Campesinos cocaleros, cultivadores marimberos, narcotraficantes, procesadores, traficantes, micro expendedores, exportadores, vendedores, compradores, consumidores… La cadena de producción y tráfico de drogas ilícitas es inmensa, y en la misma participan –al menos– dos millones de personas en Colombia. Unos, para subsistir cotidianamente, y otros para enriquecerse generando la degradación del ser humano.
El Gobierno Nacional calcula que 82 mil familias en todo el país viven de esta planta y Naciones Unidas estima que cada campesino –primer eslabón de la gran cadena del narcotráfico– obtiene ingresos por más de mil dólares al año (tres millones de pesos, aproximadamente).
En todo caso, más allá de los daños físicos y mentales que causa el consumo de drogas psicoactivas en las personas jóvenes subyace el deterioro ético de una sociedad que ha convivido durante casi medio siglo con el tráfico de estupefacientes.
Desde la ‘bonanza marimbera’ –iniciada a mediados de la década de los años 70 y en declive al finalizar los años 90– el país ha tenido que enfrentar otras bonanzas ilícitas, como las de la coca y el inicio de la de heroína.
Casi siempre, las ‘bonanzas’ han estado ligadas a la crisis del sector agrario o del sector productivo. En la Costa Caribe –particularmente en Cesar y Córdoba– se frenó en seco la siembra de algodón cuando comenzaron a imponerse las telas sintéticas que ingresaban –legalmente, gracias a la ‘apertura económica’, o de contrabando– al país.
La ‘bonanza marimbera’, cuyas extensas siembras se producían en Magdalena y La Guajira, llegó a su fin dejando campos desolados, familias empobrecidas y el inicio de cambios de mentalidad que atentaban contra las costumbres del trabajo ético. El ‘dinero fácil’ comenzó a corroer las mentes de las juventudes, que sin mucho esfuerzo conseguían “camionetas cuatro puertas” y “casas de dos pisos en Barranquilla o Santa Marta” a buen precio, según cuenta José Joaquín Pérez, quien se benefició alquilando su parcela para la siembra de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta.
José Joaquín confiesa que aquel “fue el peor error que pude cometer... Tuve mi camioneta, pero no me quedó nada. Y, aun cuando el cultivo no era mío, la finquita si lo era. Yo era joven y ambicioso. Hoy, míreme, trato de vender lo que pueda en la calle, acá, en Bogotá. Perdí mi tierra y mis ilusiones... Me tocó abandonar la Sierra, porque el miedo no me dejaba vivir. Nada importa ya, eso fue hace mucho tiempo...”.
En 1977, el Gobierno Nacional propone la necesidad de adelantar labores de erradicación manual de las matas de cannabis sativa en las estribaciones de la Sierra Nevada. En 1978, el Ministerio de Justicia anuncian el plan de fumigar las cerca de 18 mil hectáreas de cultivos de marihuana existentes en la región.
Sin embargo, el desaparecido Inderena se pronunció el 19 de junio de 1978 anticipando la eventualidad de posibles daños ecológicos que podrían causarse con la fumigación aérea: “la ocurrencia de alteraciones o deterioros ambientales que puedan producirse en perjuicio, bien para la salud humana o para recursos básicos de toda actividad económica como son el aire, el agua, los suelos y la fauna”.
A partir de ese momento se inició la polémica –que se extiende hasta nuestros días– en torno a fumigaciones por aspersión aérea, ya fuese con paraquat o con glifosato, o erradicación manual (voluntaria, por sustitución de cultivos o forzada). La fumigación por aspersión aérea con glifosato se inició a finales de 1978 en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Para esos años comenzaba a fortalecerse la siembra de coca. En el libro ‘Estado y coca en la frontera colombiana. El caso de Putumayo’,1 la investigadora María Clara Torres Bustamante sostiene que antes de gestarse la ‘bonanza cocalera’ se vivió la “bonanza petrolera entre 1964 y 1978 que llevó a los primeros colonos y a un crecimiento de la población de casi 500 por ciento en esos años”. Fueron varios los municipios que nacieron en esa época en el Putumayo.
Una vez se registró el declive de la ‘bonanza petrolera’, los nuevos pobladores quedaron sin trabajo. La posterior ‘bonanza cocalera’ les brindó la oportunidad de subsistencia ante la ausencia del Estado.
