La Corte Constitucional pide respetar los derechos fundamentales de la población recluida en centros de retención localizados en Bogotá, y ordena el traslado de personas hacia otros sitios con el fin de evitar el hacinamiento.
La exigencia de la Corte está relacionada con el estado de la infraestructura física, insalubridad, falta de atención en salud y deficiencias en la alimentación, entre otros factores.
La Corte Constitucional le ordenó a la Policía Metropolitana de Bogotá que dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la sentencia suspendiera el uso de remolques, carpas, buses, parques y plazas públicas como sitios de detención preventiva.
Durante los dos días siguientes a la notificación, será responsabilidad del INPEC incluir en los registros del Sistema Penitenciario a todas las personas con más de 36 horas de retención preventiva, y ordenó al propio INPEC, a la Policía y a la Alcaldía Mayor de Bogotá hacer efectivo el traslado de la población que se encuentra en las URIS durante los ocho días posteriores a la notificación de la providencia.
La decisión fue adoptada después de que los magistrados escucharan los argumentos expuestos por la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, de la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría vigilará que lo expuesto en la sentencia T151 se cumpla. En las URIS se encuentran hacinados los presuntos responsables en la capital del país.