Una democracia imperfecta siempre genera acciones imperfectas, maleables, acomodables, dependiendo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar… Como en la era del ‘depende’. Es decir, en la era –no superada– cuando a cada acción le anteponían el ‘depende de…’, el ‘sí, pero…’ o el ‘no, pero según se den las cosas…’
En fin. Un mundo perfecto sólo para quienes necesitan más reacomodaciones que la madre tierra que por estos días se manifiesta con fuerza. Y esa es la democracia colombiana. Catapultada por buenas intenciones, pero corrompida en su desarrollo. Ejemplos son los derechos de tutela y acciones populares o los mecanismos de participación ciudadana para acceder a cargos de elección popular mediante la inscripción por firmas cuando no se represente un partido o movimiento político. Sin lugar a dudas se trata de figuras jurídicas de importancia para consolidar los derechos ciudadanos que, en la práctica, han sido manipuladas en exceso.
El desarrollo de las mismas ha demostrado que “quien hace la ley, hace la trampa”, según la “voz del pueblo –que dicen– es la voz de Dios”.
Las tutelas impetradas y los fallos que las acogen para obligar el respeto de un derecho fundamental son subvaloradas y desobedecidas. O si no que lo digan los miles de pacientes que esperan por meses el cumplimiento de las sentencias que protegen el derecho a la salud. Las excusas –si es que se dignan en presentarlas– “dependen de que la junta médica valore…”, o “depende de que haya los medicamentos requeridos…”.
O las tutelas que han impetrado para conminar a las empresas de pensiones a cumplir con la obligación de reconocer a usuarios los beneficios obtenidos por haber ahorrado o cotizado durante 1.300 semanas. Siempre habrá excusas para no cumplir el tenor de la ley o el mandato de una sentencia. Es que “depende de si está normalizada la historia laboral” o “depende de que aporte los documentos otra vez…”.
Todo depende… Depende de quién presta el servicio, de quien atiende, de quien lo va a recibir, de “si…” o de “quizás…” Porque tanto ayer como hoy, “hecha la ley, hecha la trampa”.
Y, ‘este ingenio popular’ o la ‘malicia indígena’ que caracteriza al pueblo colombiano ha servido para ‘aprovecharse’ del emblemático sistema para aspirar a cargo de elección popular: el aval por firmas. Que, de acuerdo con la democracia, debía ser la excepción y no la constante. Inscribirse por firmas era una garantía legal (Ley –estatutaria– No. 1475 de 2011), en la que se otorgaba el derecho a “un grupo significativo de ciudadanos” para que mediante firmas avalara la aspiración de un candidato que no pertenecía a ningún partido o movimiento político.
Sin lugar a dudas, la figura consagra una excepción a la regla de recibir aval de partidos o movimientos políticos. La ley pretendía fortalecer los partidos, razón por la cual se prohibió la ‘venta o cesión de pases’ de un partido político a otro. Sí, porque los partidos o movimientos políticos no son equipos de fútbol o de cualquier otro deporte en los que es permitido avanzar profesionalmente cambiándose de camiseta.
Se supone –eso creía yo– que quien milita en un partido político lo hace por convicción con las ideas y programas que ese partido defiende. Pero ahora, permanecer o no amparado por la bandera de una colectividad depende de quién lo dirige, de quien lo representa o de quién aspira a cargo. Simple y llanamente reacomodan las ideas y principios según las ambiciones o intereses personales, en detrimento de la figura democrática (no suficientemente reglamentada) de los derechos de los ‘grupos significativos de ciudadanos’. Por cierto, en la práctica son tres quienes integran el significativo grupo que se encarga de coordinar la ‘recolección’ de firmas.
El abuso de la garantía de participación en política ha llevado a que –hasta el momento– 26 candidatos y candidatas aspiren a ser inscritos por ‘grupos significativos de ciudadanos’. Entre esos 26 ‘idealistas’ se encuentran varios reconocidos exponentes de los partidos que han representado y se han beneficiado del ejercicio del poder público.
El artículo dos de la citada ley establece la prohibición de doble militancia. En su inciso dos, regula: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones”.
Y ahí, “hecha la ley, hecha la trampa”. Porque es clara la ley. ¡Ni siquiera se puede apoyar a una persona de otro partido! Pero, hemos visto publicitadas manifestaciones de apoyo a determinados candidatos por parte de honorables senadores militantes de otros partidos.
Porque… depende del momento, de las circunstancias, de los intereses, de la moda… Espero que en el futuro cercano, alguna persona estudie y pondere la ética de quienes ejercen el poder.
Pero, esa no es la única preocupación con este carnaval de aspiraciones.
Imagínense a 26 aspirantes a ser avalados por firmas. Cada uno pretende reunir, al menos, un millón de firmas. Porque quien no logre conseguir un buen número de firmas de hombres y mujeres con derecho a votar habrá perdido sin haber jugado.
De acuerdo con la Ley 996 de 205, los ‘grupos significativos de ciudadanos’ deberán reunir un número de firmas válidas equivalentes al tres por ciento del total de los votos válidos obtenidos en la pasada elección presidencial. En 2014 los votos válidos fueron 12 millones 844 mil 949, por lo que cada ‘grupo significativo’ deberá conseguir 386 mil firmas durante la elección presidencial de 2018.
Lo cierto es que, si al menos cada uno de esos ‘grupos significativos’ consigue que 386 mil personas (que es lo mínimo exigido) firmen sus listas y que las mismas sean reconocidas como válidas, los 26 ‘grupos’ habrán recogido 10 millones 36 mil firmas. Pero, como la aspiración es lograr un millón de firmas por cada uno, en caso de conseguir tal objetivo tendríamos 26 millones de firmas avalando a 21 hombres y cinco mujeres aspirantes a la Presidencia. ¡Me da risa el sólo pensarlo! Imagino que muchas personas hasta podrían firmar dos o tres listas promocionadas por diferentes ‘grupos significativos de ciudadanos’. Porque en estos tiempos todo ‘depende’ de quedar bien con los demás. Sobre todo con quien mañana podría ejercer la alta magistratura del Estado.
PD: Además, ellos y ellas en campaña, aun cuando oficialmente el período de campañas no ha iniciado. En fin, es que “todo depende del color del cristal con que se mire”.