‘BASE’ DEL PROCESO Y POSCONFLICTO El narcotráfico encontró en las huestes campesinas la mano de obra que necesitaba para continuar desarrollándose. Comunidades empobrecidas –sin acceso a beneficios de salud, vivienda, educación y seguridad– hallaron en la siembra de cultivos ilícitos la oportunidad para obtener recursos que les permitieran substistir.
A mediados de marzo de este año, Rafael Pardo,2 alto Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, reveló que “se estima que en Colombia hay 82 mil familias que cultivan coca”.
Esas 82 mil familias cultivan más de 96 mil hectáreas de coca.
Según el Alto Consejero: “hacer la paz sostenible significa reducir sustancialmente el área cultivada en hoja de coca”.
Agregó que “tanto el Gobierno de Colombia como las Farc entienden que mientras exista esa área de cultivos de coca, la paz no va a ser sostenible. Por lo tanto, hacer la paz sostenible significa reducir sustancialmente el área cultivada en hoja de coca”, manifestó el Alto Consejero.
Pardo reconoció, ante el auditorio de ONU, que “mientras exista una mata de coca o un arbusto de coca, alguien va a comprar las hojas, alguien va a procesarlas en cocaína y ese alguien es parte de un grupo armado, de un grupo ilegal o de una mafia. Por eso reducir el área de coca es fundamental para la sostenibilidad de la paz”.
Expuso que los elementos de la política antidrogas de Colombia son: la lucha contra la criminalidad, el juzgamiento de las personas vinculadas a las organizaciones de tráfico de drogas, el desarrollo agrícola y rural de los territorios de las zonas donde se cultiva coca, y una política que trata el consumo a través de un enfoque de salud pública.
La meta de Colombia para 2017 es erradicar 100 mil hectáreas de coca: erradicación voluntaria y sustitución de 50 mil hectáreas de cultivos de coca –en cumplimiento del acuerdo de paz suscrito con las Farc–.
Pardo afirma que esa operación sería realizada en 40 municipios que representan más del 50 por ciento de la coca sembrada en territorio nacional.
El otro 50 por ciento –cerca de 50 mil hectáreas– es efectuada por erradicación forzosa, a cargo de mienbros del Ejército Nacional y de la Policía.
CRISIS EN TUMACO Hoy, de acuerdo con León Valencia –de la Fundación Paz y Reconciliación–, la mitad de los cultivos de coca en Colombia se encuentran localizados en 10 áreas de Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Cauca.
Según Valencia, en esos “10 municipios se concentra el 49 por ciento de la coca y tienen un enorme riesgo de llegar a situaciones como Tumaco”.3
El porcentaje de cultivos en cada municipio, por departamento: Nariño: 16 por ciento en Tumaco y dos por ciento en Barbacoas; Norte de Santander: nueve por ciento en Tibú, tres por ciento en El Tarra, tres en Sardinata; Putumayo: cuatro por ciento en Puerto Asís, tres por ciento en Valle del Guamuez, dos por ciento en San Miguel y dos por ciento en Orito; Cauca: cuatro por ciento en El Tambo.
Según Valencia, se trata de “municipios fronterizos” donde “existen dos o más grupos armados ilegales, es decir son territorios en los que hay disputa por el control territorial y la presencia del Estado colombiano ha sido precaria” y agregó que se registran “graves problemas en Nariño, Catatumbo, Antioquia y Caquetá”.
La Fundación reveló en su estudio que “en Tumaco no solo se concentran los cultivos de hoja de coca, también allí las cocinas o laboratorios de clorhidrato de cocaína se cuentan por centenares, además al ser zona de frontera se convierte en municipio de salida de droga. Es decir, en un pequeño territorio se concentra gran parte de la cadena criminal del narcotráfico. Por eso, este territorio es tan apetecido. En otros territorios del país se puede decir que en unas zonas quedan los cultivos, a decenas de kilómetros están las cocinas y la frontera se encuentra a centenares de kilómetros”.
Tales cultivos ilícitos se encontraban en 2016 en 70.579 hectáreas, 24.831 más que en 2015, cuando el área cultivada era de 45.748 hectáreas.
AUMENTO DE CULTIVOS DE COCA
El aumento de áreas cultivadas con coca ha sido sistemático desde hace años.
