las hostilidades entre facciones beligerantes que no se pueden derrotar y no se quieren seguir desgastando inútilmente. No es un acto de sometimiento ni de rendición, es una negociación en igualdad de condiciones donde se plantean voluntades y posiciones, basándose en una serie de ofertas y contraofertas que permiten a las partes llegar a una situación de no agresión. Un Acuerdo de Paz implica transformaciones, es un pacto político.


Procesos relevantes:


M-19

El Movimiento 19 de abril, mejor conocido por su acrónimo M-19​, fue una organización guerrillera urbana, surgida a raíz de las irregularidades en las elecciones presidenciales de abril de 1970.


En marzo de 1990 el grupo concreta un Acuerdo de Paz con el gobierno. El logro más significativo de este proceso fue la elaboración, meses más tarde, de una nueva carta política, la Constitución de 1991, con la que se pretendió lograr un perfil moderno y progresista del Estado. La constitución de 1991 fue un intento legítimo de organización, pero pasados 30 años, confirmamos que no hay acuerdo sobre sus efectos positivos o negativos, porque esta Constitución está totalmente contaminada por intereses políticos. Se usó, por ejemplo, para automatizar los aumentos en los salarios de congresistas, magistrados y generales.

En la década de los noventa el país se acerca a un 'Estado fallido', incapaz de garantizar unos mínimos de seguridad territorial, jurídica y humana, por el poder de diferentes grupos armados de la guerrilla y los paramilitares involucrados en el conflicto.

FARC

Desde mediados de la década de los cincuenta, cientos de campesinos, catalogados como “bandoleros” que venían de fracasados procesos de amnistía, se concentran en zonas de Marquetalia (Tolima), Riochiquito (Cauca), El Pato (Huila) y Guayabero (Guaviare). Exigían escuelas, hospitales, carreteras y caminos vecinales para sacar sus productos al mercado. En el contexto de la “guerra fría”, el gobierno de turno interpretó esas ocupaciones y exigencias como una amenaza y como una alineación con el comunismo y decidió, en 1964, asesorado por el Departamento de Estado norteamericano, atacarlos en Marquetalia con un bombardeo despiadado.


Campesinos sobrevivientes crearon la guerrilla de las FARC, apoyados por el régimen cubano, ese sí inspirado en el marxismo-leninismo, y se convierten en una de las insurgencias armadas más numerosas y fuertes del mundo, que protagonizó más de 50 años de guerra con el Estado colombiano.


En la década de los noventa el país se acerca a un 'Estado fallido', incapaz de garantizar unos mínimos de seguridad territorial, jurídica y humana, por el poder de diferentes grupos armados de la guerrilla y los paramilitares involucrados en el conflicto.


A la magnitud de la violencia se suman cuatro años, de 1994 a 1998, de una grave crisis institucional a causa de la filtración de dinero proveniente del narcotráfico en la campaña presidencial. El gobierno siguiente (1998-2002) entiende que es imprescindible abrir un espacio de diálogo desde el que se pueda obtener una paz negociada con las Farc-EP. Un proceso que transcurrió entre enero de 1999 y febrero de 2002 y será conocido como los 'Diálogos del Caguán'.


El Caguán fue una suerte de 'paz armada' en la que, tanto el Gobierno como las FARC instrumentalizan un escenario de diálogo con vistas a un fortalecimiento militar, haciendo valer la frase del romano Vegecio: si vis pacem, para bellum.


El resultado es una política de seguridad de 'mano dura', personalizada en el gobierno de 2002 a 2010, que después del Caguán llega al poder a anteponer la seguridad sobre cualquier otro valor. Se incrementó extraordinariamente el gasto público en seguridad y defensa.


En ese período proliferan los grupos paramilitares de autodefensa denominados como Convivir, creados en la década de los noventa, que pasan a conformar una entidad mucho mayor, de influencia nacional, denominada Autodefensas Unidas de Colombia (bajo la sigla AUC) que cambia la tendencia de fuerzas claramente a favor del Estado. La actividad de las Farc-EP, para nada se reduce y más allá de su aparente debilitamiento, se aprecia un proceso de potenciamiento con la narcotización (manejo de rutas y financiación del narcotráfico) y la periferialización (concentración en fronteras con Ecuador y Venezuela).


Se descubre que muchos de los 'buenos resultados' presentados por el gobierno son un fraude criminal. Hacen parte de un macabro proyecto concentrado en asesinar civiles inocentes para pasarlos como bajas al enemigo en combate. Hacia 2010 el conflicto llega a un doble estancamiento: las Farc-EP saben que es imposible tomar el poder y el Estado ve cada vez más lejos derrotar militarmente a las Farc-EP.


