3.000 investigados por corrupción


* $4.700.000.000.000 es la suma comprometida por los procesados a causa de delitos contra la administración pública.

La estrategia judicial que le ha permitido a la Fiscalía General de la Nación identificar y judicializar a los responsables de múltiples maniobras ilícitas utilizadas para desviar o apropiarse de recursos del sector público llegó esta semana a 3.000 imputados, una cifra sin precedentes en la lucha contra la corrupción en el país.

Desde agosto de 2016, fecha en la que inició el plan ‘Bolsillos de Cristal’ de la Fiscalía, han llevado ante los jueces de control de garantías a 1.036 funcionarios -entre quienes se encuentran alcaldes, gobernadores, magistrados, jueces, fiscales e investigadores judiciales-, 754 exfuncionarios y 1.210 particulares -como representantes legales de empresas y contratistas-.

Entre los servidores públicos procesados por actos de corrupción se encuentran 208 alcaldes, 122 fiscales e investigadores, 95 concejales, 66 magistrados y jueces, 26 congresistas, 26 gobernadores y un exviceministro.

Igualmente han sido vinculados particulares a investigaciones judiciales relacionadas con trámite de pensiones, Odebrecht, Panamá Papers o manejo de programas de alimentación escolar. 130 deben responder por irregularidades en trámite de pensiones, 84 por ilícitos en desarrollo de los PAE, 47 por el caso Odebrecht, 44 por los Panamá Papers, 33 por trámites indebidos en cárceles, 17 por aprobación de los POT, cinco por las denominadas ‘mermeladas tóxicas’, cinco por desfalco en Reficar y tres por ilícitos en Invima.

El 12 por ciento de los investigados hacen o hacían parte del sistema de justicia, el 98.8 por ciento estaba relacionado con el sector infraestructura, el 8.33 por ciento afectó a la salud, el 7.93 por ciento con la Fuerza Pública, el 6.5 por ciento de los casos con el trámite de pensiones, el 4.46 por ciento el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el 2.8 por ciento atentó contra la educación, el 2.76 por ciento afectó a las cárceles, el 1.96 por ciento se relaciona con elección de funcionarios, el 1.3 por ciento por ‘feriar’ las regalías, el 1.2 por ciento con funciones propias de la DIAN, el 1.16 por ciento por haber contratado indebidas celebraciones o fiestas, el 1.1 por ciento de los invesigados son o fueron agentes de tránsito, el 0.86 por ciento se refiere a ‘mermeladas tóxicas’ o pago de coimas, el 0.8 por ciento a malversaciones de recursos asignados al medio ambiente, y 36 por ciento a otros sectores.

En esta lista se evidencia que la corrupción afecta en mayor medida a los sectores más sensibles de la sociedad colombiana. Con los principales datos del Plan Bolsillos de Cristal, se estableció que las áreas donde se presentan más hechos que han sido objeto de investigación por parte de la Entidad son justicia, salud, pensiones, infraestructura, PAE e ICBF.

De acuerdo con las indagaciones, los tres mil procesados estarían involucrados en hechos de corrupción que habrían comprometido más de cuatro billones setecientos mil millones de pesos ($4.700.000.000.000), y ciento seis millones diez mil dólares (USD106.010.000).

SECTOR JUSTICIA Han sido puestas en evidencia actuaciones contrarias a la ley de 209 funcionarios y 46 exfuncionarios judiciales de diferentes entes y corporaciones.

122 de estos procesados incurrieron en comportamientos ilícitos mientras se desempeñaron como servidores de la Fiscalía General de la Nación.

INVESTIGACIONES RELEVANTES Por la complejidad y el monto comprometido en algunos casos de corrupción detectados, la Fiscalía General de la Nación dispuso la conformación de equipos especializados y diferentes líneas de investigación para descifrarlos. Uno de los más relevantes es la investigación relacionada con la constructora Odebrecht y su red internacional de sobornos, a la que han sido vinculadas 96 personas, de las cuales 42 están en etapa de indagación, cuatro en imputación de cargos, 14 en acusación, cinco en juicio y 10 más tienen sentencias condenatorias.