En 2001, estimaron cerca de 169 mil hectáreas sembradas con matas de coca, que hasta 2017 había sido la cifra más alta. Esa cifra descendió como consecuencia de estrategias de erradicación y fumigación por aspersión aérea.
En julio de 2012, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) publicó su informe, revelando que hasta diciembre de 2011 “en Colombia había 64 mil hectáreas de coca sembradas en 23 de los 32 departamentos del país. La cifra representa 2.000 hectáreas más respecto al año 2010, cuando la ONU reportó 62 mil hectáreas detectadas”.
El entonces Representante de Unodc en Colombia, Aldo Lale-Demoz, sostuvo que el área sembrada con coca en Colombia presentaba “un leve incremento de tres por ciento, mientras que el potencial de producción de cocaína fue de 345 toneladas, un leve descenso de uno por ciento”.
Lale-Demoz explicó que “los campesinos cultivadores ya no asumen solamente la fase de transformación primaria como en años anteriores. Hoy en día, la hoja de coca se acopia y se transforma por actores armados que podrían obtener más eficiencia en los procesos de producción de cocaína en años venideros”.
Tres años después, en julio de 2015, Naciones Unidas presentó su informe anual, desarrollado a partir de imágenes satelitales. En el mismo se evidencia que la zona de cultivo de arbusto de coca se había reducido en regiones del Amazonas, Orinoco y la Sierra Nevada, pero había aumentado en zonas del Pacífico, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare.
Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de Unodc, informó ese año que los “cultivos de coca crecieron al pasar de 48 mil hectáreas en 2013 a 69 mil hectáreas en 2014 (44 por ciento).
El incremento de la producción potencial de cocaína en 2013 pasó de 290 toneladas métricas a 442 toneladas métricas (52 por ciento).
La zona de cultivo de arbusto de coca se habría reducido en Amazonas, Orinoco y Sierra Nevada, pero había aumentado en el Pacífico, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare.
Lo más preocupante, según el documento presentado por ONU, es el aumento de cultivos de coca en dos Parques Nacionales Naturales: La Macarena (Meta) y Nukak (Guaviare), y en algunos Consejos Comunitarios de comunidades afrocolombianas y en resguardos indígenas. Se enfatizó que a pesar del incremento no había habido expansión a nuevos territorios.
Alertaban que las zonas más propensas a expansión de cultivos estaban localizadas en Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá y Catatumbo; y existencia de cultivos en Magdalena, César, Norte de Santander, Boyacá, Arauca y Guainía.
En marzo de 2017, un informe de la Casa Blanca revela que los cultivos y producción de coca en Colombia habrían alcanzado su máximo histórico.
De acuerdo con el informe de la Oficina Nacional para la Política de Control de Drogas (ONDCP), agencias de monitoreo de Estados Unidos lograron detectar que durante 2016 habían sido sembradas con coca cerca de 188 mil hectáreas. Según el informe, se trataba de un incremento del 18 por ciento comparado con los 159 mil que existían en 2015.
La producción de coca, según el reporte de la Casa Blanca, alcanzó durante 2016 cerca de “710 toneladas métricas”, frente a 520 toneladas métricas durante 2015, que representa un incremento del 37 por ciento.
De acuerdo con el Observatorio de Drogas de Colombia, durante 2016 los cultivos de coca se registraron en 166.140,13 hectáreas; y los de amapola en 462 hectáreas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que el 90 por ciento de la cocaína incautada en ese país tenía origen en Colombia. Durante 2016 fueron incautadas 421 toneladas de cocaína y durante 2015 incautaron 124 toneladas. En el informe de ‘Cultivo de drogas ilícitas en todo el mundo 2008-2016’, Colombia aparece registrada en el clasificación de países productores de amapola y coca.
La producción de amapola pasó de 1.100 hectáreas en 2008, a 800 hectáreas en 2014 y a 1.100 hectáreas en 2015.
El Departamento de Estado de EU informó que la siembra de coca evolucionó, así: 119 mil hectáreas en 2008, 116 mil hectáreas en 2009, 100 mil hectáreas en 2010, 83 mil hectáreas en 2011, 78 mil hectáreas en 2012, 80.500 hectáreas en 2013, 112 mil hectáreas en 2014, 159 mil hectáreas en 2015.
ACCIONES CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Durante 2015, según el Observatorio de Drogas de Colombia, fueron asperjadas 26.494,04 hectáreas.
