A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los critican porque emiten sentencias que no agradan a amplios sectores de la ciudadanía, o porque no deciden con la celeridad deseada; porque autorizan extradiciones mientras evitan viabilizar otras; porque abren y adelantan procesos a personajes de la vida nacional o porque no lo hacen contra otras personas; porque imponen duras penas, o porque no las imponen.
Adicionalmente, la Corte también ha sido cuestionada por haber limitado el ejercicio periodístico a información oficial, específicamente en el caso de investigaciones por irregularidades descubiertas en la cárcel La Modelo.
Y, recientemente, magistrados de la Corte Constitucional se enfrentaron a la Corte Suprema de Justicia al decidir que revisarán la tutela impetrada por el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien solicita el derecho a segunda instancia para controvertir el fallo que lo condenó a 17 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos por la entrega de millonarios subsidios del programa Agro Ingreso Seguro.
Si bien la aceptación de estudiar la tutela no implica la revisión del proceso en sí, el hecho de aceptar estudiar la tutela se configura como un ‘choque de trenes’, como coloquialmente se conoce la situación cuando dos altas instancias se enfrentan a causa de sus decisiones. La ponencia sobre la tutela será presentada por la magistrada Diana Fajardo.
Hechos que se suman al afamado ‘Cartel de la Toga’, que tanto daño le ha causado a la credibilidad de la alta instancia judicial.
La Corte Suprema ha actuado de acuerdo con la normatividad legal. Sus atribuciones están descritas taxativamente en el artículo 235 de la Constitución Nacional: “1. Actuar como tribunal de casación. 2. Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3. 3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso. 4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefe de misión diplomática o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen. 5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional. 6. Darse su propio reglamento. 7. Las demás atribuciones que señale la ley. Parágrafo. Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”.
Es la Corte Suprema de Justicia la que tiene última palabra jurisdiccional en materias penal, civil-agraria y laboral…
‘CARTEL DE LA TOGA’ Hasta 2017, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tenían a su favor la credibilidad basada en fallos producidos en derecho. Para la gran mayoría de colombianos, la Corte era intocable, intachable, incorruptible. Pero ese año cambió esa percepción.
Ese año, la Fiscalía General de la Nación reveló que basada en información recaudada por la Drug Enforcement Agency (DEA) se había descubierto un grave entramado de corrupción, en el que participaron el director Nacional de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luís Gustavo Moreno Rivera, y el abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez. Según las pruebas aportadas por la DEA –conseguidas a través de seguimientos realizados en Miami, Florida, Estados Unidos–, medio día de grabaciones de conversaciones entre Moreno y Pinilla con Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba; explican cómo funcionaba la red de sobornos que se tejía en la Corte Suprema.
Al menos cuatro docenas de investigados –entre quienes se encuentran los ex magistrados Leonidas Bustos, Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, y varios ex congresistas y ex funcionarios– reconocen que la triste historia comenzó a escribirse en mayo de 2016 cuando Pinilla se reunió con Lyons en Miami. En ese momento “buscaban neutralizar informaciones que revelaban los medios” sobre la corrupción en Córdoba.
Sin embargo, los intereses fueron escalando… Ya no se trataba sólo de ‘neutralizar’ algunos medios, sino de ‘controlar’ el sentido de los fallos de la Corte Suprema de Justicia.
El 12 de mayo de 2017, Lyons se comunicó con Pinilla, para que éste hiciera lo propio con Moreno con el fin de garantizar fallos que favorecieran intereses particulares en detrimento de la justicia.
El 27 de junio, La W Radio informó en primicia que un grupo de agentes del CTI había ingresado a la oficina de Anticorrupción de la Fiscalía General, con el objetivo de adelantar un allanamiento y capturar al Director Nacional Anticorrupción. Y reveló que “según fuentes de la Fiscalía a Gustavo Moreno, Lyons le entregó un sobre con 10 mil dólares en un baño del centro comercial Dolphin Mall de Miami. El dinero estaba ya marcado por el FBI que al hacer el rastreo lo encontró en manos de Moreno y sus familiares”.