Adicionalmente, los fiscales de conocimiento han realizado 11 compulsas de copias por la condición de aforados de los investigados.

Las líneas de investigaciones por posibles o evidentes hechos de corrupción se desarrollan en Reficar, Plan de Alimentación Escolar (PAE), irregularidades en programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Plan de Ordenamiento Territorial (POT), ‘Cartel de la Chatarrización’, ‘Carrusel de la Contratación’, desfalco a la Triple A, pensiones, contratación de Hidroituango, ‘Mermelada Tóxica’, Invima ‘paralelo’, ‘Pozo de la Dicha’, Justicia Especial para la Paz, ‘Operación Quirófano’, ‘Operación Celdas’, y Fondo de Adaptación, entre otros.

ODEBRECHT La Fiscalía General de la Nación ha acreditado la existencia de pagos en Colombia por 94.200 millones de pesos efectuados entre 2009 y 2014, para la adjudicación de contratos de obra. Trabaja en 17 líneas de investigación:

1. Investigación matriz. 2. Contrato Ruta del Sol II. 3. Navelena. 4. Banco Agrario. 5. Denuncia contra Cecilia Álvarez y Gina Parody. 6. Contratación en Bogotá (Tunjuelo – Canoas). 7. Compulsas contra aforados.

8. Investigación contra fiscales. 9. Contrato proyecto Hidroituango. 10. Campaña Presidencial Juan Manuel Santos.

11. Campaña Presidencial Oscar Iván Zuluaga.

12. Otto Bula Bula.

13. Gabriel García Morales.

14. Enrique Ghisays Manzur.

15. Denuncia. 16. Contrato de estabilidad jurídica. 17. Contrato Ruta del Sol III.

_____________________

REFICAR Peculado por más de 610 mil millones de pesos. Se establecieron serias irregularidades ocurridas en los 12 años de desarrollo del plan de modernización de la Refinería de Cartagena que tienen connotación penal y que van más allá de simples problemas de planeación operativa o financiera. _____________________

PAE El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una herramienta para subsidiar la alimentación de los niños más pobres de las escuelas y colegios públicos de Colombia, en el que se han detectado graves problemas de corrupción con sus recursos. En el Primer reporte de PAE realizado hasta febrero de 2017, fueron identificados 10 casos en Guajira, Atlántico, Cesar, Chocó, Bogotá, Sucre, Amazonas, Magdalena, Huila, Valle del Cauca y Bolívar, de los cuales, entre contratistas y funcionarios, se habrían apropiado de $10.146’690.755.

Un total de 53 personas fueron imputadas por delitos como concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y diferentes falsedades documentales. Al respecto, los jueces impusieron 15 medidas de aseguramiento en centro carcelario y 26 domiciliarias, y en 12 casos los implicados fueron dejados en libertad.

_____________________

RECOBROS FOSYGA Se investiga una presunta red de funcionarios del Ministerio de Protección Social y del Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA) que realizaba cobros mediante empresas fachada, generando detrimento por 17 mil millones de pesos. El proceso está en juicio oral por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares. Los investigados están en libertad. _____________________

CARTEL DE LA CHATARRIZACIÓN FASE I: La Fiscalía desmanteló una red para la chatarrización de 12 mil camiones, operaciones que habrían representado ganancias ilícitas aproximadas a 600 mil millones de pesos, es decir, 50 millones por cada camión. Presuntamente están vinculados funcionarios del Ministerio de Transporte, representantes del gremio de los camioneros e integrantes de la Policía Nacional. 12 de las personas, entre ellas cinco policías, tienen medida de aseguramiento de detención preventiva. FASE II: Desarticulada estructura vinculada a fraude por seis mil 800 millones de pesos al proceso de chatarrización de vehículos de carga. La Fiscalía y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional capturaron a 10 personas señaladas de falsificar documentos de tránsito, reportar accidentes que no existieron y recibir reconocimientos económicos por concepto de chatarrización. Entre los detenidos hay ocho funcionarios, en 98 procesos fraudulentos de chatarrización de tractocamiones, en los que estaría involucrada una red delincuencial.