Este año han erradicado manualmente 34.842,29 hectáreas de matas de coca, informó el vicepresidente Óscar Naranjo. La meta es erradicar 50 mil hectáreas de coca durante 2017.
Además, han realizado acciones contra el cultivo de ilícitos y el narcotráfico. Han incautado 242.52 toneladas de cocaína, 0,26 toneladas de heroína, y 171,92 toneladas de marihuana.
Respecto de la infraestructura, han destruido 218 cristalizaderos y 2.833 laboratorios de producción primaria de coca. El Vicepresidente informó que para el programa de sustitución de cultivos a través de la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos se han inscrito más de 80 mil familias.
Por su parte, un informe del Ministerio de Defensa revela que entre enero y junio, la erradicación forzada manual alcanzó 19.638 hectáreas de coca.
ACUERDOS PARA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS
El Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito -PNIS-, fue creado mediante Decreto Ley No. 896, el 29 de mayo de 2017.
El Programa tiene por objeto promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito.
1.000 familias de Uribe, Meta, se comprometen a sustituir cultivos El Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, y el Director para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, acordaron con la comunidad y autoridades locales en torno a los avances del Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Se cuenta con apoyo del Gobierno Nacional y verificación en terreno por parte de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc).
Más de 560 familias de Caquetá sustituirán cultivos ilícitos Familias de 25 veredas se comprometen a sustituir alrededor de 213 hectáreas de cultivos de uso ilícito en La Montañita, Caquetá. La sustitución voluntaria beneficiará a más de 650 familias de la región. Así, las veredas de: Palma Azul, Palma Azul Coconuco, El Carmen, La Carpa, Balcones, Palma Arriba, Maquencal, Paujilera, Treinta Alto, La Tigrera, Agua Blanquita, Los Morros Alto, Agua Bonita, Agua Blanca, Villa Rica, Villa Rica Baja, Cedro, Los Morros, Las Juntas, Alto Jordan, Cedrito, La Nutria, El Guamo, La Florida y Las Juntas.
Ratifican acuerdo para implementación en Putumayo Organizaciones campesinas y movimientos sociales, indígenas y afros del Putumayo, con presencia de una delegación de las Farc, firmaron un acuerdo definitivo que compromete al Putumayo con la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Serán sustituidas voluntariamente 25 mil hectáreas de coca con el respaldo de 36 mil familias, entre cultivadoras y recolectoras.
Familias de Tumaco buscan obtener beneficios del PNIS Al finalizar junio se formalizaba el ingreso formal de familias de Tumaco al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos -PNIS-. El proceso se adelantó con 2.000 familias de 25 veredas del sector de la variante y carretera cerca de la zona de normalización temporal de Tumaco. Una vez terminado el proceso, las familias empezarán a recibir los recursos para sostenibilidad alimentaria a cambio de la erradicación voluntaria. Se esperaba que durante agosto y septiembre se vincularan seis mil familias de la subregión del Telembi. Sumadas representan el 80 por ciento de la producción cocalera de Nariño.
PROYECTO DE TRATO PENAL DIFERENCIAL A COCALEROS
El proyecto de trato penal diferencial a pequeños cultivadores de productos ilícitos, presentado por el Gobierno Nacional a consideración del Congreso de la República, ha generado controversia.
Por un lado se encuentran quienes apoyan el proyecto bajo la premisa: “No creo que ningún colombiano quiera ver a 100.000 campesinos en la cárcel”, como aseguró el presidente Juan Manuel Santos; y por el otro, posiciones críticas, como la del fiscal General Néstor Humberto Martínez, quien lo califica de inconveniente y prevé que el proyecto será una puerta abierta a los narcotraficantes. De acuerdo con el Gobierno, son cerca de 82.000 familias las que viven de cultivar coca en el país. Es decir, más de 500 mil personas dependen directamente del producido de los cultivos ilícitos.
El proyecto ha generado controversia, incluso por redes sociales, entre quienes lo defienden y quienes se oponen al articulado del mismo.
El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, afirmó en diálogo con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, que “el proyecto no se hace con la intención de despenalizar la conducta, sino de ayudar a los campesinos a salir de estos cultivos para que se pueda combatir la pobreza con otras alternativas económicas”.
