El 14 de agosto y la semana previa fue muy particular. Madrugamos viendo en las noticias que los campesinos de Mochuelo, junto con comunidades de Usme y Ciudad Bolívar iniciaron un movimiento de protesta para quejarse por el abandono de la administración distrital. Cansados de malos olores, insalubridad y abandono social el efecto es previsible, gente molesta protestando.
Paralelamente en los hospitales públicos de Bogotá, plantones de médicos, pacientes y trabajadores, elevaban sus voces para rechazar el modelo de subredes de salud que impuso el Alcalde Mayor, pues es insuficiente para una ciudad como Bogotá. Para darnos una idea, en Barranquilla (ciudad de casi dos millones de habitantes) y Buenos Aires (con algo más de tres millones), tienen cuatro subredes para atender a toda su población. Según PeñaLosa, Bogotá con casi nueve millones de habitantes, debe tener solamente las mismas cuatro redes. La semana pasada, concejales de todos los colores, incluso los del Centro Democrático, apretaron al Secretario de Salud y lo amenazaron con una moción de censura. Obviamente, la consecuencia es clara: la gente reventada reclamando.
Mientras esto sucedía, a pocas cuadras del Palacio Liévano (sede de la Alcaldía) varios Representantes a la Cámara se reunían con los ediles de la Candelaria para buscar ‘salidas’ a la incontenible crisis de seguridad de la localidad. Aunque alguno de ellos, parte de la coalición de gobierno distrital (Partido de La U y CD) intentaron soslayar el tema pidiendo paciencia. Todos estaban de acuerdo en la “evidente crisis” y en la necesidad de que el gobierno distrital reaccione y genere respuestas a la inseguridad imperante. En otras palabras, se necesita que Peñalosa asuma el tema de seguridad, que gobierne.
Como parte de una novela, el Partido Cambio Radical enviaba un mensaje claro a la Administración a través de la renuncia de la Secretaria de Habitad y el llamado a cuentas, a través de una investigación por detrimento patrimonial (http://lasillavacia.com/historia/vargas-lleras-le-cobra-el-aval-penalosa-62102) adelantada por el Contralor Distrital (fiel militante de la causa Vargasllerista, igual que la ex secretaria de Habitad).
Previo a ello, la semana pasada, gente por oleadas bloqueaban las estaciones de Transmilenio pidiendo un mejor servicio, mientras los taxistas hacían retenes móviles para ‘cazar’ y ‘dañar’ carros de Uber. La ciudad observa estupefacta, la Administración calla esperando que los políticos amigos ayuden en medio del chaparrón. Todos guardan silencio. Es muy difícil defender al burgomaestre en medio de tanto desorden y desgobierno.
Y para mejor quedar, la Fundación Azul Bogotá, organización expresamente creada para defender la gestión del Alcalde Mayor, sufrió un gran golpe pues a su director –Andrés Villamizar Pachón– le elevaron pliego de cargos en la Procuraduría por contratar esquemas de seguridad sin contratos y sin ningún respaldo presupuestal mientras estuvo como director de la Unidad Nacional de Protección. (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/procuraduria-formulo-cargos-en-contra-de-andres-villamizar-exdirector-de-la-unp-articulo-705264 )
En el marco de esta bomba de tiempo, el alcalde Mayor don Enrique Peñalosa Londoño sale a los medios de comunicación a proponer en la práctica “la nacionalización de los venezolanos, como si así garantizara la solución de los problemas del Distrito, que también terminan afectando a los hermanos venezolanos que sufren su estadía en la capital.
Lo más complicado es que en Venezuela como en Colombia ya es un secreto a voces que Enrique PeñaLosa no es garantía de nada. Mientras tanto, pasa el tiempo, tic, tac, tic, tac…