La suerte de la ruleta no jugó a favor de Moreno. La Corte Federal del Sur de la Florida (Estados Unidos) lo condenó a 48 meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de conspiración para lavar de dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario. Moreno aceptó tentativa de soborno al exgobernador Lyons Muskus para desviar la investigación que se adelantaba en su contra por el llamado ‘cartel de la hemofilia’ y recursos de regalías.
El nueve de marzo de 2018, la Sala de Casación Penal (de Colombia) lo condenó a cuatro años y diez meses de prisión por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada. Moreno aplicó la misma estrategia que utilizó en Estados Unidos: aceptó los cargos con el fin de obtener rebaja de pena. El 17 de mayo, un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad firmado con la Fiscalía General, dando fin a procesos por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada. Deberá continuar colaborando con las autoridades colombiana.
Sin embargo, el entramado no había sido despejado.
La Fiscalía General reveló que los magistrados Francisco Javier Ricaurte Gómez y José Leonidas Bustos Martínez (encargados de ‘conseguir’ los clientes) y el exmagistrado Gustavo Malo Fernández habían promovido y dirigido las actuaciones en la Corte Suprema. Según la Fiscalía, ellos estaban dedicados, siempre y cuando recibieron altas sumas de dinero, a “manejar los procesos” y “a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la administración pública, siempre relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal”. Bustos presidió la Corte Suprema en dos oportunidades, Ricaurte en una.
El ente de acusación afirmó que no solamente ‘arreglaban’ los fallos relacionados con los hechos de corrupción denunciados en Córdoba. También habrían ‘influido’ en otros procesos que podrían afectar a políticos y funcionarios. Esos no han sido los únicos casos en los que la Corte Suprema de Justicia se ha puesto en el “ojo del huracán” a causa de las decisiones que ha adoptado. No sólo los casos de corrupción en los que participaron algunos garantes de la justicia, sino dos casos que ejemplifican la polarización reinante en el país: los procesos contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y contra alias ‘Jesús Santrich’.
Muchas son las personas que hubiesen preferido que la Corte Suprema actuara con celeridad en el caso de ‘Santrich’, y muchas otras las que la apoyaron en las decisiones adoptadas. Igual ocurre con la citación a indagatoria al ex presidente Álvaro Uribe, cuyos seguidores cuestionan a los magistrados de la Corte Suprema, mientras los opositores urgen celeridad legal.
INVESTIGAN AL EX PRESIDENTE URIBE El 24 de julio de 2018, la Sala de Instrucción Dos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el senador Álvaro Uribe Vélez y el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada Artunduaga, para que respondan por los delitos de soborno y fraude procesal.
Los hechos que investiga la Corte en este expediente son posteriores al 16 de febrero de ese año. Ese día, la Sala de Casación Penal se abstuvo de abrir instrucción al senador Iván Cepeda y compulsó copias contra el denunciante Álvaro Uribe.
En comunicado, la Corte informó “Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. En la indagación preliminar, ordenada el 22 de febrero para corroborar estos últimos hechos, la Corte halló elementos de juicio para iniciar este proceso en el que los congresistas Uribe y Prada deberán responder por los mencionados delitos”.
En esta oportunidad, la Sala remitió copias de interceptaciones a la Fiscalía General de la Nación para que investigara “llamadas telefónicas sostenidas entre el abogado Diego Javier Cadena Ramírez y la ex fiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, exfuncionaria que se habría comprometido a desprestigiar la investigación penal que se adelantó contra el señor Santiago Uribe Vélez”.
El 30 de julio de 2018, la Corte Suprema de Justicia fijó para el tres de septiembre de ese año para escuchar en indagatoria al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos, es decir, por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, para lo cual la Sala de Instrucción Dos de la Sala de Casación Penal comenzó a recibir el 10 de agosto más de 30 testimonios y ampliación de declaraciones ya decretados.
