* La JEP investiga homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y violencia sexual como partes de un patrón de control social y territorial; y sicariato y atentados con explosivos en las ciudades por parte de las redes urbanas.
Bogotá DC | A paso lento avanza el Macrocaso 10 de la Justicia Especial para la Paz (JEP), abierto el 15 de julio de 2022, mediante el cual investigan los crímenes no amnistiables perperados por las Farc-EP que causaron más de 54.000 víctimas desplazadas forzosamente y más de 50.100 de medios y métodos Ilícitos de guerra.
Los patrones de crímenes que son investigados y juzgados por la JEP son: homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y violencia sexual como partes de un patrón de control social y territorial; el uso de medios y métodos ilícitos de guerra y otros crímenes cometidos en desarrollo de las hostilidades; y sicariato y atentados con explosivos en las ciudades por parte de las redes urbanas.
El macrocaso 10 agrupa 306 informes entregados por la sociedad civil, así como informes de la Fiscalía Genera de la Nación sobre crímenes perpetrados por las Farc-EP durante el conflicto armado. Entre estos están graves infracciones al Derecho Penal Internacional como homicidios de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, violencia sexual, y el uso de medios y métodos ilícitos de guerra.
Estos crmenes, graves por su naturaleza, no estaban incluidos en otro macrocaso. El macrocaso fue denominado 'Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas Farc-EP por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano'. Es decir, se trata de investigar aquellos hechos que han estado por fuera de las conductas analizadas en los casos de secuestro y de reclutamiento, además de la utilización de niños y niñas en la guerra.
Reconociendo que habían tardado en investigar los hechos, la Sala de la JEP abrió el macrocaso 10 a partir de tres criterios de impacto: la gravedad de los hechos, la magnitud de la victimización y la representatividad. Además, tuvo en cuenta dos criterios subjetivos de impacto: la vulnerabilidad de las víctimas y la representatividad de los presuntos responsables.
La JEP se comprometió, hace casi un año, a la identificación de los máximos responsables, hecho que no ha logrado. Hay que anotar -como consta en informes de la Fiscalía y del Sistema Penal Acusatorio- que la gran mayoría de esos crímenes permanecen en la impunidad.
En las etapas previas a la priorización, la JEP agrupó los hechos en tres patrones: primero, los crímenes cometidos en ejercicio del control social y territorial, segundo, los crímenes cometidos en desarrollo de las hostilidades y tercero, los crímenes cometidos en contextos urbanos. El tercer patrón parte del reconocimiento de asesinatos selectivos por parte de antiguos miembros del último Secretariado de las Farc-EP, así como de los expedientes que registran ataques urbanos con explosivos como el del Club El Nogal.
HECHOS VICTIMIZATES
En un primer avance de la investigación, la JEP encontró que el universo provisional de hechos, elaborado por el Grupo de Análisis de la Información (GRAI), estaría conformado por 169.400 hechos victimizantes. Al contrastar los distintos informes entregados a la Sala de Reconocimiento el GRAI y los despachos encontraron diferentes reportes de victimización pues una persona puede ser víctima de varios delitos; por ejemplo, de homicidio y del uso de medios y métodos ilícitos de guerra.
El universo provisional de hechos, incluye 54.000 víctimas de desplazamiento forzado y 50.100 víctimas del uso de medios y métodos ilícitos de guerra (en los que se incluyen ataques a bienes protegidos, ataques a personas protegidas, uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, y hechos tipificados por la Fiscalía como terrorismo).
SAsí mismo, fueron identificadas 48.000 víctimas de homicidio, 15.000 víctimas de desaparición forzada y 2.300 víctimas de violencia sexual. Según la JEP, "se encontró que estos crímenes variaron de acuerdo con las diferentes etapas del conflicto armado: consolidación territorial de las Farc-EP (entre 1993 y 1996), intensificación de la confrontación con estructuras militares y grupos paramilitares (entre 1997 y 2006) y repliegue para evitar la confrontación directa con el adversario (entre 2007 y 2016). Los crímenes se concentraron en la segunda etapa de intensificación de la confrontación".
Los departamentos más afectados fueron aquellos que tuvieron presencia de estructuras del Bloque Oriental y del Bloque Sur de las Farc-EP. En relación al desplazamiento forzado, la mayoría de las víctimas documentadas se concentran en Caquetá, Vaupés, Guaviare y Arauca.
En cuanto a los departamentos con mayor afectación por eventos en los que se registra el uso de medios y métodos de guerra ilícitos, especialmente en tomas guerrilleras, el análisis del GRAI encontró que Antioquia, Tolima, Cauca y Nariño, son los departamentos con el mayor número de hechos.
ÓRDENES IMPARTIDAS
Hace un año, la Sala inició con el GRAI una etapa de profundización en el análisis para adoptar una estrategia de priorización territorial dentro del caso, así como de alistamiento de la JEP para la participación masiva de víctimas de todo el país y su representación común por organizaciones de víctimas.
Al tener un universo provisional de 169.400 hechos victimizantes hay una alta probabilidad de participación masiva de víctimas en este macrocaso por el número de víctimas incluidas en los 306 informes y las denuncias presentadas ante la jurisdicción ordinaria.
Por todo ello, la JEP afronta la tarea no solo de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de estos crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, sino también de desarrollar alternativas viables de participación de las víctimas que respondan a los principios de la justicia restaurativa y a las garantías de no repetición. Para ello la Sala da una serie de órdenes de alistamiento a la Secretaría Ejecutiva.