_____________________

ECOPETROL RED PAÍS La Fiscalía investiga cinco convenios celebrados durante 2011 y 2014, entre Ecopetrol y la Corporación Red País Rural por más de 30 mil millones de pesos, para realizar proyectos de carácter social en Huila, Meta y Putumayo. Según la Fiscalía, los convenios carecían de planeación y estudios previos, y aun cuando no se ejecutaron sí efectuaron pagos a favor de Red País Rural. _____________________

DIAN La Fiscalía determinó que en 2008 se conformó una estructura delictiva, en la que directivos de la Sociedad Consultores y Asesores R & B SAS, con la colaboración de funcionarios de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN), supuestamente se confabularon para defraudar al Estado–DIAN, a través de trámites irregulares de devolución del Impuesto sobre la Ventas. _____________________

CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN Juzgado Penal de Bogotá, con función de control de garantías, envió a la cárcel al expresidente de la firma Conalvías, Andrés Jaramillo López, como presunto coautor de los delitos de cohecho por dar u ofrecer en calidad de dolo, en concurso heterogéneo con interés indebido en la celebración de contratos en calidad de interviniente. Jaramillo López fue capturado por la Fiscalía en enero de 2017, por presuntas irregularidades en un contrato de mejoramiento de la malla vial en Bogotá. La suma de corrupción ascendería a 253 mil 469 millones 936 mil 294 pesos. _____________________

POT Son 31 las investigaciones relacionadas con irregularidades detectadas en ejecuciones de planes de ordenamiento territorial (POT) en varios municipios del país. En algunos casos esas disposiciones territoriales se habrían usado para consolidar hechos de corrupción y exigir dádivas a los ciudadanos y a los constructores, o en beneficio de funcionarios. _____________________

PANAMÁ PAPERS En abril de 2016 iniciaron indagaciones que detectaron presuntas actividades ilegales, a través de la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca. Un año después, el cuatro de octubre, se presentaron los primeros resultados de la investigación relacionada con el caso Panamá Papers, quedando en evidencia irregularidades que sumarían 11 millones de dólares. La Fiscalía estableció que al menos 14 sociedades colombianas habrían acudido a ese método para transferir de manera recursos fuera de las empresas. Investigan falsificación de contabilidades. _____________________

SALUDCOOP Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción revocó la decisión inhibitoria proferida en noviembre de 2005, y junio de 2006, a favor de Carlos Gustavo Palacino Antia, exrepresentante legal de la EPS Saludcoop. En ese sentido, cobró vigencia la investigación por anomalías en el manejo de los recursos parafiscales recibidos durante 2002 y 2003. _____________________

TRIPLE A La investigación en Triple A, conocida como caso ‘Lezo’, se inició en España. La Fiscalía ha establecido que tiene estrecha injerencia en Colombia con la operación del servicio de acueducto y alcantarillado en Barranquilla. Se desarrollan dos líneas de investigación por esos hechos: una que se sigue por Ley 600, que asocia actuaciones anteriores a 2008; y otra al amparo de la Ley 906. _____________________

OTROS PROCESOS

Capturan a exfuncionario de Unidad de Víctimas que habría negociado agilización de trámites Medida de aseguramiento en centro carcelario fue proferida contra Adrián H. Echeverry, exfuncionario de la Unidad Nacional de Víctimas en Cisneros (Antioquia), como presunto responsable de concusión Supuestamente, Echeverry exigía dinero para realizar trámites propios de sus funciones, entre ellas algunas relacionadas con casos de desplazamiento forzado. Fue capturado el 30 de mayo por el CTI con el apoyo de la Policía Nacional. _____________________