Entre los testimonios recepcionados se encuentran los de los abogados Jaime Lombana, Enrique Pardo Hasche y Diego Cadena, el de los condenados integrantes de las autodefensas ilegales Carlos Enrique Vélez, alias ‘Comandante Víctor’ (condenado a 20 años de prisión como autor de una masacre registrada en Riosucio, Caldas); Salvatore Mancuso (condenado en estados Unidos a 15 años y 10 meses de prisión por narcotráfico) y Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’ (condenado en Estados Unidos a 10 años de prisión por narcotráfico. Obtuvo rebaja de pena a siete años seis meses. Ya recuperó su libertad). Además, de acuerdo con Cecilia Orozco Tascón, directora de Noticias Uno, también declarará Pablo Hernán Sierra, ex jefe del bloque ‘Cacique Pipintá’.
En ese mismo proceso está investigado el representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga, a quien le habían fijado la indagatoria para el cuatro de septiembre del año pasado.
Sin embargo, el 31 de agosto, debido a la suspensión de la actuación procesal porque no se había sido agotado el trámite de recusación a los integrantes de la Sala de Instrucción Dos de la Sala de Casación Penal, “el magistrado investigador de la Corte Suprema de Justicia aplazó las indagatorias a los congresistas”.
La Corte Suprema informó que “al recibir de la Fiscalía General de la Nación los registros de audio y los últimos informes de las interceptaciones telefónicas, la Sala de Casación Penal terminó la entrega de todo el material probatorio recaudado a los abogados de los dos congresistas, para que ejerzan debida e integralmente su derecho de defensa al rendir explicaciones en las indagatorias y lo que reste del proceso”.
El 13 de mayo de 2019, la Corte Suprema consideró que separó de las investigaciones a la magistrada Cristina Lombana Velásquez, al considerar que la condición de “miembro activo de la Fuerza Pública y funcionaria judicial, riñe con la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural señaladas en la Constitución Política”.
El 16 de agosto del año en curso, la Sala de Instrucción, con ponencia del magistrado César Augusto Reyes Medina, fijó para las ocho de la mañana del ocho de octubre de este año la diligencia de indagatoria. La indagatoria al representante Prada fue fijada para el nueve de octubre.
El ex presidente Uribe Vélez ha manifestado: “En mi designio de vida está combatir la infamia, desde la libertad o desde la cárcel. Que se sepa toda la verdad”. Y, a través de twitter –en su cuenta @AlvaroUribeVel– sostiene: “¡Qué difícil cuando el exmagistrado Fernando Castro Caballero dice que yo hablaba a través del teléfono de ‘un bandido’! ¡No digan mentiras, hablo por mi teléfono, y me interceptaron en 21 mil ocasiones sin que haya una palabra mía que haya violado la ley!”.
Por su parte, el abogado penalista Oscar Sierra Fajardo considera que “al inicio de las interceptaciones en el caso de Álvaro Uribe Vélez, las especulaciones giraban en torno a un desacierto judicial que parecía más bien un ‘error’ buscado, pues en más de 12.000 llamadas nadie se había percatado de que el interceptado era el públicamente reconocido expresidente y senador, en lugar del sindicado ex congresista Nilton Córdoba”.
Más allá de la defensa jurídica del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quien deberá concurrir el ocho de octubre ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sus seguidores han defendido públicamente su inocencia al tiempo que promueven una marcha en apoyo al exmandatario. La consigna de sus seguidores, a través de las redes sociales, es: #ALaCallePorUribe
Varios son los congresistas del Centro Democrático que han invitado a marchar, ya sea en apoyo a Uribe, en reconocimiento a los logros de su Gobierno o contra la investigación que adelanta la Corte Suprema.
La senadora María del Rosario Guerra afirma: “el expresidente Álvaro Uribe Vélez es un hombre sensato, transparente y honesto que siempre ha actuado bajo la Constitución y la ley. Por eso invito a los colombianos a expresarle nuestro apoyo y respaldo el próximo ocho de octubre, a las 11:00 de la mañana” y agrega: “La batalla que libra el expresidente Uribe Vélez, el más férreo defensor de la democracia, no es un desafío a la institucionalidad, es la oportunidad de reivindicar la verdad y demostrar su inocencia”.