Un personaje insólito llega al comando del gobierno de 2010-2018. Es un miembro destacado de la súper élite responsable de la situación social, económica y política de Colombia. Se ubica en el lugar y el tiempo perfectos, percibe la llegada de la historia y se lanza, iluminado y traidor, a enfrentarse con las sombras de su misma especie, abordando desde principios de 2011 un proceso de diálogos de paz con el que se aspira a poner fin a un conflicto de cifras espeluznantes: más de 50 años, 220.000 muertos, 60.000 desaparecidos, 30.000 secuestros, 13.000 víctimas de violencia sexual (Centro Nacional de Memoria Histórica).


Este nuevo proceso de diálogo evita repetir los errores del Caguán. La composición de los equipos negociadores presenta una impronta mucho más política que militar aunque se destaca la presencia de un general por parte de las Fuerzas Militares y otro por el lado de la Policía.


Se establecieron dos países garantes, Noruega y Cuba, y otros dos que fungieron como países acompañantes, Venezuela y Chile, con el cometido de facilitar acciones de mediación y diálogo y una estrategia de comunicaciones mucho más seria, que se valió del uso de comunicados conjuntos para explicar las situaciones de mayor alcance y dificultad acontecidas en el transcurso del proceso de diálogo.


Se constituye estrictamente una agenda de terminación del conflicto sobre la base de seis puntos de negociación:

  1. Política de desarrollo agrario integral. Reforma rural. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 1.1% de la población total del país resulta propietaria de más del 50% de nuestra superficie de tierra productiva.

  2. La participación política de las Farc-EP. Fue un debate muy controvertido por los opositores al Acuerdo, que no aceptan dicha participación. Sigue muy presente el genocidio cometido contra la Unión Patriótica durante la segunda mitad de los años ochenta, perpetrada por el paramilitarismo en connivencia con parte de la Fuerza Pública y el establecimiento, dejando consigo la muerte de miles de militantes y cientos de concejales, alcaldes e incluso, congresistas y candidatos presidenciales.

  3. Fin del conflicto. El Gobierno y las Farc-EP acuerdan el cese bilateral de las hostilidades además del desarme total de la organización subversiva en zonas especiales donde se concentran los guerrilleros sin presencia de la Fuerza Pública, 23 veredas del país que serán llamadas 'Zonas Veredales Transitorias de Normalización' (ZVTN) y ocho campamentos, donde se realiza la entrega del armamento, cuya verificación estuvo a cargo de la ONU, organismo al cual las Farc-EP entregan un total de 7.132 armas.

  4. Búsqueda de una solución al problema de las drogas ilícitas. Las Farc-EP acuerdan priorizar la erradicación manual como principal método de erradicación de drogas en concertación con los cultivadores y productores. Junto al gobierno nacional sostienen que se considere al drogadicto como a un enfermo.

  5. Víctimas y verdad. Uno de los puntos a discutir es determinar quiénes son víctimas del conflicto armado. Las FARC no se reconocen como 'agente victimizante', y en tal condición aducen que han ejercido su derecho a la rebelión. Se acuerda una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, una Jurisdicción Especial de Paz y medidas concretas de reparación y no repetición.

  6. Implementación, verificación y refrendación a los compromisos adquiridos. El Acuerdo de paz establece que el Gobierno Nacional sea el principal responsable de su correcta implementación, lo cual convierte al Acuerdo mismo en una suerte de hoja de ruta desde la cual se deben dirigir políticas públicas que transformen estructural e institucionalmente el país. Se añadió la cláusula de que las FARC asuman un ejercicio de declaración de sus bienes activos para que estos puedan ser utilizados en la reparación de las víctimas.

El gobierno y las Farc-EP acuerdan la refrendación a través de un plebiscito nacional el dos de octubre de 2016, una semana después de la firma oficial de los Acuerdos de La Habana. El resultado final fue el rechazo de los acuerdos suscritos, con el 50,21% del NO contra el 49.79 % del SI.


A raíz de este revés, se establece una mesa de diálogo donde se aceptan modificaciones excepcionales. El Acuerdo queda ratificado y se firma definitivamente el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.


Se presenta un escenario especial de posconflicto:

  • Como prueba de fuego, la implementación del Acuerdo de paz queda en manos de un gobierno de personajes que se oponen a un proceso diseñado estructuralmente para soportar semejante condición, a la espera de mejores vientos en esta lenta transición hacia el desarrollo.