Detectan corrupción en Hospital Simón Bolívar Supuestas irregularidades en la contratación de obras para la Clínica Fray Bartolomé de las Casas (en Bogotá), por más de 4.500 millones de pesos. Según la Fiscalía se habrían pagado coimas por más de 450 millones, entre 2006 y 2009, que habrían beneficiado al entonces gerente del Hospital Simón Bolívar. _____________________

A juicio tres integrantes de la Policía presuntamente involucrados en hurto de $40 millones a comerciante El Juzgado 8 Penal de Bogotá con función de conocimiento llamó a juicio a los uniformados de la Policía Nacional John Jairo Gutiérrez Hernández, Johann Sebastián Barrera y Juan Carlos Bolívar Garzón, como presuntos responsables de los delitos de concusión y privación ilegal de libertad de un comerciante que acababa de vender una camioneta en Bogotá, en hechos ocurridos el primero de febrero de 2018. De acuerdo con versión del comerciante, éste fue abordado por policías que se movilizaban en uns patrulla y en una moto obligándolo a entregar 40 millones de pesos. _____________________

A juicio integrantes de una estructura delictiva que habría permeado instituciones militares Fiscal de la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales de Cali formuló cargos contra cinco integrantes de una estructura delictiva que supuestamente pagaba por conocer qué operaciones se realizarían contra el narcotráfico en la región Pacífica. José Francisco González Jiménez deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y cohecho propio; Eduardo Luis Ojeda Vargas, por los delitos de concierto para delinquir agravado; José de las Nieves Gutiérrez Díaz, por fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y de armas de fuego y municiones de uso restringido y cohecho; Wilson Arlex Villa Trejos, por concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y cohecho; y Wilson Zamir Valois Moreno, por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. _____________________

Asegurado gobernador indígena caucano por supuesto desplazamiento de 52 familias Misak El gobernador indígena nasa Andrés Antonio Almendras, del resguardo de La Siberia -de Caldono,Cauca- fue cobijado con medida de aseguramiento intramuros como presunto responsable del desplazamiento de 52 familias del pueblo Misak, en junio de 2018, sindicado por el delito de desplazamiento forzado agravado, en calidad de coautor. Debe cumplir medida de aseguramiento en el centro de armonización de Gualanday, en Santander de Quilichao (Cauca). _____________________

Procesan a fiscal que investigaba ‘cartel de la Hemofilia’ El fiscal Daniel Fernando Díaz Torres es investigado por haber recibido, presuntamente, dinero de José Jaime Pareja Alemán, exsecretario de Salud de Córdoba para manipular la investigación en este caso de corrupción. _____________________

A extinción de dominio bienes de investigados por corrupción en CAR Santander Son 11 los inmuebles afectados por la Fiscalía General de la Nación con medidas cautelares. Bienes serían propiedad de la exdirectora de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Flor María Rangel, y de otros exfuncionarios procesados por supuestas irregularidades de contratación en esa entidad. Los bienes -avaluados en mil millones de pesos- quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El detrimento alcanzaría 3.400 millones de pesos. _____________________

Fiscalía imputó cargos a exalcalde de Kennedy por posible corrupción La Fiscalía General de la Nación imputó, ante juez de control de garantías, el delito de prevaricato por omisión en concurso homogéneo y sucesivo al abogado Luis Fernando Escobar Franco, exalcalde de la localidad Kennedy (Bogotá DC). Entre 2012 y 2015, el exalcalde local habría omitido la toma decisiones propias de su cargo, para evitar la invasión de 176 bienes inmuebles que habían sido adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para la construcción de la Avenida Longitudinal del Occidente (ALO). _____________________

Confirman condena al exalcalde de Puerto Gaitán En decisión de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio confirmó parcialmente la condena a 72 meses de prisión proferida en contra del exalcalde de Puerto Gaitán (Meta), Oscar Eruin Bolaños Cubillos, por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. _____________________

Desarrollado por la Dirección de Nuevos Medios, ProDignidad SAS.       Desarrrollada a partir Plantlla : WIX     2020