El senador Carlos Felipe Mejía impulsa la marcha: “#ALaCallePorUribe las veces que sean necesarias. Esto no es solo la defensa de una persona, es la defensa de un legado que nos dejó seguridad, emprendimiento, progreso, inversión y el magnífico eslogan tan querido por extranjeros y nacionales de Colombia es Pasión”.
El senador Fernando Nicolás Araújo afirma: “El presidente Uribe y el representante Prada no están solos. Somos millones los que estamos del lado de la justicia y la verdad. Al presidente Uribe le han violado sus derechos al haberle interceptado más de 21 mil llamadas telefónicas #ALaCallePorUribe”.
La senadora Paola Holguín recurre a una frase de Sócrates para invitar a la marcha y señalar a la Corte: “#ALaCallePorUribe ‘Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”.
La senadora Ruby Chagüi justifica la convocatoria: “#ALaCallePorUribe porque testigos que declararon en contra del presidente Uribe Vélez se han retractado manifestando que les ofrecieron dádivas para desprestigiar su buen nombre”.
Invitando a la marcha, el ex candidato al senado José Miguel Santamaría Uribe no sólo defiende al expresidente, sino que enfoca los señalamientos contra la Corte y sus decisiones. Ha escrito: “Porque no vamos a dejar que se utilice la justicia como herramienta política para llevarnos a la desgracia del socialismo” y “Solo le falta a la Corte Suprema de Justicia crear una normatividad donde diga que las chuzadas ilegales no son prueba a menos que sean para inculpar a Álvaro Uribe Vélez”.
CASO 'SANTRICH' 9 de abril de 2018: El jefe de la desmovilizada guerrilla de las Farc Seuxis Pausivas Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, es capturado a solicitud de la justicia de Estados Unidos, en desarrollo de allanamiento a la vivienda que habitaba. Es acusado de enviar “grandes cantidades de droga desde Colombia hacia los Estados”.
El 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral le confirió la investidura como representante a la Cámara a Hernández Solarte.
El 1 de marzo de 2019, el Consejo de Estado falló a favor de conservar la investidura de ‘Jesús Santrich’, representante a la Cámara por el Partido Farc.
El 15 de mayo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le otorgó la garantía de no extradición, al considerar que las pruebas con las que contaba no permitían determinar la fecha de los delitos de los que se le acusaba.
El 17 de mayo recupera la libertad, luego de que la JEP le brindara la garantía de no extradición. Ese mismo día, a las 4:40 de la tarde, fue recapturado por delitos de narcotráfico.
El 28 de mayo, la Sala Plena del Consejo de Estado decidió mantener la investidura a ‘Jesús Santrich’, ratificando la decisión en primera instancia que tomó el alto tribunal en marzo.
El 29 de mayo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad del exjefe de las Farc, al considerar que el fallo del Consejo de Estado que mantuvo la investidura de Santrich como congresista, implica que es un aforado constitucional, además porque los funcionarios que ordenaron su captura “no tenían competencia para su aprehensión y legalización”.
El 4 de junio, la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir, al encontrar pruebas que lo vinculan con un supuesto tráfico de estupefacientes.
El 11 de junio, ‘Santrich’ se posesionó como representante a la Cámara.
El 30 de junio se supo que alias ‘Santrich’ había desaparecido cuando realizaba una visita a la zona de reincorporación en Tierra Grata.
El 9 de julio debía presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, con el fin de cumplir diligencia de indagatoria, pero no se presentó. La Sala de Instrucción le libró orden de captura, la cual incluye circular roja de la Interpol.
El 30 de agosto, el magistrado Héctor Alarcón, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la captura de alias ‘Jesús Santrich’, llamándolo a indagatoria en un proceso que se adelanta a raíz del video en el que confirma su rearme.
El 20 de septiembre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en contra Seuxis Hernández, contra quien le siguen procesos: por delito de narcotráfico y por haber regresado a las armas.