  • Aunque se insiste, contra toda evidencia, en que no es un plan sistemático, desde la firma del Acuerdo hay una masacre gota a gota de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, y excombatientes acogidos, hasta el punto que han sido asesinados más de mil (1.000). La violencia arrecia, la matanza continúa.

  • El vacío de poder dejado por las Farc-EP en el tablero del conflicto armado es ocupado estratégica y territorialmente por grupos de las antiguas AUC, que pasan a ser Bandas Criminales (BACRIM) al servicio del narcotráfico, y por otras guerrillas y grupos disidentes de las FARC que no entraron en el Acuerdo, todos denominados Grupos Armados Organizados (GAO).

ALTERNATIVA

El problema y la solución de Colombia, antes que económico, político o social, es humano.

Estamos condicionados por un sistema que anula, desde la niñez, cualquier forma de conciencia social y nos programa en el apego exagerado a los bienes materiales. No hay benevolencia de las clases superiores con las clases inferiores, aquellos que no tienen voz, no son escuchados. La ignorancia impide que como elementos activos de la historia, tengamos conciencia de nuestra coyuntura actual, del pasado como reflexión, del entorno como contexto y del futuro como acción. El régimen distrae: las llamadas 'Derecha' e 'Izquierda' motivan en nuestro país una polarización infame de opiniones, actitudes, comportamientos, acciones de grupos en el poder y corrientes de oposición con referencia a la gran cantidad de asuntos nacionales. Se llega a un espantoso, criminal y absurdo forcejeo entre dos tendencias, dos criterios, dos intereses para que no sea ninguno de ellos el que logre concretar soluciones para el nebuloso proceso que implica la crisis de nuestra patria.


Somos culpables de tanto mal, por complicidad por acción o por omisión, por debilidad, indiferencia, resignación, conformismo, complacencia, por vivir tranquilos en medio de la injusticia, por permitir la continuación del legado trágico que recibimos.


Los problemas de nuestra nación no se solucionan con caudillismos. Se requiere una actitud colectiva, de todo un pueblo, un esfuerzo grandioso, de conjunto, que conforme un frente unido, con fórmulas, planteamientos, resultados, con el regreso a la cultura elemental y el valor moral que representan el respeto al prójimo.


No es necesario andar reformando nuestra legislación vigente, simplemente hay que cumplirla. Enseñemos y transmitamos dignidad y sensibilidad social. Los problemas no son en blanco y negro, debemos considerar todos los matices. Entreguemos un futuro válido a quienes heredarán nuestra maravillosa Colombia.


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Bibliografía de referencia:

  • Centro Nacional de Memoria Histórica.

  • http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/ Paginas/Texto-completo-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx.

  • Carlos Medina, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, desarrollo y consolidación. Bogotá, Editorial de Documentos Periodísticos, 1990.

  • Daniel Pécaut, “Las FARC: fuentes de su longevidad y de la conservación de su cohesión”, Análisis Político, 2008, núm. 63.

  • Daniel Pécaut, Crónica de cuatro décadas de política colombiana, Bogotá, Norma, 2006.

  • Eduardo Pizarro, Las FARC (1949-2011). De guerrilla campesina a máquina de guerra, Bogotá, Norma, 2011.

  • James Henderson, Víctima de la globalización. La historia de cómo el narcotráfico destruyó a Colombia, Bogotá, Siglo del Hombre, 2010.

  • Jerónimo Ríos, “Dinámicas de la violencia guerrillera en Colombia”, Revista de Ciencias Sociales, vol 22, núm. 3.

  • Jerónimo Ríos, “La narcotización del activismo guerrillero de las FARC y el ELN, 1998-2012”, Revista UNISCI, núm. 41.

  • W. Chan Kim / Renée Mauborgne, “La estrategia del Océano Azul”, Harvard Business Publishing, New York, 2005.

  • Jerónimo Ríos, Breve historia del conflicto armado en Colombia, Madrid, La Catarata, 2017.

  • Mario Aguilera, Las FARC: la guerrilla campesina 1949-2010, Bogotá, Arfo Editores, 2010.

  • Ministerio de Defensa, Logros de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, Bogotá, 2010.

  • Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (ODHDIH). Síntesis de la violencia y la confrontación armada en Colombia, 1998-2012 y 2015, Bogotá.

  • Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano. Colombia rural: Razones para la esperanza, Nueva York, Naciones Unidas, 2011.

  • Teresa Ronderos, Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia, Bogotá, Aguilar, 2014.


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