Con el fin de coordinar las estrategias para fortalecer la Ruta de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos (DD.HH.) en el Atlántico, se realizó una reunión con los miembros de la Mesa Territorial de Garantías para unificar criterios y tener claridad de cuáles son los pasos a seguir para las personas amenazadas.
Esta estrategia nacional diseñada por la Defensoría del Pueblo busca proteger a los defensores de Derechos Humanos en el Atlántico mediante la constitución de tres subgrupos que se encargarán de la investigación, prevención y protección de los funcionarios.
El coordinador de Derechos Humanos de la Gobernación del Atlántico, Elvis Fuenmayor, indicó que esta ruta hace parte de un trabajo coordinado y articulado entre la Gobernación y otras instituciones del Estado. "Con la Mesa Territorial de Garantías queremos cambiar el clima de impunidad porque es fundamental que la sociedad civil cuente con la solidaridad y el firme apoyo de esta Ruta de Protección”, indicó el funcionario.
Entre las medidas de protección adoptadas para los defensores de los Derechos Humanos está la ejecución de un plan de acción conjunto con las organizaciones sociales, elaborar un mapa de riesgo de las personas amenazadas, analizar las alertas que fueron activadas por cada institución con el propósito de unificar los procedimientos, además de la realización de talleres a los miembros de la Mesa Territorial en temas de convivencia y seguridad ciudadana.
Ya en los 21 municipios del Atlántico se instalaron los comités de Derechos Humanos para coordinar acciones y evaluar las políticas públicas con enfoque diferencial que garanticen el respeto y la dignidad humana para la comunidad.
RUTA DE PROTECCIÓN
Fuenmayor explicó que el primer paso para activar la Ruta de Protección es que la persona amenazada haga la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra persona indeterminada. Esta denuncia, posteriormente, llega a la Defensoría del Pueblo y luego esta última entidad se la da a conocer a la Gobernación del Atlántico.
Cuando el amenazado reside en el Distrito de Barranquilla debe presentar su denuncia ante la Policía Metropolitana (MEBAR), de igual manera, para los habitantes de los municipios del Área Metropolitana: Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa.
Si la persona reside en los 18 municipios que no hacen parte del Área Metropolitana, la Administración Departamental, desde la Secretaría del Interior, activa la Ruta de Protección y envía la respectiva denuncia y el requerimiento de la Defensoría del Pueblo a la Policía Departamental (DEATA).
Las instituciones, que hacen parte de la Mesa Territorial de Garantías, son la Gobernación del Atlántico, Defensoría del Pueblo, Alcaldía Distrital, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, ONU, la Unidad Nacional de Protección (UNP), Ejército Nacional, Policía Nacional y Defensores de Derechos Humanos.
El defensor regional del Pueblo, Milton Gómez, manifestó que continúa el uso de amenazas masivas por medio de panfletos a defensores y defensoras de DD.HH. “Desde la Mesa Territorial estaremos atentos y vigilantes ante cualquier denuncia hecha por los defensores para hacerle el respectivo seguimiento a través de esta ruta cumpliremos para recuperar la confianza en la institucionalidad”, anotó el funcionario.