El proyecto está estructurado para favorecer a cerca de 100 mil pequeños cultivadores. Es decir, aquellos que mantengan cultivos de entre 18 metros cuadrados y 3,8 hectáreas de coca; 18 a 84 metros cuadrados de marihuana, y de 0,8 a 3.840 metros cuadrados de amapola.
De ser aprobada la ley y de ser acogido por los pequeños cultivadores, estos deberán manifestar la intención no continuar sembrando coca, marihuana o amapola. Tendrá un año de plazo para acogerse a los beneficios, que perderá si reincide. Según el Gobierno, el proyecto propone un tratamiento penal diferencial a los pequeños cultivadores de drogas ilícitas en el país, siempre y cuando renuncien a seguir con esta actividad.
Una vez acojan la propuesta, tendrán 45 días para erradicar los cultivos.
El otro punto en discordia es el beneficio económico adicional, pues los pequeños cultivadores podrán ‘quedarse’ con el cinco por ciento de lo obtenido con la siembra de cultivos ilícitos. Establecen un tope, que a juicio de los contradictores, estaría de más debido a los otros beneficios que obtendrán al acogerse a la sustitución de cultivos.
CONTROVERSIA Algo temeroso por el resultado que pueda generarse con la implementación del proyecto, el ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, dice: “No podemos beneficiar, de ninguna manera, al crimen organizado. Hay que tener cuidado con los proyectos de ley”.
Por su parte, el responsable del proyecto, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, sostiene que “se busca fundamentalmente beneficiar a pequeños cultivadores que hayan incurrido en estas conductas”.
Explica que si después de un año no se acogen a los benficios, “serán judicializados aunque sean pequeños cultivadores”. Está previsto que podrían beneficiarse cerca de 100 mil familias.
Precísamente, respecto de esa población, el presidente Juan Manuel Santos ha reiterado: “No creo que ningún colombiano quiera ver a estos más de 100.000 campesinos en la cárcel. En el fondo, ellos han sido explotados por las mafias del narcotráfico y hoy solo quieren una oportunidad”.
El Presidente ha pedido darle la oportunidad a Colombia de encontrar, por primera vez, gracias al proceso de paz, una solución estructural y de largo plazo a los cultivos de hoja de coca en el país.
Conocido el tenor del proyecto, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, manifestó su inconformidad. En declaraciones suministradas a Caracol Radio, Martínez Neira afirmó: “la Fiscalía se declara francamente aterrada en medio del boom de los narcocultivos en Colombia, no es posible debilitar la política antinarcóticos”.
En este sentido, durante su intervención en Barranquilla –donde inauguró la nueva sede de la Fiscalía–, el Fiscal insistió que “no es posible debilitar la política antinarcóticos. Este proyecto de ley reduce las penas en unos casos hasta de un 80 por ciento para quienes siembren cultivos ilícitos. No importa, siquiera, que sean cultivadores industriales. No se trata de pequeños cultivadores”.
Agregó que el proyecto es un “mal mensaje en el momento que estamos viviendo. Se llega al extremo, inclusive, de por primera vez, plantear la legalización de cultivos ilícitos hasta en 18 metros cuadrados. Esta podría ser una puerta para los cultivadores industriales a partir del ‘pitufeo’ puedan ampararse de la acción judicial del Estado”. Otras voces sostienen que enfrentar la problemática exige la implementación de soluciones integrales por parte del Gobierno Nacional.
Consultados voceros de la ciudadanía, enfrentados en sus posiciones, manifestaron a CIUDAD PAZ sus opiniciones en torno al proyecto que busca beneficiar a pequeños cultivadores de coca, marihuana y amapola.
El senador Antonio Navarro Wolf dice que se requiere presencia integral del Estado en el territorio. Se necesita “un paquete técnico sólido para reemplazar la coca, asistencia técnica, acceso a mercado, acceso a crédito, formalización de la propiedad, organización comunitaria, inversión en bienes públicos especialmente en vías, justicia y seguridad”.
En el mismo sentido, la exministra de Trabajo, Clara López Obregón, afirma que los “pequeños campesinos merecen política integral de sustitución social de cultivos en vez del tradicional tratamiento penal”.
El senador Iván Cepeda, enfatiza que “no puede seguir predominando el enfoque estrictamente prohibicionista y penal de esta problemática. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con que haya un tratamiento penal diferenciado para quienes han tenido que acudir a la plantación y al cultivo de coca para poder sobrevivir”.
