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Censura popular avanzada

October 1, 2017

Antes que nada, recordemos el primer año de la victoria del NO en el Plebiscito. Esta columna cumple su primer aniversario agradeciendo a sus lectores y reafirmando la certeza y la transparencia de los argumentos que con razón justificaron el NO. Hay que perseverar para prevalecer.

 

Entrando en materia, el pasado 26 de septiembre una carta de la ex-ministra Martha Lucía Ramírez a los directores de medios de comunicación denunció algunos contenidos de un borrador de proyecto de Ley Estatutaria que incluye la expropiación de licencias, frecuencias y equipos de comunicaciones, además de querer instaurar censura previa e indirecta, dizque como desarrollo del numeral 2.2.1 del Acuerdo entre el Gobierno y Farc.

 

La denuncia recibió respuesta por parte del CINEP/Programa por la Paz, el Foro Nacional por Colombia y la Corporación Viva la Ciudadanía(1), exigiéndole retractarse y afirmando que jamás respaldarían “una iniciativa que atentara contra los derechos fundamentales” al estimar que “Sería una contradicción pensar en la restricción a la libertad de expresión, la censura o la expropiación de medios en una ley de participación”, reivindicando que tanto los medios como la sociedad colombiana debemos reconocer “el sentido profundo” (sic) tanto del punto 2 del Acuerdo, como del proyecto.

 

Añade la respuesta que dicho proyecto es “una iniciativa autónoma de la Comisión de Diálogo” y que su redacción “es responsabilidad del Gobierno nacional”. A la par, el ministro Rivera salió raudo a decir que “no podría hablarse de una versión oficial que pueda estarse discutiendo” porque aún no se ha presentado al Congreso y en entrevistas en radio y televisión, pareció negó conocer los pormenores de la denuncia y del proyecto.

 

Sin embargo y en contravía de lo afirmado por las tres ONGs y por el ministro, el Semanario VOZ el 27 de agosto publicó que dichas organizaciones ya habían solicitado tanto al Congreso y al Gobierno tramitar vía fast-track dicho proyecto(2), lo que indica que sí era de su conocimiento.

 

La verdad sea dicha, la ex-ministra solo debería retractarse profundizando el alcance de su denuncia.

 

En efecto, el documento de 65 páginas denominado “Documento de Lineamientos para una ley estatutaria de garantías para la participación de organizaciones y movimientos sociales y para la movilización y la protesta social”(3) formulado “a partir de la revisión, complementación y ajuste del documento de insumos elaborado por el Centro de Investigaciones y Educación Popular (CINEP), la Corporación Viva la Ciudadanía y la Fundación Foro Nacional por Colombia” y aprobado por la Comisión Nacional de Diálogo el 21 de abril de 2017, es producto de “seis foros regionales y un foro nacional que contaron con la participación de 2.209 líderes y lideresas de los 32 departamentos del país pertenecientes a 25 sectores y poblaciones”, foros realizados sin cumplir lo acordado en la Mesa de La Habana conforme el Comunicado No. 80 del 5 de julio de 2016(4), donde se especifica que dichos foros debían garantizar “una representación equilibrada y pluralista”. Ello nunca sucedió: cualquier participación disonante o crítica fue excluida.

 

Entre muchas otras perlas del documento, el punto “4.2.3. Acceso preferencial y gratuito a la información pública” busca establecer la censura previa. Cito: “(...) los medios de comunicación cuando se refieran a organizaciones y movimientos sociales tendrán una obligación especial de estudiar, analizar y contrastar la información que se refiera a estas antes de difundirse”.

 

Allí igualmente se propone la censura indirecta: los medios “Estarán obligados, de manera especial, a consultar como fuente a las organizaciones y movimientos sociales y a sus líderes y lideresas cuando pretendan informar asuntos que los conciernen directamente. Las violaciones a lo establecido conlleva a sanciones”.

Así mismo pretende la siguiente forma de expropiación: “Se debe establecer así mismo un procedimiento de reasignación progresiva del espectro electromagnético (radio y televisión) otorgado a medios institucionales, públicos y privados, en favor de los medios comunitarios en todos los entes territoriales hasta completar el 33,3% de las frecuencias y potencias, en el nivel municipal, distrital, zona rural, departamental, nacional y zonas afectadas por el conflicto armado interno”.

 

Como si fuera poco, quieren acabar con el sistema de Emisoras del Ejército con un argumento inexplicable e intolerable: “A partir de los 6 meses de la expedición de la presente ley, se procederá a la reasignación, y reubicación de licencias, frecuencias y equipamiento de emisoras otorgadas a la fuerza pública, en favor de las comunidades, como medida de no repetición”. (¿?)

 

Todo o anterior demuestra que esas organizaciones sociales y ONGs, en consenso con el propio gobierno, se empeñan en eliminar cualquier oposición a los intereses de las Farc y sus aliados. Cueste lo que cueste, les toque decir lo que les toque decir y a la brava. Así sea ilegal.

 

Es necesario enterarlos que las libertades fundamentales y los principios democráticos republicanos no se negocian ni aquí, ni en La Habana y no van a ser arrasados por la seudo-democracia “popular avanzada”.

 

Las instituciones y los principios serán defendidos en las urnas y también fuera de ellas, empezando por la libre información a que tiene derecho todo ciudadano. Así manden la Gestapo o nos gradúen de “enemigos de La Paz”.

 

Ñapa 1: Arrancó muy mal la JEP: la escogencia es 90 por ciento sesgada, pretenden meter cosas adicionales a las acordadas y el tal decreto del afán es inconstitucional. Y a los 295 colados se suman otros 500 que “están mirando”.

 

Ñapa 2: El Espectador, Gómez Méndez en El Tiempo y Juan Restrepo en Kienyke preguntan si alguien tiene interés en averiguar dónde fueron a parar los 4.276 millones de pesos pagados por la Fiscalía de Montealegre a Natalia Springer, o como quiera que se llame la ahora desaparecida experta. ¿Habrá quien le meta mano a esa indagación? Follow the money...

 

 

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[1] Disponible en línea en: http://viva.org.co/2-uncategorised/561-comunicado-de-prensa-y-a-la-opinion-publica

[2] Véase Voz Digital: “¿Conejo a la participación ciudadana?”, disponible en línea en: http://semanariovoz.com/conejo-la-participacion-ciudadana/

[3] Descargable en línea en la siguiente dirección: https://drive.google.com/file/d/0B3H026kXt56neDI0MDdOY1N1OUk/view?usp=sharing

[4] Véase el Comunicado No. 80, disponible en línea en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/documentos-y-comunicados-conjuntos/Paginas/Comunicado-No-80-5-de-julio-2016.aspx

 

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