“El fin del derecho es la paz, y la
lucha el medio para alcanzarla”.
Rudolf Von Ihering
En días pasados tuve la oportunidad de asistir a una serie de eventos relacionados con la trata de personas, desaparición forzada y tortura, que se llevaron a cabo en la ciudad de Chihuahua, México. Los ponentes, fueron los doctores en Derecho: Víctor Rodríguez Rescia[1] y Jean Cadet Odimba On´etambalako Wetshokonda[2]; quienes, a través de ponencias magistrales y charlas de sensibilización me llevaron a reflexionar sobre lo siguiente:
1. La trata de personas, desaparición forzada y tortura representan una problemática social que atenta contra los pilares de los Derechos Humanos: la libertad, la vida y la dignidad.
2. Existen personas que pertenecen a grupos en su situación de vulnerabilidad (mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, personas de la diversidad sexual, personas adultas mayores, personas de pueblos originarios, etc.) que son un blanco más fácil para convertirse en víctimas de estos delitos.
3. La pobreza es uno de los factores principales que favorecen la actualización de estos tipos penales. También, lo son la falta de empleo, de acceso a la educación, la corrupción, impunidad, falta de confianza en las autoridades y la permisibilidad del gobierno, puesto que, a pesar de ser problemas tan evidentes no se toman las medidas pertinentes para atenderlos de una manera adecuada e incluso, hay personas dentro del funcionariado que se encuentran inmersos en redes de trata de personas, participan en desapariciones forzadas y actos de tortura.
4. Existe una naturalización de la violencia que contribuye al incremento de estos delitos y a la invisibilización de las víctimas, principalmente en los casos de tortura y desaparición forzada, pues existe una gran cifra oculta. En ocasiones, disfrazada de una inadecuada tipificación del hecho victimizante, otras veces de manera intencional a través del encubrimiento de las mismas autoridades.
5. La desaparición forzada y la tortura, son delitos graves debido a que se encuentran involucradas autoridades, quienes en teoría tienen el deber de garantizar la seguridad de la ciudadanía, se oculta a las víctimas, se les somete a tratos crueles, inhumanos y degradantes de manera reiterada, y no existe una adecuada respuesta institucional en la búsqueda, investigación e identificación de personas en situación de desaparición.
6. La desaparición forzada es un delito que causa afectaciones a nivel individual, familiar y comunitario: a) a nivel individual se priva de la libertad a la víctima directa, se le restringen sus derechos y en la mayoría de las veces se les priva de la vida; b) a nivel familiar representa una pérdida ambigüa que genera angustia, tristeza, desesperación y la incertidumbre de no saber qué pasó con su familiar. En ocasiones la persona en situación de desaparición representa el sostén económico del núcleo familiar, por lo que su ausencia ocasiona un desequilibrio en la subsistencia de personas que son dependientes económicamente. También, enfrentan dificultades para acceder a bienes o propiedades de la persona al no existir certeza de su situación jurídica, obligándolos a enfrentar largos procesos judiciales y trámites burocráticos; y, c) a nivel comunitario, al ser una agresión directa o indirecta del Estado para reprimir las exigencias sociales de una persona o grupo de personas, se inhibe el reclamo de derechos humanos y la participación política, se genera una pérdida de confianza en las autoridades, se infunde miedo y psicosis social.
7. La desaparición forzada es una forma de tortura para víctimas directas e indirectas.
8. La tortura favorece a la impunidad, la injusticia y la delincuencia, puesto que, muchos delitos pueden dejar de investigarse ante la existencia de la tortura. El imputado o probable responsable del hecho delictivo pasa de ser un delincuente a convertirse en una víctima, y las principales personas afectadas son las víctimas del delito que dio origen a la detención o investigación.
9. Para atender adecuadamente estos temas se debe combatir la pobreza, fortalecer la educación, pero sobre todo sensibilizar a las autoridades del impacto que representan estos delitos para la sociedad. Para ello, debemos partir del reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado cuando ocurran este tipo de situaciones y reparar integralmente el daño ocasionado a las víctimas, preservar la memoria histórica e implementar garantías de no repetición atendiendo a lo dispuesto en las recomendaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los principios básicos del Derecho Internacional.
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[1] Presidente del Centro de Derechos Civiles y Políticos con sede en Ginebra, Suiza. Presidente del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Ex miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su Relator Especial para seguimiento de cumplimiento de comunicaciones. Ex Presidente del Subcomité para la prevención de la tortura de las Naciones Unidas.
[2] Profesor Investigador Titular C de tiempo completo con carácter definitivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Premio Estatal al Mérito en Derechos Humanos 2013.