Agrega: “Creo que en este caso es necesario aplicar una política indulgente que permita avanzar en una solución social para este país”.
Por su parte, una de las lideresas de la organización del Putumayo ‘Mujeres Cocalera del Sur de Colombia’, Irina Zambrano, manifestó que “el temor no es arrancar las matas de coca para empezar una nueva vida, el miedo es quedarse sin qué comer en unos territorios que tienen tierras de vocación agrícola, en un país en el que la agricultura local no vale un peso para el mercado”.
El presidente Nacional de Fenalco, Guillermo Botero, se pregunta ¿dónde perdimos el rumbo?, mientras que el senador Roy Barreras se muestra optimista: “El Proyecto de despenalización a campesinos cocaleros que avancen en la sustitución voluntaria de cultivos va en camino correcto” al tiempo que invita a “escuchar válidas alarmas del Fiscal General sobre proyectos de Narcotráfico”.
La senadora Thania Vega sostiene que con la implementación del proyecto “se crearán nuevos y más carteles que desatarán enfrentamiento para quedarse con el negocio, como está ocurriendo en Nariño, en Norte de Santander, en el Meta y en Antioquia”.
El senador José David Name cree que “es preciso revisar los alcances del proyecto de ley que favorece a los cultivadores de coca que hayan hecho acuerdos con el Gobierno para no estimular la concentración de capacidad delictiva de los productores poderosos”.
En declaraciones publicadas en la web de Caracol Radio, Juan Carlos Quintero, de la Asociación de Campesinos del Catatumbo -Ascamcat-, asegura que el Gobierno sigue trabajando de manera unilateral, sin la socialización a las comunidades cocaleras.
Afirma: “es un proyecto de tratamiento diferencial que no fue consultado con las organizaciones sociales que aglutinan a los cocaleros, ni con la otra parte firmante que son las Farc”.
“El Gobierno actúa de manera unilateral y no sabemos y no sabemos si ese proyecto tiene vicios o micos que terminen a la final es afectando a las campesinos y cultivadores de hoja de coca”, dice Quintero.
Según el Fiscal General, él habría tenido la oportunidad de mostrarle al Presidente “los graves errores que tiene el proyecto. Me ha reconocido que él no sabía que modificaban el Código Penal, de tal manera que ha manifestado que se le introducirán todas las correcciones que requieran”. Sin embargo, el presidente Santos ha defendido públicamente el tenor del proyecto, por lo que será el Congreso de la República el que defina la suerte del mismo.
COCALEROS: UN PROBLEMA SOCIAL POR RESOLVER
El 23 de octubre se inició el paro de cocaleros en Colombia, en desarrollo del cual se han visto cierres viales en las zonas rurales de Cúcuta, El Zulia, Bucarasica, Sardinata y Tibú, en Norte de Santander, y vía Tumaco - Pasto, en el Pacífico.
La Policía de Norte de Santander advirtió que quienes bloqueen las vías serán capturados, sin embargo se han reportado obstaculización de las carreteras en siete puntos viales del departamento por cuenta del paro de cultivadores de coca de la región del Catatumbo.
En principio, el transporte de carga no registró mayores inconvenientes por cuenta de las manifestaciones, según informó la Cámara de Comercio de Buenaventura.
LEVANTAN PARO El 31 de octubre, campesinas cultivadores de coca decidieron levantar el paro que realizaban en sectores de El Cofre, Cajibío, y El Descanso -Caldono-, en Cauca, sobre la vía Panamericana.
Se acordó instalar una mesa de diálogos.
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IMÁGENES:
1. Policía Antinarcóticos realiza labores de erradicación de cultivos ilícitos. / Foto: Prensa, Policía Nacional.
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1 Torres Bustamante, María Clara. ‘Estado y coca en la frontera colombiana. El caso de Putumayo’. Odecofi-Cinep. Con apoyo de Colciencias. Colección Odecofi. Ediciones Antropos Ltda. Primera edición ISBN: 978-958-644-154-4, Diciembre de 2011, Bogotá DC.
2 Rafael Pardo participó en el 60º Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, realizado en Viena (Austria), donde fue el orador principal en el evento: ‘El posconflicto en Colombia y las estrategias para abordar los cultivos ilícitos’.
3 Fundación Paz y Reconciliación. www.pares.com.co/wp-content/uploads/2017/02/Estudios-de-Seguridad-Tumaco.pdf